Podemos y PSOE se disputan la bandera antinuclear y ambos lanzan propuestas por separado para frenar la reactivación de la central de Garoña y para ir clausurando otras centrales en los próximos años (unos con más prisas que otros). Mientras, las grandes eléctricas reclaman ampliar la vida de las nucleares, con el aval relativamente explícito del PP.

La reapertura de la central de Santa María de Garoña, en Burgos, puede acabar siendo la puerta a otros escenarios de mayor calado y que condicionarían el modelo energético español. La empresa propietaria de la central, Nuclenor –participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa-, ha solicitado su reactivación hasta 2031, justo cuando la planta cumpliría 60 años desde su construcción.

Endesa e Iberdrola han pedido reabrir la central y mantenerla en funcionamiento hasta 2031, cuando cumple 60 años desde su construcción

Entre la legión de detractores a la reactivación de la central nuclear más vieja de España se extiende el temor de que el visto bueno primero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y eventualmente también del Gobierno serviría para abrir la puerta para que el resto de centrales nucleares españolas se lancen a solicitar la ampliación de su vida útil hasta la sesentena.

Endesa e Iberdrola decidieron unilateralmente cerrar Garoña en diciembre de 2012 en pleno órdago al Gobierno de Rajoy por las medidas contenidas en la reforma eléctrica. En mayo de 2014, tras varios cambios legislativos ad hoc promovidos por el Ejecutivo para hacerlo posible, Nuclenor presentó su solicitud de reactivación de la planta. Y en esa solicitud la compañía reclamaba la ampliación de la licencia por un periodo de 17 años, hasta 2031.

Se trataba pues de la primera vez que un operador nuclear pedía ampliar el funcionamiento de una central española más allá de 10 años, como era la práctica común desde los noventa, para acompasar las licencias a las revisiones periódicas de seguridad (RPS) que realiza el CSN también cada 10 años. Sin embargo, mientras la revisión técnica es obligatoria por ley cada decena de años, hacerla coincidir con la renovación de la licencia es un aspecto recogido en la guía de buenas prácticas del regulador, pero no es de obligado cumplimiento.

Garoña, ¿la puerta para el resto de centrales?

El Consejo de Seguridad Nuclear analiza actualmente la solicitud de renovación de licencia –con demasiadas prisas últimamente, según algunos críticos– y puede dar el visto bueno a la reapertura en los próximos meses. Y posteriormente el Ministerio de Industria, ahora mismo sólo en funciones, debería dar la aprobación definitiva a la renovación de la licencia y a la puesta en funcionamiento de la planta.

Si Garoña consigue la autorización para operar 60 años sentará un precedente y se abrirá la puerta a que el resto de centrales españolas lo soliciten también directamente. Ninguna central pediría ya la renovación de sus licencias de diez en diez años, todas lo harían por el tiempo que reste hasta alcanzar esos 60 años de vida”, anticipa a SABEMOS un experto vinculado al sector energético español contrario a la ampliación de la vida útil y que prefiere no ser identificado. “Hoy existe una batalla por el modelo energético y la primera llave la tiene el CSN. Si el CSN dice no a Nuclenor, cerrará la puerta a que el resto de centrales también pidan la ampliación por el plazo que les venga en gana. Pero si la abre… todos querrán entrar”, augura.

Fuentes vinculadas al CSN niegan que esa sucesión de futuribles pueda darse por segura a priori. E insisten, por el contrario, en que cada central deberá pasar por una evaluación individualizada en caso de que soliciten la renovación de su licencia de funcionamiento, y que a cada planta se les exigirán unos requisitos diferenciados. “Que Garoña reciba el sí para funcionar 60 años no implica necesariamente que lo obtuvieran el resto de centrales”, sentencia esta fuente.

Tradicionalmente, la vida de diseño de las centrales (el tiempo en que se espera que funcione según las especificaciones técnicas de su construcción) es de 40 años, aunque algunos países han ido ampliando ya la vida útil de las instalaciones (el tiempo que efectivamente transcurre entre la puesta en funcionamiento y su cierre) más allá de ese límite.

De ZP a Rajoy: más allá de los 40 años

En España, tradicionalmente se daba por hecho que las ocho centrales nucleares operativas (siete sin contar Garoña) cerrarían cuando cumplieran las cuatro décadas. Sin embargo, fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien abrió el melón al permitir funcionar a la propia central de Garoña hasta los 42 años. Y, sobre todo, fue ese último Ejecutivo socialista el que hizo legalmente posible que las nucleares puedan seguir funcionando más allá de ese límite de 40 años con la Ley de Economía Sostenible, aprobada en 2011 en los últimos estertores de la legislatura.

El último Gobierno de Zapatero ya abrió la puerta a que las centrales puedan funcionar más de 40 años. El Ejecutivo de Rajoy ha planteado por primera vez un plazo de 50

El Gobierno de Mariano Rajoy, ahora en funciones, fue en la pasada legislatura un paso más allá. Aunque de momento no se trata de un paso definitivo. El pasado septiembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, desveló que el borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) plantea la ampliación de la vida útil de las centrales hasta los 50 años.

El Ministerio de Industria tiene listo el nuevo PGRR para iniciar su tramitación y en él se establecen dos escenarios posibles para el futuro del sector nuclear en el país: uno con las centrales funcionando 40 años y otro que las lleva hasta el medio siglo. Se trataría así de la primera ocasión en que el Gobierno plantearía en un documento oficial la posibilidad de ampliar el funcionamiento de las centrales a un plazo concreto que se situaría más allá de los 40 años.

