Al lector mínimamente observador no le habrá pasado desapercibido que el único apoyo que ha recibido el Gobierno en relación con la reciente aprobación de su atroz normativa contra el auto abastecimiento de electricidad haya provenido de las compañías eléctricas, las más perjudicadas por la ola de democratización energética renovable que está arrasando el mundo.

El Gobierno —y las eléctricas, que en esto, son sinónimos— argumentan que Lucio, ese consumidor que ha comprado un kit solar sin pedir subvención alguna para reducir su factura eléctrica, sería insolidario si la energía que va desde su tejado a su frigorífico no contribuyera a sufragar los costes “del sistema”. Se nos dice que lo que dejara de pagar Lucio lo tendríamos que pagar los demás.

Seguro que ya ha adivinado el truco que esconde el “impuesto al sol” así construido: parte de que los ingresos “del sistema”, esto es, de las eléctricas, no pueden variar por mucho que la energía que circula por sus redes se reduzca apreciablemente.

No es de extrañar que Lucio se sienta discriminado con Ignacio, que se compró una chimenea y ya no pone el radiador eléctrico, sin que nadie le reclame la contribución “al sistema” de la parte de electricidad que ha dejado de consumir. No hay “impuesto a la leña”.

La oposición a esta barbarie es tan amplia y tan diversa —asociaciones de consumidores, ecologistas, movimientos sociales, empresarios renovables, instaladores, sindicatos… no sorprende que todos los partidos políticos salvo el que sustenta al Gobierno se hayan comprometido a derogarla— que, coincidiendo con la aprobación de la norma, dos oportunísimos estudios de sendas consultoras internacionales han venido a auxiliar al Gobierno pronosticando una importante subida del precio de la luz debida a la eclosión descontrolada del autoconsumo, que es como se llama al auto abastecimiento de energía en el sector.

Las consultoras, en ejercicio de una muy significativa muestra de falta de transparencia, se niegan a desvelar quién ha financiado sus sesudos informes. No nos hace falta. Hoy no puedo; pero algún día de estos escribiré sobre la importante (y casi siempre olvidada) relación entre las consultoras y las denominadas puertas giratorias, que permiten a cargos públicos trabajar con importantísimas retribuciones para las empresas objeto de su función pública previa.

Dejando de lado que estos informes “independientes” plantean unos escenarios de penetración del autoconsumo que la patronal del sector solar no prevé alcanzar, en el mejor de los casos, en al menos 30 años, llama la atención que contabilizan entre los costes “del sistema” que dejan de ingresar los Lucios, ya no solo los ingresos de las centrales eléctricas que se paran, sino incluso los impuestos que éstas dejan de ingresar. Ninguna referencia a que, aunque prevean que nada menos que 17 millones de familias (la totalidad de las existentes en España) se conviertan en eléctricamente autosuficientes, los costes del sistema que debiera pagar el resto de consumidores sufrieran la más mínima merma.

El problema de estas tecnologías disruptivas que son mejores en todos los sentidos, por ser más baratas, más limpias, más democráticas y, al fin y al cabo, más sostenibles que las existentes, lo tienen perfectamente denominado los norteamericanos: “espiral de la muerte”. En efecto, las compañías ancladas en la tecnología obsoleta, ante una reducción del número de sus clientes, tratan de mantener sus ingresos subiendo los precios a los que se quedan, aumentando así el incentivo de éstos a dar el salto a la nueva tecnología e iniciando un proceso que se auto acelera muy rápidamente y que es el principio del fin de su negocio tradicional.

Confío en que la actual oposición cumpla su compromiso —muchos estaremos aquí para recordárselo— y derogue esta vergonzante normativa en unos meses. De lo contrario nos encontraríamos con que en nuestra España del siglo XXI estaríamos incentivando que cada cual tuviera en su casa su propia mini red eléctrica desconectada que, a la larga, es un sistema mucho más caro y más ineficiente que el de utilizar de forma razonable un sistema eléctrico a cuya construcción llevamos contribuyendo desde hace 120 años.

Las compañías eléctricas tradicionales deben reconvertirse y adaptarse a las revoluciones tecnológicas. Apoyar impuestos al sol para justificar la persistencia de su obsoleto negocio no les lleva más que a acelerar su propia espiral de la muerte.