Los partidos de Sánchez, Rivera e Iglesias coinciden en la necesidad de blindar servicios sociales, cambiar el sistema electoral, reforzar la lucha contra la corrupción, abordar un pacto territorial y despolitizar el TC.

La posibilidad de que la próxima legislatura se abra el melón de la reforma constitucional y por primera vez se aborden cambios de calado en la Carta Magna de 1978 es cada vez más factible. Tres de los cuatro partidos llamados a jugar un papel decisivo en el Congreso llevarán en sus programas dicha reforma, coincidiendo en varios de los aspectos a modificar. El PP queda de momento al margen, aunque su concurso es necesario para aprobar unos cambios a los que Mariano Rajoy ya no se opone de plano. Las propuestas de Ciudadanos fueron presentadas ayer en Cádiz, unos días después de que lo hiciera el PSOE y de que Podemos desgranara sus prioridades al respecto. El consenso entre Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias se abre paso en cinco importantes puntos.

Blindaje de derechos sociales

“Reconocer como fundamentales los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad previstas en la Ley, incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia” es una de las reivindicaciones del PSOE. Además, los socialistas quieren mejorar el derecho al trabajo, dotar de contenido el derecho a la vivienda y reforzar los derechos medioambientales.

Los tres partidos quieren que la sanidad, la educación o la vivienda sean derechos fundamentales y efectivos

En idéntico sentido se manifestó ayer Ciudadanos, cuyo documento para regenerar la democracia incluye el blindaje constitucional de los derechos “a la salud, a la vivienda, a la protección ambiental, a los servicios sociales, de los consumidores y usuarios, al acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y a la buena administración”. Además, quiere que se recoja el derecho a la transparencia y que se catalogue de fundamental el derecho a la protección de datos personales. Y coincide con el PSOE en promover la igualdad efectiva eliminando la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono.

También para Podemos es este aspecto una prioridad. “No puede ser que los derechos sociales estén recogidos en la Constitución para no poder hacerse efectivos”, criticó Pablo Iglesias hace dos semanas, cuando enunció antes de reunir a la dirección de su partido las cinco líneas maestras de su reforma de la norma fundamental. Una de ellas es esta, el blindaje de derechos como la educación, la sanidad o la vivienda, que implicaría la “modificación del artículo 53 para equiparar los derechos económicos, sociales y culturales a los derechos civiles y políticos”.

Reforma electoral

Cambiar las reglas del sistema electoral es una conocida bandera de Ciudadanos y Podemos a la que también se ha sumado el PSOE. Los tres hablan de aumentar la “proporcionalidad” a la que emplaza la Constitución, que se ve menguada por la elección de la provincia como circunscripción electoral. Rivera quiere un modelo como el alemán donde 175 diputados sean elegidos en circunscripción nacional y 175 en distritos de unos 250.000 habitantes. Este sistema podría implementarse solo con la elaboración de una nueva ley electoral, si bien Iglesias y Sánchez son partidarios de recoger el cambio en la Carta Magna.

Los socialistas proponen “desbloquear las listas” e “incrementar la proporcionalidad del sistema”, sin más detalles. Y la formación morada eliminar las circunscripciones provinciales y su “efecto mayoritario”, que “contradice el principio de proporcionalidad”. Los tres actores tienen, pues, una posición de partida muy similar, que también coincide en la petición de que las primarias sean obligatorias en todos los partidos para elegir a sus candidatos electorales.

Lucha contra la corrupción

Es uno de los temas donde Iglesias ve más probable entenderse con Ciudadanos, como acreditan los programas de sus respectivos partidos. Podemos apuesta por “que sea imposible utilizar las instituciones para mantener privilegios” y se fija como objetivo prohibir las “puertas giratorias”, endureciendo las incompatibilidades para pasar de un cargo público a una empresa privada afectada por decisiones tomadas en el desempeño de dicho cargo.

También Rivera puso ayer énfasis en la necesidad de “eliminar privilegios” de los políticos como el aforamiento, en prohibir el indulto para casos de corrupción y en acabar con las puertas giratorias. El PSOE, por su parte, promueve la limitación del “aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo”, así como “suprimir la inmunidad parlamentaria”.

Territorialidad

PSOE y Ciudadanos coinciden casi al 100% en los aspectos a reformar en lo relativo a la cuestión territorial. Citar en la Constitución el nombre de las autonomías, delimitar las competencias de cada administración y fijar el sistema de financiación de las comunidades autónomas son metas compartidas por los programas de ambos. En cuanto al Senado, Sánchez quiere reformarlo y “convertirlo en una auténtica Cámara territorial”, mientras Rivera aboga por cerrarlo y sustituirlo por un Consejo de Presidentes autonómicos donde se aborden materias que afecten a varias regiones, con un cariz legislativo y no ejecutivo.

Podemos está más distante en este apartado, ya que aboga por reconocer “la dimensión plurinacional de nuestro Estado” en la Carta Magna, incluyendo el derecho “de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país”. En ese mismo marco, quiere también “un nuevo acuerdo de financiación territorial” y una reforma del Senado que adelgace su estructura y, muy en la línea de Ciudadanos, se componga de “representantes de los gobiernos regionales”.

Poder judicial y TC

La reforma del poder judicial para hacerlo más independiente de los políticos lleva años siendo objeto de debate. Ante las próximas generales, Ciudadanos y Podemos se la han marcado en rojo, proponiendo audaces y novedosas medidas para desarrollarla. Rivera soltó ayer su gran “bomba”: suprimir el Consejo General del Poder Judicial y otorgar al presidente del Supremo todas las funciones de dicho órgano, actualmente formado por 20 miembros -además del presidente, que lo es también del TS- elegidos por el Congreso y el Senado.  

Podemos, en cambio, propone que el CGPJ esté formado por 15 miembros de la carrera judicial designados directamente por “la ciudadanía” en “elecciones reguladas y promovidas institucionalmente por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso”. Para despolitizar el Tribunal Constitucional, ofrece “un nuevo sistema de nombramientos por cuota de rechazo”, mientras C’s pone el foco en el endurecimiento de las incompatibilidades, apostando por que los miembros del TC “se jubilen” al acabar su mandato y no puedan ocupar ningún “empleo público o privado”. El PSOE, por su parte, propone que todos los magistrados sean elegidos por las Cortes -actualmente el Gobierno designa dos y el CGPJ otros dos-. Sánchez, Rivera e Iglesias también coinciden en la necesidad de impulsar las iniciativas legislativas populares.