Tras el órdago lanzado ayer por los independentistas –al aprobar una propuesta de resolución que tiene por objeto iniciar el proceso para la desconexión de España-, el Ejecutivo de Rajoy intenta pactar con la oposición constitucionalista una respuesta, si finalmente esa iniciativa es aprobada en el Parlamento catalán. Según cuentan a SABEMOS fuentes de la Moncloa, es intención del Gobierno popular que esa respuesta se centre en dos puntos básicos: por un lado y como recurso extremo, la supresión de la autonomía por la vía del artículo 155 de la Constitución; y, por otro, la puesta en marcha de actuaciones penales por la comisión de presuntos delitos para aquellos diputados regionales que voten a favor de la resolución, que tendrá lugar la próxima semana en el Parlamento catalán.

El presidente del Gobierno, Marino Rajoy, lo dejó ayer bien claro tras conversar telefónicamente con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera: “El Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes”.

¿En qué consisten todos esos mecanismos políticos y jurídicos? Hay que partir de la base de que, de momento, sólo existe una “declaración de intenciones”, centrada en una propuesta de resolución pactada por dos grupos que cuentan con mayoría en el Parlamento catalán (Junts pel Sí y la CUP). La trascendencia jurídica llegará cuando la propuesta sea aprobada: previsiblemente la próxima semana, según la hoja de ruta de las fuerzas secesionistas.

Será entonces cuando se ponga en marcha la maquinaria del Estado para frenar el órdago secesionista. A la espera de que el Gobierno –en comunicación directa con el PSOE y Ciudadanos- mueva ficha, diversos agentes jurídicos empiezan a pronunciarse sobre la cuestión.

Casi todas las asociaciones de jueces tienen claro que los límites en el ejercicio del poder se encuentran en la Constitución y el ordenamiento jurídico, que son garantía contra las arbitrariedades. A partir de ahí, cada asociación hace su propia lectura. La más contundente es la Francisco de Vitoria, que habla ya de un escenario clarísimo del delito de sedición.

Lo que dice el Código Penal

El artículo 544 del Código Penal define así ese delito: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

El artículo siguiente fija las penas a aplicar: “Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”.

En opinión de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, los procedimientos judiciales que podrían derivarse de esta actuaciones afectarían a todos los parlamentarios que voten a favor de la propuesta de resolución, como a los promotores de la iniciativa, entre los que se encontraría el actual gobierno en funciones, presidido por Artur Mas, informa la agencia Europa Press.

No es tan contundente la Asociación Profesional de la Magistratura. Según la APM, “el Constitucional, en resoluciones anteriores, ya lo ha manifestado: el alcance de lo que puede hacer el Parlamento de Cataluña es el marcado en la Carta Magna”. “La grandeza del Estado democrático es que todos, del primero al último, estamos sometidos al imperio de la ley”, concluido la asociación mayoritaria entre los jueces.

La asociación progresista Jueces para la Democracia no lo tiene tan claro. En su opinión, la propuesta de resolución aprobada por el Parlamento catalán es una cuestión estrictamente política, que debería ser resuelta a través del diálogo entre los partidos y las instituciones afectadas.

De similar parecer es el PSOE. El secretario general de los socialistas aseguró –tras conversar telefónicamente con Rajoy- que la “crisis con Cataluña” deberá resolverse desde la política. A su entender, pese a la “provocación antidemocrática” que, a su juicio, han hecho Junts pel Si y la CUP, de lo que se trata es de negociar hasta la extenuación. A su juicio, a los secesionistas se les puede ganar con los argumentos del diálogo y de la convivencia.