El presidente de la empresa Escal UGS, compañía controlada por ACS que fue responsable de construir el Proyecto Castor, ha negado el vínculo entre las tareas de almacenamiento de gas frente a las costas de Castellón y la sucesión de 300 terremotos en la zona. Mientras un juzgado trata de esclarecer la relación, Enagás ha completado la primera fase de la hibernación de la plataforma.

Castellón es la provincia de los milagros. Al expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, le tocó la lotería en varias ocasiones, pero no es la única vez que el azar ha generado misteriosos fenómenos en esa zona. Según el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, el Proyecto Castor no tuvo nada que ver con los más de 300 terremotos que se produjeron cuando estaban inyectando gas en las entrañas de la tierra. Todo fue una coincidencia.

Es lo que ha asegurado el ejecutivo de la empresa controlada por ACS -el emporio de Florentino Pérez- durante su comparecencia en los juzgados de Vinaròs, de acuerdo con afirmaciones de la acusación popular que recogen EFE y Europa Press.

Del Potro, que ha declarado en calidad de imputado, ha puesto en entredicho los informes del Instituto Geológico Minero (IGM), que sí establecieron una conexión causal entre las tareas del Castor y los seísmos; en su opinión, estos movimientos fueron consecuencia de una “sismicidad natural” y sólo existió una “coincidencia en el tiempo entre los movimientos sísmicos y la actividad de inyección de gas”.

El directivo también ha defendido la legalidad y diligencia de las actuaciones de la empresa, al tiempo que ha comparado la intensidad de los terremotos que se produjeron durante los trabajos del Proyecto Castor -de nivel 3 en la escala de Richter– con las vibraciones que experimenta un edificio cuando pasa cerca un camión.

Esta comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs se suma a las que se llevan produciendo desde hace un mes.

En anteriores sesiones, el que fuera director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria en el año 2006, Jorge Sanz de la Oliva, también se lavó las manos y señaló que no se solicitó una evaluación sísmica al IGM porque el riesgo “no era destacable”.

No es el único informe que se obvió, ya que tampoco se elaboró un estudio de impacto ambiental sobre la conexión entre la red de distribución de gas y la plataforma, una circunstancia que ya ha sido reprobada por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

El sueño del dragón

Mientras los juzgados de Vinaròs tratan de arrojar luz sobre las causas de los terremotos que se produjeron en la zona en septiembre de 2013, la empresa española Enagás avanza en su programa para asegurar la plataforma del Castor e hibernarla. En un comunicado, la compañía ha explicado que ya ha concluido la primera fase de este proceso, que consiste en vaciar todo el gas natural que se inyectó y sustituirlo por Nitrógeno, un gas inerte.

Asimismo, Enagás ha comprobado la estanqueidad de los pozos y ha instalado varias piezas que servirán para sellar estos agujeros y que el “dragón dormido” -como algunas fuentes del mercado se refieren a esta infraestructura- continúe con su letargo.

Esta operación va a tener un coste de 17 millones de euros, que se va a repercutir en la factura del gas de los españoles, una cantidad a la que se le suma la compensación por lucro cesante de 1.300 millones que va a recibir ACS del Estado. Como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces pero con el dinero de los contribuyentes. Salve, Regina, Mater misericordiae.