La ampliación de la vida útil de las centrales más allá de las cuatro décadas es una reclamación tradicional del sector eléctrico español. Y así lo recordaron las grandes eléctricas en plena campaña electoral. La patronal Unesa –que agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP- subrayó como “imprescindible” para el sistema eléctrico nacional que se mantengan activos todos los reactores actuales más allá de 2030. Lo que, en la práctica, implicaría superar la cota de las cuatro décadas de funcionamiento.

Garoña cumplió los 40 años de funcionamiento en 2011, pero ahora mismo no está operativa. El siguiente reactor en alcanzar los 40 años en operación será Almaraz I, en Cáceres, y lo hará en 2021. En 2023 llegarán a la cuarentena Almaraz II y Ascó I, en Tarragona, llegarán a la cuarentena. Cofrentes (Valencia), lo hará en 2024; Ascó II, en 2025; Vandellós II (Tarragona), en 2027; y la última en llegar al límite que quiere reinstaurar el PSOE sería Trillo (Guadalajara), en 2028.

Pugna PSOE-Podemos en precampaña, campaña y poscampaña

PSOE y Podemos coincidieron en hacer de la energía –y en concreto la nuclear- uno de los temas (co)protagonista de su campaña electoral. Y ya desde entonces, a pesar de la aparente sintonía en las posiciones de ambas formaciones, se diría que, en cambio, los dos partidos se disputan la bandera antinuclear de cara a la galería.

El programa electoral del PSOE incluía una propuesta para ir echando el cierre definitivo a todas las centrales cuando cumplan los 40 años. Un plan con el que España se quedaría sin ninguna central en funcionamiento en 2028, año en que la más moderna de las instalaciones hoy operativas –la central de Trillo- cumpla la cuarentena. Y, además, en el programa socialista se apostaba específicamente el cierre definitivo de Garoña con carácter inmediato.

Los diputados de Podemos Miguel Vila, Carolina Bescansa y Juantxo Uralde, ayer frente al CSN. FOTO: Chema Barroso.

Y Podemos demostró que tiene aún más prisa por clausurar el parque nuclear español y no pretende esperar a que las centrales cumplan 40 años, sino que propuso en plena campaña cerrar todas las plantas en el momento mismo en que expiren sus actuales licencias de explotación, al rechazar su renovación. España se quedaría así sin ninguna central operativa ya en 2024.

PSOE quiere que todas las centrales estén cerradas en 2028. Podemos tiene más prisa y marca el fin de la nuclear en España en 2024

Si la propuesta de Podemos se llevara a cabo, los cierres de centrales nucleares arrancarían en 2020 y concluirían cuatro años después. Las licencias de explotación de Almaraz I, Almaraz II y Vandellós II expiran ya en 2020; las de Cofrentes y Ascó I y II, en 2021; y por último el permiso de actividad de Trillo concluye en 2024. No obstante, el partido de Pablo Iglesias se mostraba abierto a  conceder alguna ampliación por “uno o dos años más” a algunas de las centrales -no por 10 años como es habitual- mientras se avanza en la ampliación del parque de renovables en España.

La carrera antinuclear entre socialistas y podemitas se ha mantenido una vez constituidas las nuevas Cortes tras el 20-D. Juantxo Uralde, diputado de Podemos por Álava y coportavoz de Equo, desveló que la formación ultimaba la presentación de una proposición no de ley reclamando el cierre definitivo de Garoña (amén de otra en defensa del autoconsumo eléctrico y contra el ‘impuesto al sol’). Pero el PSOE le ganó por la mano y registró en el Congreso sus propias proposiciones no de ley sobre estas dos mismas materias el 20 de enero, dos días antes de que lo pudiera hacer Podemos.

No sin nuevo Gobierno

Ayer mismo, diputados de Podemos entregaron en el registro del Consejo de Seguridad Nuclear sendas cartas para los cinco miembros del pleno del organismo en el que les reclamaban que paralizaran el expediente para la reapertura de Garoña hasta que esté constituido un nuevo Gobierno, que será el encargado de aprobar una eventual autorización definitiva de una nueva licencia a Nuclenor.

“Un Gobierno en funciones no puede decir la reapertura de una central nuclear gemela de la de Fukushima”, subrayó Carolina Bescansa, diputada y secretaria de Análisis de Podemos. “No es el momento político para tratar este tema tan delicado”. Y con el Gobierno en funciones, la formación morada reclama que el CSN espere a un nuevo Ejecutivo antes de dar el visto bueno a una eventual reactivación de la planta.

Socialistas y podemitas se disputan la bandera del ‘no’ a Garoña y presentan medidas por separado. Pero entre ambos partidos hay contactos sobre energía nuclear

Una petición que llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear pretendiera dar la pasada semana un empujón al proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. El pleno del centro –el órgano colegiado de cinco miembros que adopta todas las decisiones- tenía previsto analizar toda una serie de modificaciones de criterios técnicos aplicables a la planta en el marco del proceso para su reactivación.

Pero la división que existe en el seno del CSN aplazó la aprobación. Y es que las prisas que parece que existen en la cúpula del organismo –dada la acumulación de aspectos que se preveían aprobar ligados a Garoña- se toparon con la petición de alguno o algunos de los consejeros de aplazar la votación. Tras la desconvocatoria del pleno previsto para ayer, el CSN previsiblemente retomará las modificaciones técnicas sobre Garoña la próxima semana.

Pese a que aparentemente PSOE y Podemos se disputan el protagonismo en el ‘no’ a Garoña, fuentes de ambos partidos confirman a SABEMOS que fuera de los focos existe comunicación entre las dos formaciones sobre materia nuclear. El momento político actual hace que las negociaciones (o la falta de ellas) para formar Gobierno lo eclipsen todo y condicionen cualquier movimiento. Así que, incluso habiendo comunicación, PSOE y Podemos toman iniciativas por separado sobre Garoña pese a compartir un mismo espíritu.