España no tiene al frente de su Gobierno a un político catalán desde la Primera República. El líder de Ciudadanos aspira a romper la racha vendiendo centrismo y reformismo y explotando los símbolos del constitucionalismo patrio, de las Cortes de Cádiz a Adolfo Suárez.

Apareció Adolfo Suárez en la pantalla y el auditorio se vino abajo. Ciudadanos ha inoculado hasta tal punto en su parroquia el paralelismo de Albert Rivera con el arquitecto de la Transición que sus fieles presentan reacciones pavlovianas cuando se exponen a estímulos suaristas. Rivera quiere ser el Suárez del siglo XXI y pilotar la reedición de aquella época pactista que según él España necesita y demanda -“somos los únicos capaces de liderarla”- pero, de tener éxito, su figura se asemejaría quizá también a la de otros históricos de la política española, como Francisco Pi i Margall o Ramón Lázaro de Dou.

Desde que el primero de ellos dimitiera como presidente del Poder Ejecutivo en julio de 1873, España no ha tenido un jefe de Gobierno catalán, excepción hecha de los meses que Fidel Dávila Arrondo pasó al frente de la Junta Técnica del Estado, embrión de la administración franquista en la guerra civil. La llegada de Rivera a La Moncloa acabaría con esa racha de 142 años, todo un símbolo de los tópicos y mitos que Ciudadanos se propone derribar. Al igual que en la Primera República hiciera Pi i Margall durante el escaso tiempo que estuvo en el poder, el líder naranja quiere impulsar un amplio plan de reformas que modernice el país y acabe con las disfunciones que han provocado el descrédito de la política.

Salvando todas las distancias, puede percibirse en las ambiciones de aquella figura -separación Iglesia-Estado, enseñanza gratuita y obligatoria, ampliación de derechos sociales- ciertas reminiscencias del ideario socioliberal con que Rivera se presentará a las próximas elecciones generales. Parte mollar del mismo fue presentado ayer en Cádiz, en ese acto iniciado con la proyección del vídeo que alabó la figura de Suárez e hizo un repaso por la historia del constitucionalismo español.

Esa historia tuvo un hito en el impulso de Pi i Margall a la Carta Magna de 1873, que nunca llegaría a ver la luz, y se inició con la aprobación de la Constitución de 1812 por las Cortes gaditanas, una de las normas fundamentales más liberales y avanzadas de la época. Tal y como ayer destacó Rivera para revestir de solemnidad su presentación, esa ley depositó por primera vez en el pueblo y no en el Rey la soberanía nacional, instauró la separación de poderes y reconoció múltiples libertades individuales vetadas hasta entonces, como las de imprenta o industria. Y surgió de un Parlamento donde los diputados catalanes jugaban un papel fundamental, sobre todo Ramón Lázaro de Dou, que fue el primer presidente de la institución de Cádiz.

El líder de Ciudadanos aprovechó su estancia en la Tacita de Plata para hacer una ofrenda floral ante el monumento a la Constitución de 1812, “la primera piedra de un sueño”. Poco antes, mientras desgranaba sus propuestas de reforma institucional y democrática, había mostrado su deseo de haber sido “uno de los diputados” de aquellas Cortes que aprobaron la Carta Magna que tanto le sugiere. No dijo qué parlamentario le hubiera gustado ser, pero una opción sería la figura de Lázaro de Dou, afamado jurista y académico de la época, pieza clave de ese cuatrienio de alumbramiento del constitucionalismo español que el candidato naranja tiene como referencia.

Por todo ello eligió Ciudadanos esa ciudad del sur de España para su acto central de precampaña, una maniobra que tiene otra implicación añadida, bastante más pragmática. Y es la importancia de hacer una demostración de fuerza –1.500 personas fueron al evento– en la comunidad más poblada y que más escaños reparte, concretamente en la ciudad que en mayo fue emblema del ascenso de Podemos, la tierra de Kichi. Ciudadanos se quedó entonces en el 7,1% de los votos (5% en el conjunto de la provincia), cinco puntos menos de lo registrado en las autonómicas dos meses antes. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces y Rivera ronda ahora el 16-18% de apoyo electoral a nivel nacional, lo que en Cádiz le colocaría al borde del segundo escaño. Esta provincia gana un diputado para el 20-D y será, con nueve, la octava que más parlamentarios designe. Para ser el heredero de Pi i Margall también hay que hacer matemáticas.