A una semana de cumplir los seis meses en el poder, el nuevo gobierno valenciano empieza a dar muestras de que se acerca al fin de la fase de enamoramiento con la ciudadanía. Los nuevos ocupantes de la Generalitat protagonizan ya titulares que, si bien no pueden considerarse aún escándalos en una Comunidad acostumbrada a la corrupción, sí que rompen con la imagen impoluta del bipartito PSOE-Compromís. La nueva política valenciana empieza a parecerse peligrosamente al politiqueo de toda la vida.

El principal dolor de cabeza para el nuevo Gobierno valenciano es el asunto de Carns de Morella, una empresa que contó con Ximo Puig como presidente y a la que la Generalitat ha incluido en sus presupuestos con una subvención de 140.000 euros para convertirla en un matadero ecológico. Puede parecer algo normal, la administración pública subvenciona una actividad en otra empresa de capital público, pero hay dos matices importantes que hicieron saltar las primeras voces de alarma: la empresa no tenía buenos resultados económicos y, lo que es más importante, la subvención es nominativa, por lo que se ha incluido en los presupuestos sin competir en proceso abierto con otras empresas similares. Se ha usado un mecanismo de gestión que permite a los políticos repartir el dinero a dedo para inyectar una importante cantidad de dinero en una empresa que, según recuerda el diputado del PP Rubén Ibáñez, declaró pérdidas patrimoniales por valor de 21.000 euros.

Hasta ahora el gobierno valenciano había esquivado el tema. Su postura siempre ha sido que la implicación de Puig en Carns de Morella era meramente testimonial y las explicaciones pertinentes se han dado a través de cargos intermedios. La defensa de Puig se sostenía en que Carns de Morella no es más que el matadero de Morella —municipio natal de Ximo Puig, conocida en la autonomía por la calidad de sus carnes— y al ser una empresa mixta donde el 70% del capital era del ayuntamiento, el alcalde, sea del partido que sea, es de manera formal presidente. Pero eso ha cambiado.

La publicación de bienes de los candidatos al congreso de los diputados del PSOE ha desvelado que el cabeza de lista por Castellón, Artemi Rallo forma parte de los accionistas privados de la empresa. Rallo se ha defendido aludiendo de nuevo a la presencia testimonial, el capital en la empresa declarado por el candidato apenas llega a los 200 euros, pero extiende la sombra de la duda sobre cuantos más socialistas pueden verse beneficiados por la subvención concedida por el Consell a Carns de Morella.

El tema ha sido lo suficientemente importante para que la rama valenciana de Podemos —formación que tiene la llave de la estabilidad parlamentaria en las Cortes Valencianas— haya mostrado públicamente su disconformidad con el comportamiento del Molt Honorable valenciano. La tensión empieza a ser tan palpable en el hemiciclo que el lunes Ximo Puig llamó “payaso” al diputado popular Raúl Ibáñez cuando le echó en cara el asunto. Aunque desde el gobierno valenciano se ha acusado de sobreactuación que ha realizado el PP en las redes sociales ante el hecho, recordando que los populares tienen un largo historial de insultos en ese mismo hemiciclo, a nadie se le escapa la importancia del hecho. El talante se ha acabado en los autoproclamados renovadores de la política.

Puig justifica una subida de sueldo a altos cargos con “la cuadratura del círculo”

La subvención de Carns de Morella no es el único asunto incómodo en los proyectos del Consell. El PSOE ha presentado por sorpresa una enmienda a la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016 para subir el sueldo a algunos de los altos cargos de la administración autonómica. La subida se aplicará a aquellos miembros del gobierno que anteriormente eran funcionarios de la Generalitat han visto disminuir sus nóminas tras entrar a formar parte de la estructura de gobierno.

Puig ha tenido que salir de nuevo a defender la medida presentándola como un aumento a coste cero para los contribuyentes. Esta particular cuadratura del círculo presupuestario se basa en que la Generalitat Valenciana va a pagar a los directores generales lo mismo que ya les estaba pagando hace seis meses cuando eran funcionarios. “No parece muy lógico que cuando asumes más responsabilidad en tu trabajo cobres menos”, defiende Ximo Puig. Sin embargo los críticos no comparten el optimismo de Puig, preguntando por qué no hace una nueva ley que regule lo que cobran los directores generales en vez de inventarse una medida que consideran un parche, y que puede crear más gasto en el caso de que haya que contratar más personal para sustituir el puesto que dejan los directores generales.