Un día después de que todos los grupos parlamentarios, con la única excepción del PP, reclamaran paralizar el expediente para la reactivación de Garoña, el pleno del CSN da nuevos pasos para hacer posible reabrir la central y aprueba modificaciones técnicas que lo facilitan.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ignora las críticas de la oposición al completo y avanza en el proceso para hacer posible la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Tras verse obligado a aplazar hace dos semanas la votación por la fractura en el seno del organismo, el pleno del CSN ha aprobado informar favorablemente acerca de varias modificaciones técnicas encaminadas a la reactivación de la central más vieja de España.

En concreto, el pleno ha aprobado cuatro modificaciones técnicas por mayoría (previsiblemente con el voto en contra de la exministra socialista Cristina Narbona, como en anteriores ocasiones) y otra modificación más, sobre la operación de un almacén de material usado, por unanimidad, según ha anunciado el propio organismo en un comunicado.

“Todas estas actuaciones estaban previstas en la guía de evaluación preparada por el cuerpo técnico para la evaluación y emisión del informe solicitado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, explica el CSN. Y en el comunicado se incluye un recado ante las críticas por las prisas del organismo por facilitar la reapertura de la planta:  “Está previsto que la remisión de dicho informe al Minetur se produzca durante el segundo semestre del presente año”.

La central nuclear de Santa María de Garoña. FOTO: Nuclenor.

El nuevo paso del CSN en el expediente para la reapertura de Garoña -solicitada por Nuclenor, la empresa propietaria controlada por Iberdrola y Endesa- llega después de que ayer mismo todos los grupos parlamentarios, con la única excepción del PP, solicitaran al pleno del organismo que aplazara nuevos avances en el expediente hasta la constitución de un nuevo Gobierno, tratando de evitar la posibilidad de que un Ejecutivo en funciones como el actual pudiera adoptar una medida tan de calado como la ampliación de la vida útil de Garoña hasta 2031, cuando cumpliría 60 años desde su construcción. Pero la reclamación del frente común de PSOE, Podemos, IU, ERC, Compromís, PNV, Democracia i Llibertat, Bildu y, finalmente, también Ciudadanos ha sido finalmente desoída.

En paralelo, todos los partidos que buscan el cierre definitivo de Garoña pretenden promover también acciones parlamentarias, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico. Y es que su objetivo pasa por reclamar con carácter inmediato la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del CSN, Fernando Marti, para dar cuenta de su gestión sobre Garoña. Y, en paralelo, todos los partidos promoverán la petición de comparecencia de Marti también en los parlamentos autonómicos de las regiones afectadas por la eventual reactivación de la planta: Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.

Entre la legión de detractores a la reactivación de la central nuclear más vieja de España se extiende el temor de que el visto bueno primero del CSN y eventualmente también del Gobierno serviría, por un lado, para que Endesa e Iberdrola puedan lanzar una batalla legal para reclamar una indemnización por lucro cesante en caso de orden de cierre posterior y, por otro, también para abrir la puerta para que el resto de centrales nucleares españolas se lancen a solicitar la ampliación de su vida útil hasta la sesentena. Endesa e Iberdrola decidieron unilateralmente cerrar Garoña en diciembre de 2012 en pleno órdago al Gobierno de Rajoy por las medidas contenidas en la reforma eléctrica. En mayo de 2014, tras varios cambios legislativos ad hoc promovidos por el Ejecutivo para hacerlo posible, Nuclenor presentó su solicitud de reactivación de la planta. Y en esa solicitud la compañía reclamaba la ampliación de la licencia por un periodo de 17 años, hasta 2031.

Se trataba pues de la primera vez que un operador nuclear pedía ampliar el funcionamiento de una central española más allá de 10 años, como era la práctica común desde los noventa, para acompasar las licencias a las revisiones periódicas de seguridad (RPS) que realiza el CSN también cada 10 años. Sin embargo, mientras la revisión técnica es obligatoria por ley cada decena de años, hacerla coincidir con la renovación de la licencia es un aspecto recogido en la guía de buenas prácticas del regulador, pero no es de obligado cumplimiento.