Una denuncia conjunta señala a diferentes municipios de España con “apellidos” vinculados a la etapa franquista. Quintanilla de Onésimo es uno de ellos. Ubicado en la ‘milla de oro’ de la Ribera del Duero, cuenta con catorce bodegas afectadas y el respaldo de todas las fuerzas políticas del pueblo contrarias a que su nombre resulte afectado.

Coincidiendo con el 143 aniversario de la Primera República, el abogado Eduardo Ranz presentó una denuncia conjunta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitando la redefinición de once municipios que todavía acuñan el nombre del Caudillo o de generales franquistas. El argumento del letrado está basado en que dichas menciones vulneran el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones Públicas a adoptar todas las medidas necesarias para retirar escudos, insignias, placas o cualquier mención que exalte la sublevación militar o la Guerra Civil y el periodo político posterior.

La medida eliminaría el apellido a un pequeño pueblo de Valladolid, Quintanilla de Onésimo, situado en un enclave estratégico de la Ribera del Duero. A apenas 35 kilómetros de la capital vallisoletana, está considerada como la ‘milla de oro’ del vino de Ribera ya que en su entorno acoge hasta catorce bodegas de las más emblemáticas y conocidas de esta Denominación de Origen. Con un interesante atractivo patrimonial y muy ligada por su potencial al turismo enológico, el pueblo adquirió relevancia mediática al ser el lugar elegido por José María Aznar para disfrutar de sus vacaciones familiares en su etapa como presidente de la Junta de Castilla y León. Cuando dejó esta responsabilidad para dedicarse por completo al Partido Popular como líder de la oposición antes de su salto al Gobierno, también eran regulares sus visitas y sus famosas partidas de dominó. Esa costumbre convirtió a Quintanilla de Onésimo en el punto de inicio del curso político en la Comunidad.

Ahora, su nombre está amenazado, al igual que el alcalde Raúl Piquero (PP), sobre quien se dirige la denuncia de Eduardo Ranz, por un delito de incitación al odio, según tiene previsto el artículo 510 del Código Penal. “No existe mayor exaltación de la Guerra Civil y la dictadura que mantener el nombre de los máximos exponentes del conflicto en el apellido del pueblo”, asegura el letrado quien solicitará a la FEMP la “redefinición inmediata” de los entes locales denunciados e incluso pide a las diputaciones provinciales que retire las subvenciones a los pueblos denunciados.

Rechazo frontal en Quintanilla

En Quintanilla de Onésimo gobierna el Partido Popular como fuerza más votada aunque el Pleno Municipal está repartido con tres concejales para cada formación: PP; Ciudadanos y PSOE. “Gobernamos con acuerdos puntuales para cada tema determinado, pero le aseguro que en este concreto del nombre hay unanimidad absoluta de estar en contra”, asegura Raúl Piquero quien ya ha recibido la denuncia en firme. “Nos estamos asesorando para ver cómo procedemos e imagino que tendremos que convocar un Pleno Extraordinario”, señala sin esconder su contrariedad por este tema que los vecinos de Quintanilla no asocian “para nada” a ningún vínculo franquista. “Aquí nadie asimila el nombre de Onésimo a una simbología o etapa política determinada, sino a un vecino cuyo nombre está asociado al del pueblo. Nadie entiende que haya razones para ello pero si la denuncia sigue adelante tendremos que consultarlo bien”, añade el alcalde.

Otro matiz importante de este posible cambio afecta al principal motor económico de Quintanilla de Onésimo: el vino y todo el negocio alrededor de las bodegas, algunas con evidente peso en el mercado y en la contraetiqueta de la Denominación de Origen Ribera del Duero. “Por ejemplo, Arzuaga no solo tiene su bodega aquí, sino también un hotel con spa. Imagínese el problema que se genera para este negocio o similares todo el cambio en sus etiquetados, cajas y demás”, recuerda resignado. “A nadie le gusta estar denunciado. Si nos obligan, convocaremos un Pleno Extraordinario y ya veremos”, suspira el alcalde de Quintanilla de Onésimo.

La denuncia afecta, además de a este municipio vallisoletano, a las localidades de Águeda del Caudillo (Salamanca), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo (Badajoz), Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Bembézar del Caudillo (Córdoba) y Queipo de Llano (Sevilla).

Los señalados en esas denuncias, además del primer edil de Quintanilla de Onésimo, son los alcaldes de Águeda del Caudillo, Germán Florindo (antes con el Gobierno del PP y ahora en el PSOE; Alberche del Caudillo, Ana Rivelles (PSOE), Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo (PP), Llanos del Caudillo, Andrés Arroyo (PP), Villafranco del Guadiana, Juan Sánchez (PP), Alcocero de Mola, Jesús María Estefanía (PP) y San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira Martín (PP).