Los antiguos miembros del consejo de administración de Banco Madrid, Ricard Clement y Rodrigo Achirica, defendieron este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que los mecanismos de control de blanqueo de la entidad eran ajustados a la ley.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los dos exconsejeros que declararon este martes como querellados en la investigación abierta por Andreu por delitos de blanqueo de capitales, al igual que hicieron el lunes el expresidente de Banco Madrid José Pérez y la ex directora general del Tesoro y exconsejera de la entidad, Soledad Núñez.

Ambos han defendido ante el magistrado que los controles de prevención de blanqueo realizados por Banco Madrid fueron en todo momento ajustados a la legalidad vigente, en la misma línea que lo declarado por Pérez y Núñez.

Esto contradice la querella que presentaron a principios de abril las mercantiles y clientes de Banco Madrid Marine Instruments y Liunaski contra la entidad y contra los siete miembros del consejo de administración del banco en el momento de su intervención.

Asimismo, el titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha solicitado a Andorra mediante una comisión rogatoria tomar declaración por videoconferencia a los otros tres querellados. Se trata de los accionistas mayoritarios de Banco Madrid y de su matriz, Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramón Cierco y del exconsejero delegado Joan Pau Miquel -en prisión en el Principado-. Esta investigación se abrió a raíz de la querella presentada por dos clientes contra el expresidente de Banco Madrid José Pérez, que fue director general del Banco de España hasta 1995, y los otros seis miembros del consejo de administración de la entidad especializada en banca privada.

En la querella se recogían los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir esta entidad, lo que provocó la dimisión en bloque de los consejeros querellados, al tiempo que el organismo supervisor andorrano hacía lo propio con BPA, acusada por Estados Unidos de ayudar a lavar dinero del crimen organizado.

El juez Andreu consideraba en la admisión a trámite de esta investigación que la hipótesis no se advierte “ni absurda ni irracional, desde el momento en que consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervención de Banco Madrid” después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas decidiera intervenir BPA. Una decisión que, según explicaba Andreu, se basó en asegurar el cumplimiento por parte de BPA de la normativa en materia de blanqueo de capitales.