Las grandes eléctricas españolas ven posible cumplir los objetivos de la UE contra el cambio climático para 2030, pero para eso hay que instalar 30.000 MW en energías renovables (casi todo eólica, la tecnología que ellas controlan) y hay que garantizar la seguridad de suministro con pagos a nuevas centrales de gas aunque funcionen muy por debajo de su capacidad.

Las grandes compañías eléctricas españolas dicen estar comprometidas con la política contra el cambio climático promovida por la Unión Europea y por los objetivos de recorte de emisiones contaminantes y de promoción de las renovables, entre otros aspectos, de cara a 2030. Un ámbito en el que el sector energético, y en concreto el eléctrico, tendrá un papel relevante por razones obvias.

Unesa, la patronal que agrupa a las cinco grandes compañías del sector (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP), ve factible que España consiga contribuir esos objetivos y que sitúe su aportación en la media que reclama la UE en relación al mix energético. Pero para conseguirlo hará falta grandes inversiones, y las eléctricas entienden que para promoverlas y hacerlas atractivas la retribución que se conseguiría a través del mercado no sería suficiente y reclaman respaldo con fondos públicos para allanar el camino. Fondos que, según reclama la patronal, deberían salir directamente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no de nuevos cargos en la tarifa eléctrica.

Más renovables y… más térmicas

Según los cálculos de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que se apoya en un estudio encargado a la consultora The Boston Consulting Group, España puede llegar a 2030 con las energías renovables representando el 27% de la energía final bruta (y el 52% de toda la generación), pero para ello hace falta sumar 30.000 MW nuevos de potencia instalada enteramente renovable en los próximos quince años. La propuesta de Unesa es que de esos 30.000 MW de nueva potencia renovable, 22.000 MW se reserven para la energía eólica (que es la tecnología renovable que controlan las grandes eléctricas y a la que resulta difícil que entren actores ajenos), frente a, por ejemplo, sólo 5.000 MW destinados a la energía solar.

En paralelo, aun sumando toda esta nueva potencia renovable, en el informe de The Boston Consulting se apunta a que la seguridad de suministro no estaría del todo garantizada. El total de potencia instalada de respaldo (la que puede funcionar en todo momento: nucleares, ciclos combinados… la eólica y la solar no se considera) sumaría en 2030 un total de 48 GW, pero para cumplir con la normativa comunitaria la potencia firme debería ascender a 56 GW. Y la propuesta de Unesa es que esos 8.000 MW adicionales de potencia firme se articule a través de nuevas centrales térmicas (singularmente ciclos combinados, que queman gas natural).

Las grandes eléctricas reclaman que, para impulsar estas nuevas instalaciones renovables y térmicas que, según sus cálculos, serían necesarias para cumplir los objetivos medioambientales de la UE, se cree que un nuevo sistema de primas para las energías verdes y se amplíe el sistema de pagos por capacidad para la potencia de respaldo.

Los pagos por capacidad ya se realizan a las compañías titulares de instalaciones de potencia firme a cambio de mantener las centrales sólo por si fueran necesarias, y aunque no funcionen, ni mucho menos, a pleno rendimiento. Actualmente, en un contexto de demanda contenida y de sobreoferta eléctrica, los ciclos combinados está funcionando a un 10 u 11% de su capacidad, pero se les abona esa retribución entonando un “por si acaso hacen falta”. La previsión para 2030 que maneja Unesa es que la potencia térmica funcione unas 1.500 horas anuales (un 17% de su capacidad de unas 8.000 horas) y “con esos niveles no se justifican las inversiones” si no se mantienen o amplían los pagos por capacidad.

Con cargo a los PGE

“Los mecanismos de mercado no serán suficiente [para impulsar estas nuevas inversiones] y hará falta otros sorportes”, explicó ayer Ramón Baeza, socio de The Boston Consulting, en la presentación del informe El sector eléctrico y los objetivos de energía y clima de la CE para 2030. “Hay que revisar los mecanismos y los incentivos a las renovables y a la nueva potencia térmica que será necesaria”.

Y esos incentivos, según Unesa y la consultora contratada, deberían articularse exclusivamente a través de partidas de los presupuestos públicos y, en ningún caso, mediante nuevos recargos en la tarifa eléctrica. “La lucha contra el cambio climático es una política de Estado que beneficia al conjunto de la sociedad y debería ser costeada por el conjunto de la sociedad. No sólo por los usuarios eléctricos”, sostuvo Eduardo Montes, presidente de Unesa. “Reducir emisiones es labor de todos y es un bien público, y hay que costearlo entre todos, por lo que debe ser asumido por el conjunto de la sociedad con partidas de los PGE”, abundó Baeza.