Cientos de taxis franceses participaban hoy, por segundo día consecutivo, en una huelga para protestar por la competencia de los vehículos con chófer (VTC), con algunas perturbaciones en el tráfico en ciertos puntos de París y sus aeropuertos, pero también en alguna otra ciudad como Toulouse.

La prefectura de policía de París señaló que los puntos de bloqueo a primera hora de la mañana eran los mismos que ayer, aunque no se repitieron los incidentes violentos, condenados duramente por el Gobierno, que ha puesto en marcha un dispositivo de concertación.

Los taxis se concentraron en particular en las inmediaciones del Palacio de Congresos, junto a la Puerta Maillot al noroeste de la ciudad, y en las proximidades del Ministerio de Economía en el barrio de Bercy, al este. Se registraron bloqueos en algunos accesos a los dos aeropuertos de la capital, el de Orly al sur y el de Charles de Gaulle, al norte. La prefectura había recomendado evitar acudir a las dos plataformas en vehículo.

Fuera de París, los taxistas en huelga por segundo día consecutivo filtraban los accesos al aeropuerto de Toulouse (sur) y una “operación caracol” (retención del tráfico) se llevó a cabo por la mañana en la autopista entre Aubagne y Marsella (sureste).

Los taxistas habían decidido anoche continuar con su protesta pese a las promesas del primer ministro, Manuel Valls, de endurecer los controles a los VTC, de acudir en ayuda de los conductores en dificultades financieras y, sobre todo, poner en marcha un proceso de concertación para buscar un equilibrio económico en el sector del transporte individual de pasajeros.

Par dirigir ese procedimiento de concertación, se nombró como mediador al diputado socialista Laurent Grandguillaume. El portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll, insistió hoy en que “hay que encontrar una solución equilibrada” entre los taxis y los VTC que -recordó en una entrevista al canal “BFM TV”- “existen en toda Europa y en todo el mundo”.

Una forma de responder a alguna asociación de los profesionales del taxi, como la Confederación General del Trabajo (CGT), que pide la prohibición de los VTC o una indemnización por la depreciación de las licencias que tienen que pagar.