La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado el balance de su actividad sancionadora de prácticas anticompetitivas en 2015. El pasado fue un año récord, con un total de 549 millones de euros en multas impuestas, la inmensa mayoría de ellas a empresas que conformaron cárteles para fijar precios y repartirse el mercado.

El superregulador ha cerrado un año muy activo en Competencia. Ha conseguido desarticular 14 cárteles, para cuyos integrantes ha establecido multas de 506 millones de euros.

La mayor de las sanciones impuestas, con 131 millones, ha sido la de los fabricantes de automóviles, que intercambiaban información sobre precios para perjudicar a los consumidores. A cierta distancia se ha colocado la multa de 98 millones a 43 empresas de gestión de residuos que se repartieron el mercado, que normalmente funciona por licitaciones públicas.

En tercer lugar se quedaron las 9 industrias lácteas y las 2 asociaciones regionales que mantuvieron acuerdos restrictivos de la competencia a la hora de comprar leche a pequeñas explotaciones, lo que les valió un correctivo de 88 millones.

También destacan el cártel de cartón y papel ondulado (58 millones), los combustibles (32 millones) y las construcciones modulares para colegios temporales (18 millones).

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha defendido el papel del macroorganismo, ya que los cárteles son una práctica “muy nociva” para los consumidores.

En 2015 se produjeron 10 inspecciones ‘in situ’ para investigar a 35 empresas

Las inspecciones domiciliarias son la principal herramienta de la CNMC para recabar pruebas, ha explicado el director de Competencia del superregulador, Eduardo Prieto, quien ha resaltado que la lucha contra los cárteles “no es una tarea fácil”. En 2015 se produjeron 10 inspecciones in situ para investigar a 35 empresas, unas tareas en las que participaron 170 funcionarios.

En los últimos años se han disuelto 60 cárteles gracias a la actividad de la CNMC, de acuerdo con los datos del organismo.

Pero no todo es persecución. El año pasado se notificaron al árbitro 93 operaciones de concentración, un 10% más que en 2014, lo que indica una cierta recuperación económica. Prieto ha precisado que el 86% de estos movimientos se aprueban en primera fase, mientras que el resto requiere ciertas condiciones.

Desencuentros judiciales

Los responsables de la CNMC no han evitado referirse a los problemas judiciales con los que se está encontrando el organismo, dado que las empresas condenadas tienden a recurrir las multas de Competencia ante la Audiencia Nacional, que en muchos casos falla a favor de las compañías infractoras.

Prieto ha matizado que sólo tienen datos hasta 2005, dado que los procesos se dilatan muchos años en el tiempo. En este sentido, ha rebajado el impacto negativo y ha afirmado que el 80% de las sanciones hasta el año 2005 “se han cobrado y se han mantenido”, esto es, las instancias judiciales han dado la razón a la CNMC y no han rebajado las multas más que en el 20% de las causas abiertas hasta el año 2005.

Asimismo, el responsable de Competencia se ha mostrado cauto acerca del alcance de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena al superregulador a revisar los importes de las sanciones. “Que haya que recalcularlas no significa que sean más bajas”, ha indicado.

En lo que respecta al problema de plazos y caducidad de los expedientes, una circunstancia que podría tumbar la gran mayoría de sanciones recurridas ante la Audiencia Nacional como publicó SABEMOS, Prieto ha lamentado que España sea el único país europeo en el que existe un límite temporal para resolver los expedientes incoados por Competencia, al tiempo que ha criticado que “casos importantes sean anulados en su totalidad por una cuestión de plazos”.