Greenpeace y Ecologistas en Acción reúnen en el Congreso a PSOE, Podemos, Compromís, ERC, Unidad Popular-Izquierda Unida y Bildu para paralizar la reactivación de la central mientras haya un Gobierno en funciones. Los grupos parlamentarios pactan exigir la comparecencia del presidente del CSN en el Congreso y en los parlamentos autonómicos de las cinco regiones afectadas. Ciudadanos también se ha sumado al acuerdo.

Cumbre en el Congreso de los Diputados contra la reapertura de la central de Garoña. A instancias de Greenpeace y Ecologistas en Acción, representantes de PSOE, Podemos, ERC, Compromís, Unidad Popular-Izquierda Unida y Bildu se reunieron ayer para encontrar vías para paralizar el proceso de reactivación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos)… al menos hasta que se haya conformado el nuevo Gobierno.

Ciudadanos, PNV y Democracia i Llibertat, que no estuvieron presentes en la reunión, han acabado sumándose también al acuerdo contra la reactivación de la central. Así que sólo ha quedado voluntariamente fuera del acuerdo Partido Popular.  Los partidoshan pactado la puesta en marcha de cuatro acciones políticas, tanto en el ámbito nacional como autonómico, para poner freno a la eventual reapertura de la central nuclear más vieja de España, según confirman fuentes parlamentarias y ya desveló ayer en exclusiva SABEMOS.

Cuatro acciones que pasan por el envío de una carta al pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exigiendo la paralización del expediente; la petición de comparecencia del presidente del CSN, Fernando Marti, en el Congreso de los Diputados, para que explique su gestión sobre esta materia; la petición de comparecencia de Marti también en los parlamentos autonómicos de las regiones potencialmente afectadas por la reapertura (Castilla y León, Navarra, Aragón, País Vasco y Cataluña); y la denuncia pública y permanente del “secuestro” del CSN ejecutado por parte del Gobierno del PP rompiendo el histórico equilibrio político en el pleno del organismo (el Ejecutivo ha blindado el poder del PP con tres de los cinco consejeros).

Las formaciones remitieron ayer mismo una carta al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, y al resto de integrantes del pleno del organismo en la que recuerdan que una mayoría parlamentaria tras el 20-D está en contra de la reapertura de Garoña y le exigen que paralice el procedimiento de renovación de licencia mientras siga habiendo un Gobierno en funciones.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pretende analizar hoy mismo modificaciones técnicas que impulsarían el proceso de reapertura de la planta. El pleno del organismo volverá a estudiar este asunto después de que hace dos semanas se aplazara la votación por la división existente en el órgano. Si el CSN aprueba un informe favorable a la reapertura, el Gobierno en funciones podría dar luz verde la concesión de una nueva licencia de explotación de la planta hasta 2031, cuando la central cumpla los 60 años desde su construcción.

“Debe visualizarse que la mayoría de grupos parlamentarios están en contra de reabrir Garoña y el Gobierno en funciones no puede tomar estas decisiones sin tener los controles oportunos”, ha apuntado Pilar Lucio, diputada y secretaria de Sostenibilidad y Cambio Climático del PSOE. “A un Gobierno en funciones no le corresponde una decisión tan importante como la reapertura de Garoña. Ahora mismo hay una mayoría absoluta de diputados que apoyan el cierre definitivo de la central”, ha subrayado Juantxo López de Uralde, diputado de Podemos y coportavoz de Equo, antes de la reunión. “Instamos al CSN que no siga abordando la cuestión de la reapertura de Garoña hatsa que deje de haber un Gobierno en funciones. El CSN no puede condicionar con un informe favorable ni la reapertura de la planta ni los costes económicos posteriores”, ha indicado.

Y es que desde Podemos y PSOE, así como desde Greenpeace y Ecologistas en Acción, se advierte desde hace tiempo que la eventual concesión de una nueva licencia a Nuclenor, la sociedad propietaria de Garoña y participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, le abriría la puerta a lanzar una batalla legal para reclamar una compensación por lucro cesante en caso de que un Gobierno posterior decida el cierre de la planta. En la carta remitida ayer por los nueve partidos políticos al CSN se reclama que se espere “unos meses” antes de que el CSN dé un eventual visto bueno a la reactivación por los “graves problemas” que generaría al erario público afrontar la indemnización en caso de que el siguiente Ejecutivo decidiera mantener el cese de explotación actual de la central.

Batalla parlamentaria

En paralelo, todos los partidos que buscan el cierre definitivo de Garoña pretenden promover también acciones parlamentarias, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico. Y es que su objetivo pasa por acelerar la constitución de la Comisión de Industria del Congreso para reclamar con carácter inmediato la comparecencia del presidente del CSN para dar cuenta de su gestión sobre Garoña. Y, en paralelo, todos los partidos promoverán la petición de comparecencia de Marti también en los parlamentos autonómicos de las regiones afectadas por la eventual reactivación de la planta: Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.

Entre la legión de detractores a la reactivación de la central nuclear más vieja de España se extiende el temor de que el visto bueno primero del CSN y eventualmente también del Gobierno serviría también para abrir la puerta para que el resto de centrales nucleares españolas se lancen a solicitar la ampliación de su vida útil hasta la sesentena. Endesa e Iberdrola decidieron unilateralmente cerrar Garoña en diciembre de 2012 en pleno órdago al Gobierno de Rajoy por las medidas contenidas en la reforma eléctrica. En mayo de 2014, tras varios cambios legislativos ad hoc promovidos por el Ejecutivo para hacerlo posible, Nuclenor presentó su solicitud de reactivación de la planta. Y en esa solicitud la compañía reclamaba la ampliación de la licencia por un periodo de 17 años, hasta 2031.

Se trataba pues de la primera vez que un operador nuclear pedía ampliar el funcionamiento de una central española más allá de 10 años, como era la práctica común desde los noventa, para acompasar las licencias a las revisiones periódicas de seguridad (RPS) que realiza el CSN también cada 10 años. Sin embargo, mientras la revisión técnica es obligatoria por ley cada decena de años, hacerla coincidir con la renovación de la licencia es un aspecto recogido en la guía de buenas prácticas del regulador, pero no es de obligado cumplimiento.