Tan sólo un día después de que el Tribunal Supremo mostrara sus dudas sobre la constitucionalidad del recorte a la retribución de las energías limpias, el propio Tribunal Constitucional desestima un recurso de la Región de Murcia contra la reforma. Industria saca pecho.

El Tribunal Supremo dio esta semana -dos días después de las elecciones generales del 20-D- el primer paso para que el cambio de la retribución que recibían las energías renovables y la cogeneración acabe en el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal duda de la constitucionalidad del hachazo a las ayudas ejecutado por el Gobierno en 2013 y ya ha activado el proceso para que los centenares de recursos acaben en el TC, dictando una providencia para que los recurrentes y el fiscal presenten alegaciones sobre la materia.

Sin embargo, cuando parece que el Supremo daba alas a la batalla contra el recortazo, el propio Tribunal Constitucional tan sólo un día después -ayer- desestimaba un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Murcia contra el nuevo modelo retributivo de las renovables. La desestimación del TC la anunció inesperadamente el propio Ministerio de Industria mediante un comunicado oficial.

“Los preceptos impugnados del citado Real Decreto-ley establecen los principios generales sobre los que se basa el nuevo marco retributivo de las energías renovables, que se aplica desde julio de 2013, y la rentabilidad razonable para las instalaciones durante el primer periodo regulatorio”, dice el texto del departamento de José Manuel Soria. “El Tribunal Constitucional valida por tanto los principios del nuevo marco retributivo para las energías renovables, que han sido desarrollados por el Gobierno como parte de la reforma eléctrica (…) El pronunciamiento del Tribunal Constitucional desestimando el recurso frente a la reforma de renovables, sentará probablemente el criterio en los sucesivos recursos en este ámbito, avalando así la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura”.

El Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, puso fin hace dos años al sistema de primas a la generación de energías limpias e impuso un nuevo modelo que garantizada una “rentabilidad razonable” a las inversiones realizadas para poner en marcha las instalaciones renovables. Si antes se retribuía a las renovables en función de la energía producida, ahora se les paga para que obtengan una rentabilidad bruta mínima durante la vida útil de las plantas, actualmente fijada en el 7,5% (pero que se revisará en 2019). 

En la práctica, la medida estrella de la reforma eléctrica del Gobierno del PP supuso un recorte de unos 1.700 millones de euros a las ayudas que percibían las tecnologías que estaban incluidas en el denominado régimen especial: renovables, la cogeneración y los residuos. Y el ajuste, además, se aplicó con carácter retroactivo, dejando incluso a parte de las instalaciones sin retribución alguna.

Las renovables abrieron entonces una batalla legal contra el recorte, que ha hecho que hayan llegado al Supremo cerca de 400 recursos (además de cerca de una treintena de litigios internacionales, que ha hecho que España supere a Venezuela como el país con mayor número de arbitrajes internacionales). El Ministerio de Industria considera ahora que la decisión del Constitucional de rechazar el recurso de Murcia puede servir de base para cerrar parte de esos recursos en el Supremo, al menos los que solicitan que se abra una cuestión de inconstitucionalidad acerca de esa parte de la reforma eléctrica.