Bankia pensaba que estaba haciendo un buen negocio cuando salió a Bolsa, aunque al final resulta que los que más están prosperando gracias a esta operación son los abogados de quienes compraron sus acciones. Aunque la entidad no puede cuantificar el “efecto Casillas” -asociado con la aparición del famoso portero de fútbol en un anuncio del bufete Arriaga-, lo cierto es que el banco ha pagado ya 60 millones de euros. Y lo que le queda.

Cuando le han preguntado al consejero delegado de Bankia, José Sevilla, acerca del impacto del “efecto Casillas” -como él mismo lo denomina-, ha habido risas entre los asistentes. También sonrisas en la mesa de los ejecutivos que han explicado las cuentas trimestrales, en las que consta una subida del beneficio del 7,3% en lo que va de año. Pero mucha gracia no les hace este asunto.

Las denuncias de los afectados por la salida a bolsa de Bankia inundan los tribunales y lastran las cuentas de la entidad: 9 de cada 10 causas terminan en sentencia contra el banco.

Por el momento, y de acuerdo con la información que ha ofrecido el consejero delegado, Bankia lleva pagados 60 millones de euros, pero la cantidad reclamada por los accionistas en los tribunales asciende a 624 millones. Así pues, le quedan 564 millones por dilucidar en los juzgados. De seguir la racha ostensiblemente negativa en los tribunales del 93% de casos perdidos, tendría que abonar otros 524 millones.

Bankia lleva pagados 60 millones pero la cantidad reclamada por los accionistas de la salida a bolsa asciende a 624 millones

Gran parte de la culpa de esta onerosa carga recae en algunos bufetes de abogados; existen firmas que están “potenciando incluso con campañas mediáticas” las demandas, según Sevilla.

“Se refiere a Arriaga Asociados, que hace con mucho la máxima publicidad. Yo personalmente creo que con la publicidad que hacemos nosotros no influimos, pero quizá sí que ha podido influir que la mayoría de los jueces tienen una realidad muy cercana al problema”, explica a SABEMOS el director del mediático bufete, Jesús María Ruiz de Arriaga. “Ha calado en la sociedad a todos los niveles; la realidad es muy próxima a todos los ciudadanos. Es muy poca gente la que se ha escapado”, añade.

Frente a la postura de Sevilla, quien cree que la salida a bolsa fue “reglada” y “normada”, Ruiz de Arriaga defiende la postura de los peritos que han declarado en sede judicial. Para el abogado, la información que se dio sobre el banco en el folleto de entrada en el parqué no era cierta, ya que Bankia estaba prácticamente en quiebra.

Mientras la entidad se escuda en el respaldo que obtuvo del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ruiz de Arriaga dice que los reguladores “miraron para otro lado”.

Bankia dice que va a seguir oponiéndose en los tribunales a quienes reclamen una compensación porque la empresa tiene que defender a los accionistas actuales, a la sazón los contribuyentes españoles.

Por su parte, Arriaga continúa con su cruzada contra la salida a bolsa. Con o sin efecto Casillas. Aunque prefiere no hablar de un nicho de mercado de accionistas de Bankia.

“Habría que plantearlo con otras palabras. Esto es una situación de injusticia que necesita abogados para que la gente recupere lo que es suyo. Aunque lo queramos definir en términos de marketing, la realidad es que hay personas que han perdido mucho dinero y necesitan abogados que lo recuperen”, concluye el director del bufete.

Cláusulas suelo

Otro de los líos legales del sector financiero son las cláusulas suelo. Al consejero delegado de Bankia este tema no le preocupa, ya que sólo un 3% o un 4% de la cartera hipotecaria de la entidad, según sus estimaciones, cuenta con estas condiciones.

Pese a ello, José Sevilla reconoce que retirar las cláusulas suelo tiene un impacto anual en sus cuentas de 40 millones de euros.

Sevilla recalca que Bankia eliminó estos elementos contractuales “por convencimiento propio”, aunque se mantiene cauto y a la espera de la decisión de la decisión final del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusulas suelo, aunque la Comisión Europea ya le haya transmitido a la alta corte comunitaria que está del lado de los afectados.