Los desarrollos urbanísticos son uno de los principales caballos de batalla del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Pero no todo son operaciones Chamartín y Mahou-Calderón, también hay una clase media de proyectos que divide a los partidos, incluso en su fuero interno. La aprobación de una actuación en concreto rompió en dos a la formación de Manuela Carmena durante una votación, aunque fue más ruido que nueces.

En Chamberí hay un par de desarrollos urbanísticos que le están costando varios disgustos al equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena. El primero de todos es el de la construcción de unos pisos en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en unas antiguas instalaciones del Ministerio de Defensa, que provocó la división en dos de Ahora Madrid durante su aprobación.

¿Crisis? Desencuentro o diferencia de criterios, según desmienten fuentes de la militancia de base de Podemos en Madrid.

Más allá del supuesto terremoto político, el pleno vuelve a poner de manifiesto que la anterior regidora de la capital, Ana Botella, lo dejó todo atado y bien atado, como se decía en otros tiempos. Sobre todo porque hay otros ejemplos.

El de la parcela de la calle Raimundo Fernández Villaverde no es un caso aislado. En un reciente pleno del distrito de Chamberí, el concejal presidente del barrio, Jorge García Castaño, se las tuvo que ver con un grupo de cooperativistas de otra urbanización planificada, Residencial Metropolitan, que se va a levantar en las antiguas cocheras que Metro de Madrid tenía cerca de la glorieta de Cuatro Caminos.

Los partidos de izquierdas defienden el valor histórico de las antiguas cocheras de Metro en Cuatro Caminos

Las formaciones de izquierdas y el PSOE se muestran contrarias a desmantelar las instalaciones abandonadas para construir un gigante de 25 plantas y, a la vez, esgrimen el posible valor histórico del conjunto arquitectónico, que data de 1919, como argumento en contra.

Mismo distrito, mismo caso: los que abuchearon al representante de Ahora Madrid son algunos de los cooperativistas que ya han entregado 100.000 euros para levantar el complejo residencial. Y es que la postura de los grupos de izquierdas escuece.

“Dentro del equipo municipal, dentro de Ahora Madrid hay tres facciones”, indica el director general de la gestora Ibosa, Juan José Perucho, que ha asesorado a la cooperativa de las cocheras de Cuatro Caminos. “Están Equo, los escindidos de Izquierda Unida y Podemos, y no están en absoluto de acuerdo. Hay algunos de ellos que están haciendo proposiciones que vulneran la legalidad y otros, los que están ocupando un cargo, que saben que no pueden vulnerarla”, añade.

La paralización de los trámites podría dar al traste con su proyecto y comprometer su inversión, aunque las fuentes consultadas del partido morado esperan que la situación se pueda reconducir, ya que la tramitación de la promoción se encuentra en una fase anterior. De cualquier modo, creen que el proyecto se podrá reformular para que los inversores consigan su vivienda aunque sea en otras condiciones.

Estancamiento en el Ayuntamiento

En el ya famoso pleno de la discordia en el que se debatió el plan parcial para la urbanización de Raimundo Fernández Villaverde, los fieles a Carmena votaron a favor pero se opusieron los 6 concejales de los grupos de Izquierda Unida y Ganemos Madrid –Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente, Rommy Arce, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán y Yolanda Rodríguez-. “Lo utilizaron como una campaña a su favor. Que se pueda repetir en el futuro es muy difícil, pero es cierto que dentro de Podemos hay diferentes sensibilidades”, dicen desde las bases del partido.

El presidente de la gestora Domo, Feliciano Conde, que asistió a los cooperativistas en este proyecto, confirma la repercusión política de este proyecto en el Ayuntamiento: “La nueva corporación lo que ha hecho es cumplir la ley. Eso, lógicamente, les puede haber costado votos de sus bases que dicen que han contribuido a una operación urbanística”.

