Hacer historia (casi) siempre está bien. Lo malo es llegar a esa historia por una multa. Ese es el caso de Toshiba, que su fraude contable mantiene vida propia y ahora llegan las multas por parte de los reguladores japoneses.

De esta forma, la Comisión de Vigilancia de Valores y Cambios (SESC) de Japón ha urgido a la Agencia de Servicios Financieros (FSA) del país asiático a imponer una multa de 7.370 millones de yenes (unos 54 millones de euros) a la empresa tecnológica Toshiba por su reciente escándalo contable. En caso de que la FSA acepte finalmente la recomendación, sería la mayor sanción jamás impuesta por el máximo órgano regulador financiero de Japón.

El monto estaría muy por encima de los 1.600 millones de yenes (11,9 millones de euros) con que se castigó al fabricante de maquinaria pesada IHI en 2008 por inflar sus cuentas del ejercicio anterior.

El regulador financiero también está revisando la posibilidad de plantear una demanda penal contra la empresa, cuya cúpula fue destituida tras el escándalo, según han indicado fuentes cercanas al asunto a medios nipones. Entre 2007 y 2014, la empresa sobrestimó sus ingresos por ventas en 224.800 millones de yenes (1.680 millones de euros) e infló su resultado operativo en 155.200 millones de yenes (1.160 millones de euros), según los datos ofrecidos por la propia compañía.

El anuncio de la SESC se ha producido el mismo día en que medio centenar de pequeños accionistas de Toshiba demandaron a la exdirectiva de la compañía por los daños y perjuicios sufridos tras la caída del precio de sus títulos a raíz del escándalo contable. Los demandantes han solicitado una indemnización conjunta de 300 millones de yenes (2,24 millones de euros) a tres expresidentes y dos exdirectores financieros de Toshiba en una demanda presentada ante el Tribunal del Distrito de Tokio.