Con la moción-provocación ejecutada en el Parlament por el bloque separatista compuesto por CDC (partido agonizante gracias a una dirigencia podrida de corrupción), ERC (enemigos declarados de España desde su fundación) y la CUP (peña de marginales y anarcos antisistema, decididos a liquidar la capacidad empresarial de crear de riqueza sustituyéndola por una socialización de la pobreza ) dicen sus autores que Cataluña ha empezado su “desconexión” de España. Lo dudo. Sí creo a pies juntillas que han puesto en marcha una trifulca que ya no tiene solución buena, va a dañar la convalecencia económica que vivimos, atizará viejos rencores entre comunidades y nos pondrá en una situación tan perra que quizá requiera el uso de la fuerza. Conviene aquí recordar que, en democracia, la fuerza está para defender las leyes, en el grado y medida que convenga usarla.

Pero como no hay mal que por bien no venga, el desafío servirá también para averiguar, sin dejar lugar a dudas, de qué clase dirigente disponemos, si los líderes de los partidos llamados “nacionales” están a la altura de las circunstancias, y si el país –todo el país- puede o no contar con ellos.  Los ciudadanos habremos de aprovechar las generales del 20 D para penalizar con extrema dureza una eventual falta de agallas de algunos y premiar a quienes no han dudado ni un momento en alinearse con la Constitución que, por mayoría aplastante, nos dimos el 6 de diciembre de 1978.

El desafío afecta principalmente y por igual a las dos formaciones que se han alternado en el gobierno de España desde 1982 hasta ahora mismo: PSOE y PP. Ambas son responsables de que el separatismo catalán haya alcanzado los niveles de desatino de ahora mismo, por su constante dejación de funciones en asuntos verdaderamente estratégicos, tal que el infumable silencio mantenido ante la educación sesgada y torticera que el catalanismo disgregador impartió a las generaciones que siguieron a la cesión de competencias, envenenándolas con el culto a una imaginaria superioridad cultural catalana aplastada militarmente por los toscos mesetarios.

También PP y PSOE deberían entonar el “mea culpa”  por el permanente mamoneo pactado por ambos con el pujolismo, a pesar de conocer bien su naturaleza insolidaria y sus hábitos delincuentes. Un pujolismo que dedicó esas décadas de complicidad desde Madrid a “fer país”, como repetía el corrompido patriarca. Esto es, a arrasar la convivencia tan duramente ganada y asentar las bases desde las que se constituye un Estado: un pueblo que se considere “nación”, una lengua propia de uso determinante y la plena posesión de un territorio. La moción del Parlament significa el inicio de la tercera fase, la territorial, una vez consentidas hasta la plenitud por el bipartidismo en el poder las dos primeras.

El pulso que vienen manteniendo  Arturo Mas y sus compañeros de aventura al Estado de Derecho español no admite un alargamiento de plazos en la toma de medidas destinadas a la disuasión y hasta la punición, una vez han quedado agotados los intentos de persuasión y de templar gaitas. Son numerosas y cualificadas las fuentes que desde la calle Génova y La Moncloa me comentan en privado los ocultos deseos de Rajoy de ganar tiempo hasta que pase el 20 D sin adoptar decisiones de choque. Y las creo, considerando el permanente y melifluo titubeo en que se ha movido el personaje. Después de la chulería rupturista proclamada por la ciudadana Forcadell, el Presidente  ha aparecido, raudo esta vez, hay que admitirlo,  para prometer una inmediata aplicación de la Ley. “Sólo la Ley, pero toda la Ley”, ha dicho. ¿Le creemos?

Eso, para la inmensa mayoría de los españoles, tiene un significado inequívoco: actuación sobre la marcha contra, por lo menos,  los cabecillas  de unos grupos parlamentarios e instituciones oficiales que se han declarado en sedición abierta. Es decir, que han cometido traición pura y dura. No hay excusas para los escapismos: el Gobierno de España dispone de todos los instrumentos necesarios para aplicar desde mañana mismo, entre otros, el Artículo 592 del Código Penal, que dice así: “Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras”. Existen otros apartados que les son asimismo aplicables, pero hay que empezar por uno, y a mí me vale ése. Lo que no excluye fulminarles con los restantes. Aunque me  queden dudas porque nuestros dirigentes, tan atentos a las encuestas, parecen inclinarse más al gradualismo que a la contundencia.

Aburridos nos tienen el Govern de Convergencia y su coro de bandarras con la labor de zapa y descrédito de España a que se han entregado y entregan sus pretendidas “embajadas” en capitales extranjeras de primer orden. Y con la tarea calumniosa de las costosas “misiones” enviadas fuera para practicar un victimismo mentiroso, además de cateto, y solicitar apoyos externos a la tarea de destruir nada menos que la unidad del país, y burlarse de sus leyes. ¿Encaja eso con el Art. 592…? Yo creo que como un anillo hecho a medida.

Repito que motivos más que de sobra tiene el Gobierno para detener, interrogar y llevar a juicio, con suspensión fulminante de sus funciones, a unos cuantos desertores de la Ley, que ya se han pasado por el arco de triunfo sus líneas rojas. Y posibilidades legales de hacerlo, también, sin necesidad de enviar a la Guardia Civil a desfilar por la Diagonal, como ironizó creo que Margallo. Bastará con poner a los Mossos de Esquadra a las órdenes del ministerio del Interior y que actúe la Fiscalía. Me consta que en la Dirección General de la Policía tienen registrados como separatistas activos solo a 300 de los 16.000 mossos, por lo que con enviarlos una temporada a patrullar al monte se evitarían desobediencias.

Hay quienes aseguran que eso haría crecer el separatismo entre la población catalana. Yo creo que ha tocado techo en las recientes autonómicas, y en buena parte con voto de prestado gracias a la garrulería de nuestro Gobierno. El subidón soberanista se multiplica entre los que no apoyan la ruptura cuando detectan cobardía y abandono desde Madrid, porque les hace creer que “los otros” van a ganar, y ese sentimiento les conduce a la resignación y el aggiornamiento. Pienso que a una amplia mayoría de catalanes les decepcionaría que La Moncloa se la envainase y no decreta, en caso necesario, la muy legal suspensión de la Autonomía.

El reto suena a definitivo para los dos gallos del bipartidismo.  Veremos si Rajoy resulta ese implacable defensor que se dice, un día sí y otro también, de la Constitución de España, incluida la unidad territorial que en ella se consagra. O sólo es un boca grande que se entrega al cálculo de cuántos votos ganará o perderá si hace esto o lo otro. Y lo mismo vale para un Pedro Sánchez a quien sólo el patadón que le propinó Susana Díaz con su “España no se toca” le movió a reunirse con Rajoy, ofrecerle apoyo en las medidas legales que deba aplicar y enseñarle a Iceta y su PSC una primera tarjeta amarilla. Dado lo superficial e inseguro que parece el personaje, no confío demasiado en que sepa mantenerse firme.

Si ambos se arrugan en esta coyuntura, ¿adivinan hacia qué partido emergente se va a dirigir el chorreo de electores que los rechazarán por cobardes? Seguro que sí.