OHL, Grupo Villar Mir y el Centro Canalejas han asegurado que la sociedad R&A Palace Gestión no tiene ningún derecho sobre la propiedad y uso de los inmuebles sobre los que se desarrolla el proyecto inmobiliario en Madrid y la han acusado de fraude procesal, abuso de derecho y falta de legitimidad.

En la vista celebrada este viernes en el juzgado de instrucción número 54 de Madrid para dirimir un interdicto de obra nueva, las partes demandadas han solicitado la desestimación de la misma, que fue presentada por R&A contra Grupo Villar Mir, OHL y el Ayuntamiento de Madrid, y su condena a costas. Según la representación legal de OHL, R&A -que fue la primera empresa que acordó adquirir al Banco Santander los edificios sobre los que se desarrolla ahora el proyecto- “sólo busca perjudicar a la compañía tratando de impedir que se desarrollen las obras y que ésta incumpla con sus obligaciones contractuales“.

Tanto OHL, como Grupo Villar Mir, el Centro Canalejas y el Ayuntamiento de Madrid sostienen que R&A no tiene legitimidad para solicitar que se paralicen de forma inmediata los trabajos y alegan que hay una ausencia total de daños y perjuicios a “quien no tiene ningún derecho sobre el inmueble”. Según indica Centro Canalejas, R&A Palace Gestión pretende que se suspendan los trabajos como ya solicitó sin éxito ante el Banco Santander -propietario inicial de los edificios- en un intento de “probar suerte de nuevo” bajo un procedimiento judicial distinto y añaden que es “manifiestamente falso” que R&A tenga algún derecho real sobre la propiedad o posesión de los inmuebles.

Asimismo, ponen de manifiesto que cuando R&A sabía que había otro grupo interesado en comprarle al Santander los activos no ejercitó ningún tipo de acción para que se le reconociese su derecho sobre la propiedad. Sólo cuando se formaliza la operación, añade la defensa del Centro Canalejas y de OHL, R&A pide que se devuelvan los 42 millones correspondientes tras la resolución del contrato que firmó en 2006 con el Santander para adquirir los edificios, que a finales de 2012 fueron comprados a la entidad financiera por el Grupo Villar Mir en una operación de 215 millones.

Las demandadas insisten en que R&A pretender eludir el contenido de las resoluciones judiciales en las que se le desestimaban sus pretensiones por el cauce judicial correcto y no por un interdicto de obra que sólo puede presentar aquel que tiene uso de la propiedad.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, señalan que se han conservado todos aquellos elementos históricos de los edificios que se identificaron en su día y han negado que tengan una responsabilidad en este procedimiento, así como la existencia de un perjuicio sobre R&A.

R&A exige que se paralicen los trabajos al estar en tela de juicio la propiedad de los inmuebles que componen el Centro Canalejas y subraya que las obras exceden de lo autorizado, han tenido efectos “devastadores y demoledores” sobre los elementos protegidos y no cuentan con una licencia de edificación.

En la vista el juez no ha admitido la prueba testifical y el informe de Tinsa que pedía la demandante. Tras la solicitud de las medidas cautelares que reclamó R&A, el juez acordó el pasado 14 de octubre suspender temporalmente los trabajos desarrollados por OHL hasta que el grupo aportó el pasado 2 de noviembre una caución de 163.000 euros que le permitió seguir con los mismos.