Montar en poni es maltrato animal según una nueva ley aprobada por el Gobierno de Baleares. A partir de ahí, la reflexión es la siguiente: Si un niño monta en un poni o ha montado alguna vez… ¿Es un maltratador? ¿Estamos ante el nacimiento de un futuro psicópata? ¿Debe ir a un centro de menores o en si ya es un adulto, hacer algún tipo de terapia?

Sin duda alguna, la norma nos recuerda a esas absurdas leyes no abolidas por olvido que penan con azotes en el estado de Maine si uno lleva sombrero un año bisiesto.

Todo parecería muy divertido si la carnavalada no fuese a más. En la televisión autonómica de Baleares, IB3, están a punto de retirar un programa que cuenta la historia de las gentes del mar (y así se llama).

El reportero acude a ver un pescador que relata las tradiciones de una zona de las islas y echa la caña mientras muestra la naturaleza y enseñar cultura popular. Si ha pescado unos raons, los cocina delante de las cámaras y se los come con el equipo. Esos pescadores veteranos, que se han curtido en el mar y que son historia viva de una región, serán ahora censurados ya que su conducta propicia el maltrato. La obsesión no se ha quedado en prohibir los toros en toda la comunidad autónoma, si no que la paranoia de deteccion de “salvajes” no deja títere con cabeza.

Algunos de esos políticos, en especial una destacada lideresa del Govern, debería sonrojarse por la caza de brujas a la que sometió a un empleado del parque acuático Marineland que terminó suicidándose por el hostigamiento que recibió en las redes sociales. Especialmente por parte de esta profesional de la política que en cuanto supo el deceso, borró todos sus comentarios y no dejó pista de los insultos que le dedicó. El monitor de delfines, pionero en las actividades de niños discapacitados y los mamíferos acuáticos y un instructor absolutamente vocacional, fue duramente cuestionado. Alguien filtró en los medios un video donde aparecía según algunos pegando en el morro a un delfín. No era una agresión si no una señal, me contaron algunos expertos. Además, el sonido (que un perito determinó que había sido falseado) de la grabación ofrecía una voz que insultaba al animalito.

Antes de investigar la veracidad de la secuencia y de estudiar quién podía haber ideado el montaje, los “rescatadores” subvencionados por los contribuyentes se lanzaron cual jauría contra el adiestrador. La vejación fue tan cruel y aplastante, y también las consecuencias, que le empujó a quitarse la vida. La familia del fallecido no emprendió medidas legales. Está claro que en la defensa animal de estos cazatitulares de opereta son capaces de terminar con la reputación, el pan o la dignidad de muchas personas. Y que difícilmente estas historias se cuentan hasta el final y llegan a toda España para que algún contrapoder pueda valorar tamaña tropelía.