“Nuestros diputados y diputadas cobrarán tres SMI: 1.945,8 euros. Defender a la gente pasa por ser honesto y decente”. Así reza un tuit de Podemos. No es del todo cierto. Cobrarán más, pero se comprometen a entregar al partido lo que sobre de dicha cantidad. Lo que, por otro lado, tiene que ser un Cristo con Hacienda, las deducciones y la base imponible. También se les permite quedarse con medio SMI por cada hijo a cargo, por cierto.


Pero más allá de sus problemas a la hora de entender sus nóminas, y aunque comprendo el imperativo moral al que atienden cuando promueven esta tesis, reniego profundamente de un parlamentarismo low cost basado únicamente en pagar lo menos posible a nuestros representantes. 

Soy un ferviente consumidor de la marca Hacendado de Mercadona, – y no es publicidad,  puedo garantizar que en SABEMOS no entra ni un euro de la compañía de Francisco Roig-. Pero he seguido durante años a muchos de los interproveedores que trabajan con la enseña valenciana, fabricando productos Bosque Verde, Deliplús o Hacendado y para mí son garantía de calidad. 

Mercadona es tan popular porque, aunque a veces resulta un poco soviético en su sobriedad, ha hecho cierto el dicho de “bueno, bonito y barato”.

Pero lo que vale para la leche en brick no sirve para nuestros diputados. No digo que no exista el representante Hacendado, que sin duda los habrá. Pero sí creo que es una mala práctica política.

Imperativo moral vs. talento

Como ya comentaba, entiendo los motivos desde el punto de vista moral. Si vas a atender a las necesidades de los ciudadanos, sintoniza con ellos cobrando lo que ganan ellos. Es difícil identificarte con los desahucios si vives en un casoplón, es complejo preocuparte del IVA de los productos básicos si compras en el Sánchez Romero.

El problema no es ése. El problema es que gobernar es complicado y debería llevar mucho trabajo. Me parece frustrante que, vistas nuestras pobres experiencias en los últimos 40 años, el objetivo parezca estar en bajar más el listón en lugar de subirlo. 

Echemos un vistazo, por ejemplo, al currículo de Segundo González García, el joven asturiano responsable de Finazas y Transparencia de Podemos. “He desarrollado mi actividad profesional en la comunicación corporativa y en el asesoramiento económico a entidades de la Economía Social”, subraya. Pero no hay mucho donde que rascar. 

En su declaración de bienes de 2013, recogida y descargable en la web de Podemos (gran ejercicio de transparencia), figura que García ingresó menos de 4.000 euros a lo largo del año. Una parte de los cuales vinieron de colaboraciones con los medios afines Público y Eldiario.es. Consultado por este medio, no respondió para qué empresas ha trabajado. Su perfil en LinkedIn es un yermo.

Ni por un momento dudo de la capacidad profesional o política del señor García, que recogía su acta de diputado en coqueta camiseta amarilla reivindicativa. Lo que resulta notoria es su falta de experiencia profesional, en general, y un currículum que en muchas empresas serviría para un puesto de becario (aún está estudiando) o en prácticas.


Desde luego, para alguien que en 2013 ganó menos de 4.000 euros, multiplicar por diez su salario sin duda es una notable mejora. El problema es que para atraer a la política a gente con perfiles profesionales mejores, con más experiencia y (sólo quizá) más talento, es muy difícil hacerlo, o hacerlo a largo plazo, siguiendo a rajatabla el perfil salarial que se autoimpone Podemos.

Fuentes próximas a la formación consultadas por SABEMOS confirmaron que, a la hora de buscar candidatos para sus listas, Pablo Iglesias se topó con un problema debido a que determinados profesionales bien remunerados no pudieron aceptar la condición salarial prevista por la formación. Especialmente porque ésta, además, quiere endurecer el régimen de incompatibilidades. Como reza su programa “se hará explícita la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades privadas”.

Difícil, pero no imposible. Hay profesionales serios que han fichado por Podemos, aunque van a perder, en casi todos los casos, dinero al hacerlo. Es el caso del abogado sevillano David Bravo, reputado experto en propiedad intelectual y enconado enemigo de casi todas las leyes sobre esta materia aprobadas durante las últimas legislaturas.

Consultado por SABEMOS, Bravo reconoce que perderá dinero por la reducción en las horas que podrá dedicar a su ejercicio profesional. Precisa que, en el caso de los abogados, la práctica en general de la Mesa del Congreso ha sido hasta ahora la de permitir todas las compatibilidades que no estén relacionadas con administraciones públicas, siempre asumiendo que la práctica de otras profesiones no puede interponerse en las horas que hay que dedicar a la actividad política. 

Norma cuyo incumplimiento flagrante se hacía especialmente visible en las dramáticas fotografías con la cámara semivacía de otras legislaturas, por cierto. 

Sin embargo, Bravo admite que Podemos no puede permitirse el absentismo parlamentario. Para abogados de bufetes con muchos profesionales, la ausencia es menos grave. Para él, que lleva en persona los casos (salvo aquellos que subcontrata), será más difícil incluso teniendo en cuenta la dieta de 850 euros (mil euros menos de lo que fija el reglamento de la cámara).

¿Y para qué meterse en esto si va a ganar menos dinero? ¿No es lo normal y deseable buscar la máxima retribución posible? En su caso, son los ideales. Bravo admite que en el ejercicio de su práctica profesional se enfrentó al muro de leyes con las que no podía estar de acuerdo y que la política era la manera de transformarlas. 

¿Pero cómo cambiarán otros diputados menos idealistas? ¿Será el caso de Bravo la tónica general? ¿Tiene sentido pedir a los diputados ganar menos y al mismo tiempo trabajar más, estar siempre presentes y restringir el resto de actividades profesionales? ¿No sería mejor dejarles ganar el sueldo fijado por la Cámara y obligarles a dedicarse en cuerpo y alma a su escaño?

En todo caso, más allá de las dudas que me suscita, vuelvo al tuit de la formación que dirige Pablo Iglesias. Ganar de forma legítima más de 1.945,8€ no es deshonesto ni indecente. Pero que los legisladores de un país sólo ganen eso puede llegar a provocar, con mucha facilidad, dichos síntomas.