El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán volverá este jueves a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, donde se enfrenta a cuatro años de cárcel acusado de quedarse con 4,4 millones de euros pagados al Grupo Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.

La Fiscalía acusa de un delito continuado de apropiación indebida al exjefe de la patronal y al último director general de la empresa turística, Iván Losada, para quien pide también una pena de cuatro años de prisión. Además, solicita que ambos sean condenados a una multa de 12.000 euros cada uno, a razón de una cuota diaria de 50 euros durante ocho meses.

El juicio tuvo que ser suspendido el pasado noviembre porque el audífono que utiliza Díaz Ferrán no funcionaba, una deficiencia que ha sido resuelta al haberle acercado su familia otro dispositivo a la prisión madrileña de Soto del Real, en la que se encuentra desde el 5 de diciembre de 2012. El tribunal aplazó la vista a los días 7, 8, 28 y 29 de enero.

En su escrito provisional de acusación, el fiscal Daniel Campos defiende que ambos se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.

Sin embargo, tanto Díaz Ferrán como Iván Losada sostienen en sus escritos de defensa, a los que ha tenido acceso Europa Press, que el fundador de la empresa turística Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012, era el “único” que tenía capacidad ejecutiva, ordenaba y “mandaba” en Viajes Marsans, al tiempo que aseguran que la compañía en ningún momento quiso “engañar” a sus clientes y que vio bloqueada su actividad como consecuencia del “colapso financiero” sufrido al no conseguir refinanciar sus deudas.