La Fundación Renovables ha hecho públicas este jueves sus propuestas para conseguir que la economía española sea 100% renovable y de emisiones cero en el año 2050, en aras a que los partidos políticos las tengan en cuenta durante la elaboración de los programas con los que concurrirán a las elecciones del próximo 20 de diciembre.

El presidente de la fundación, Domingo Jiménez Beltrán, y sus vicepresidentes, Fernando Fernando Vitales y Jorge Morales de Labra, han presentado el documento [Versión íntegra al final del texto], que parte de un cambio de paradigma que sitúe al ciudadano como centro del sistema, considere la energía como “un bien básico y escaso que debe estar por encima de los intereses económicos” y cuyo acceso debe estar “garantizado como un derecho”, y que prime las actuaciones para regular la demanda –eficiencia y ahorro– más que incrementar la oferta, según recoge Europa Press.

“Se trata de fomentar una nueva cultura de la energía”, ha resumido Jiménez Beltrán, que aboga por un sistema más transparente y que permita una mayor participación ciudadana, desde las administraciones municipales, para lograr la sostenibilidad económica pero también social y medioambiental.

Para ello, el informe incluye casi 330 propuestas con las que se conseguirá que en 2050 la economía española se base totalmente en energías renovables y tenga emisiones cero, además de la mitad de consumo energético que actualmente y un 60% más de eficiencia. Para llegar a ese punto es necesario comenzar cumpliendo los objetivos 2020 de la UE al final de la próxima legislatura.

Erradicación de la pobreza

El programa de la Fundación Renovables plantea erradicar la pobreza energética introduciendo tarifas sociales basadas en el poder adquisitivo y la eficiencia en el consumo, así como inversiones públicas en autoconsumo en las viviendas de protección oficial. Además, propone actuar sobre el transporte para reducir su consumo energético un 30% en 2020 mediante la electrificación paulatina del parque hasta conseguir un 100% de vehículos eléctricos en 2050 y la imposición de nuevos estándares de emisiones máximas.

También se reclama una “reforma global urgente” del sector energético que pase por una auditoría de los costes del sistema y una reconfiguración “integral y transparente” de la factura, que debería ser trinómica, con un coste fijo de conexión, otro en función de la demanda en el momento crítico y otro según el consumo, de modo que se repartan “proporcionadamente” los costes entre los consumidores domésticos y los industriales.

La Fundación considera imprescindible implantar una Comisión Nacional de la Energía “fuerte e independiente” así como fortalecer al operador del sistema. Y también reclama recuperar la seguridad jurídica en las inversiones perdida en esta legislatura.

Autoconsumo

En materia de autoconsumo, el organismo lamenta las barreras y dificultades que se han puesto a los ciudadanos por lo que exige la derogación del real decreto para crear un sistema “abierto” y “sencillo” que no imponga límites por tamaño de la instalación, potencia instalada o por relación entre energía generada y consumida.

En este sentido, Morales de Labra aboga por un sistema que monetarice los kilowatios producidos y vertidos a la red, como vía para tener en cuenta el coste de la energía producida o consumida en cada momento, como alternativa al sistema de balance neto tradicional utilizado en países como Estados Unidos.

La Fundación cree asimismo que hay que permitir que los pequeños productores sean operadores energéticos diferenciados y protegidos sin necesidad de que se conviertan en empresarios, y reclama que se facilite el almacenamiento y las redes compartidas, entre otras medidas a través de la fiscalidad. En este ámbito, y más allá del autoconsumo, el documento plantea una revisión de la Ley de Hidrocarburos y de los tramos del IVA, y la eliminación de las subvenciones y bonificaciones a la producción y uso de energías no renovables. Y es que, tal y como ha afirmado Fernando Vitales, no basta con incentivar los buenos hábitos sino que también hay que desincentivar los negativos.

Ahorro y eficiencia

En materia de ahorro y eficiencia energética, la propuesta de la Fundación pasa por la puesta en marcha de planes sectoriales y de sustitución de electrodomésticos, equipos de climatización o alumbrado público, entre otros. Igualmente, recoge la necesidad de actuar en el ámbito agrario y en la rehabilitación para conseguir edificios de consumo casi nulo, así como integrar la gestión del agua y la energía.

También aboga por cerrar todas las centrales de carbón y abandonar la minería en el año 2025 como máximo, aprobando planes para una transición laboral “justa” de las comarcas afectadas, donde podrían desarrollarse programas de silvicultura o de biomasa.

Con respecto a la energía nuclear, la Fundación exige el cierre programado de todas las centrales cuando finalicen sus licencias (la última, en 2024) y estudiar la cantidad de residuos que habrá que gestionar antes de construir el ATC, que “sólo tiene sentido como una parte más del plan de desmantelamiento” de este sector.

Finalmente, se reclama la prohibición de las prospecciones de hidrocarburos y del fracking, así como de la compra del gas que provenga de países que utilizan esa técnica de extracción. Igualmente, se plantea un nuevo modelo energético para las islas que pase por el incremento de los incentivos a las renovables, la electrificación de la demanda y un marco de financiación específico.