El Tribunal de Cuentas recomienda a Turespaña romper relaciones comerciales y contractuales con aquellos deudores que “incumplen sistemáticamente” sus obligaciones de pago, y que a 31 de diciembre de 2013 le debían al organismo más de 10,18 millones de euros.

Así consta en el Informe de fiscalización de determinadas operaciones o áreas de gestión correspondientes a órganos u organismos pertenecientes al área de la Administración Económica del Estado que han sido objeto de recomendaciones del Tribunal de Cuentas en años anteriores, que recoge Europa Press.

En dicho documento se analiza el grado de cumplimiento de las recomendaciones que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda realizó entre 2003 y 2013 a catorce organismos autónomos, entre ellos Turespaña.

En el caso de este departamento, el Tribunal insiste en que “debería suspender la relación comercial y contractual con aquéllos que incumplan sistemáticamente con sus obligaciones de pago” para “evitar que se generen nuevas deudas y la acumulación de importantes cantidades” por parte de algunos deudores.

Los importes no recuperados siguen aumentando

Y es que, según el informe, en 2013 los diferentes deudores presupuestarios y comerciales del organismo le debían más de 10,18 millones de euros, y los importes no recuperados (sobre todo derivados de operaciones comerciales) se habían incrementado un 11% con respecto al informe realizado en 2001.

La antigüedad de las deudas, la concentración de elevados importes en determinados deudores y la situación jurídico-económica de los mismos hace “poco probable”, a juicio del Tribunal, la recuperación de la mayor parte de las partidas en situación de impagados.

Por eso, se recomienda de nuevo a Turespaña que arbitre un procedimiento “eficaz” para el envío “con celeridad” a la Agencia Tributaria de las deudas no cobradas y que mejore las aplicaciones informáticas de facturación y el control del envío a la Agencia de las deudas pendientes para su cobro en vía ejecutiva.

Igualmente, habría de procurarse medios para poder hacer un seguimiento de la situación jurídico-económica de algunos deudores y participar, en su caso, en los correspondientes procedimientos concursales donde pudiera ser acreedor.