La patronal ATUC apoya las ‘tarifas sociales’ para colectivos vulnerables, pero avisa del agujero que su aprobación supone para las cuentas de las compañías que gestionan el transporte público y sus consecuencias en la calidad del servicio.

Tarifas sociales, sí, pero que las financien los presupuestos públicos. Es lo que reclaman las empresas que gestionan los servicios de transporte público, que entienden que son los diferentes gobiernos los que deben costear sus políticas de descuentos para parados o jóvenes, para evitar que las cuentas de las compañías soporten las políticas sociales o se resientan la efectividad de las partidas presupuestarias destinadas al transporte.

En los últimos meses varios ayuntamientos y comunidades autónomas han aprobado medidas sociales en materia de transporte público: el abono transporte a 10 euros para desempleados o el abono joven a 20 euros de la Comunidad de Madrid; el título anual a 10 euros de Valencia para que los desempleados puedan viajar en autobús o el acuerdo al que se ha llegado en Vizcaya para que los niños viajen gratis hasta los 6 años.

Y aunque la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) respalda el establecimiento de este tipo de subvenciones especiales a colectivos vulnerables, la patronal cree que estas medidas han de “ejecutarse siempre de manera razonable y pensando en la sotenibilidad del sistema”. Esto es, las políticas sociales deberían estar asumidas por los presupuestos de las propias Administraciones locales y regionales.

“La decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de ofrecer un abono a 20 euros para los jóvenes y de la que también se benefician vecinos de Castilla La Mancha y Castilla León podría suponer una pérdida de ingresos de 80 millones de euros en venta de billetes” para el sistema de tranpsorte público, sostiene ATUC. “Si esta cantidad no fuese asumida por las consejerías de Asuntos Sociales o Juventud y finalmente recayese sobre el presupuesto destinado al servicio de transporte público, podría producirse una merma en la calidad del sistema, ya que este dinero se podría dedicar a la mejora de servicios en beneficio del interés común”.

En este sentido, la patronal -que agrupa a más de 80 compañías del sector, como EMT Madrid, TMB de Barcelona, Metro Bilbao, Alsa o Avanza- solicita a las Administraciones la aprobación de una ley de financiación del transporte público para que “las decisiones tarifarias de corte social a favor del ciudadanose realicen dentro de un marco estable que garantice la sostenibilidad de un sistema básico en el estado del bienestar”.

Y es que ATUC se queja de la ausencia de un marco regulatorio específico que establezca claramente qué parte de los costes debe soportar cada actor del sistema (usuarios, corporaciones locales, comunidades autónomas y el Gobierno central), por lo que, a su juicio, “este tipo de medidas podría recaer injustamente sobre los presupuestos de prestación del transporte público”. En cualquier caso, los paganos siempre son los ciudadanos, sean directamente con el abono de las tarifas o a través de los presupuestos de cada uno de los niveles de Administración que se financian a través del pago de los impuestos de los ciudadanos.

España es el único país de la Unión Europea que no dispone de una ley de financiación del transporte público, lo que provoca que haya ciudades que reciben 0,05 euros por habitante de subvención pública mientras que en otras se superan los 20 euros. Por ello, desde la patronal del transporte público reclaman una ‘ley paraguas’ para que las medidas sociales adoptadas por CCAA y ayuntamientos se lleven a cabo “con garantías para todos los ciudadanos y en un marco de igualdad”.

En este sentido, ATUC avisa de que las subvenciones que reciben las ciudades con más de 50.000 habitantes, se adjudican en base al déficit, es decir, cuanto más dinero pierde la empresa gestora del transporte público más dinero recibe, por lo que a su juicio no se premia la gestión más eficiente. “No tiene sentido que en esa adjudicación de fondos públicos el déficit pese un 85% en el reparto mientras que la longitud de red y el déficit por viajero representan un 5% cada uno. Estamos ante un sistema de reparto obsoleto y nada eficaz. Aunque se trate de una competencia totalmente transferida a las comunidades autónomas, el Estado debe garantizar a todos los españoles, vivan donde vivan, un servicio que a nuestro entender es tan esencial como la salud o la educación”, dice Miguel Ruiz, presidente de ATUC.