“La nueva corporación lo que ha hecho es cumplir la ley. Eso, lógicamente, les puede haber costado votos de sus bases”, dicen desde la gestora Domo

En el fondo, a la hora de votar en el pleno también influyó que una facción de la candidatura morada, la que aprobó el plan junto a PP y Ciudadanos, no quería perjudicar a los cooperativistas que ya habían aportado dinero para hacerse con las viviendas de lujo que se van a edificar.

Pero más allá del enredo político, los directivos de las dos gestoras creen que si se decantaron por aprobar el plan parcial es porque no tenían apenas margen de maniobra.

Según Conde, de Domo, los informes técnicos elaborados por los especialistas del Ayuntamiento habían resultado favorables al proyecto de la cooperativa, por lo que si el pleno se hubiera negado a aprobar el desarrollo de Raimundo Fernández Villaverde los concejales podrían haber cometido un delito de prevaricación.

“La cooperativa podría haber demandado al Ayuntamiento porque si todo está legal no te lo pueden dejar de aprobar. Estaban obligados a aprobarlo, y por eso lo aprobaron”, explica el presidente de la gestora, quien admite que el consistorio les ha exigido varios cambios a lo largo del último año.

Tal y como estaba el proyecto, dicen desde la militancia de Podemos, algunos entendían que habría lucro cesante si se suspendía el plan urbanístico parcial, por lo que el Ayuntamiento tendría que indemnizar a los futuros propietarios. Eso sí, matizan, todos los concejales estaban en contra y ninguna de las partes de Ahora Madrid habría aceptado las condiciones en las que ha sido diseñado el complejo.

Un proceso que viene de lejos

Los derechos de los cooperativistas no son los mismos que los que tienen los propietarios que compran un piso sobre plano. Los que acudieron a estas dos promociones son inversores que reúnen una cantidad de dinero para hacerse con un suelo en el que luego edificarán. Eso no garantiza que los técnicos del Ayuntamiento vayan a aprobar el proyecto tal y como ellos quieren, así que es una inversión no exenta de riesgos.

“Claro que asumen riesgos. Es que los cooperativistas son autopromotores”, concede Feliciano Conde. “El administrador de la finca es la gestora y después la cooperativa es la que toma todas las decisiones y asume todos los riesgos”, añade.

Así que el problema llega cuando se encuentran con una Administración poco favorable a un proyecto o con movimientos políticos y vecinales que se posicionan directamente en contra. Sin embargo, los cooperativistas creen que el Derecho está de su parte.

Los inversores en los terrenos de Cuatro Caminos tienen un nivel de preocupación “relativo” y creen que las alegaciones son “inviables”

“El Ayuntamiento no se ha planteado frenarlo porque no se puede; legalmente no te pueden quitar algo que es tuyo”, insiste Perucho al hablar sobre el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos. “La edificabilidad y el número de viviendas están establecidos en un APR [Área de Planeamiento Remitido], un documento en base al que han comprado. Tú no puedes lesionar el derecho de propiedad de terceros, y mucho menos si es una cooperativa de viviendas con familias”.

Perucho asegura que los cooperativistas de Cuatro Caminos tienen un nivel de preocupación “relativo” y creen que las alegaciones son “inviables”, ya que los técnicos ya habrían desestimando anteriormente la protección histórica de las cocheras.

Tampoco consideran que se puedan producir demasiadas modificaciones, dado que cuando los cooperativistas se hicieron con los terrenos en diciembre de 2014 lo que compraron fue un suelo residencial para construir 62.510 metros cuadrados de edificabilidad, según Perucho.

De esta forma, aunque el actual responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, esté en contra del diseño de estos proyectos, el consistorio estaría atado de pies y manos. Son el legado del anterior equipo de gobierno, liderado por Ana Botella, como ratifica Perucho:

-¿La calificación de estos terrenos como urbanizables cuándo se aprobó?

-En 2014. En mayo de 2014.

Todo un regalo urbanístico de la corporación previa -como la quinta torre de Castellana Norte, la Operación Chamartín y el complejo planificado para los terrenos del Calderón-, cuya ralentización genera malestar entre unos cooperativistas que están asediando la casa de Ahora Madrid.