Pese al respaldo que le supone contar con un grupo parlamentario ampliamente mayoritario, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, acaba la legislatura batiendo todos los records de gobernar a golpe de decreto. Precisamente, el 35 por ciento de las iniciativas legislativas enviadas por su Gabinete a las Cortes fueron decretos-ley. Su antecesor José María Aznar no se atrevió a tanto: llegó al 20 por ciento en la segunda legislatura, también con mayoría absoluta, y al 33 en la primera. En esta forma de gobernar a golpe de decreto, ambos mandatarios del PP superan ampliamente a los presidentes del Gobierno de la UCD y el PSOE.

Según establece el artículo 86 de la Constitución, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, que tomarán la forma de decretos-leyes, “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”. Los decretos ley no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Ese tipo de norma jurídica debe ser debatida por el Congreso de los Diputados en un breve plazo -30 días-, para convalidarlo o derogarlo. Las Cortes no podrán modificar su texto en ningún caso.

En la práctica, el decreto ley se ha asentado no ya como un recurso de urgencia, sino como una vía mediante la cual el Ejecutivo incorpora leyes al ordenamiento jurídico ahorrándose el tiempo que dura la aprobación de una ley normal.

Con la coletilla de “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, fue intención de los padres de la Constitución que el decreto-ley no tuviera una utilización abusiva por parte del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy ha envidado a las Cortes para su aprobación nada menos que un total de 75 normas de este tipo.

“El PP confunde urgencia con electoralismo”

Al principio de la legislatura, el Gabinete del PP remitió a la Cámara un buen número de decretos-ley con el argumento de que la crítica situación económica justificaba la urgencia de tal forma de gobernar. En ese capítulo se incluyeron paquetes de medidas para la corrección del déficit público, el saneamiento del sector financiero, la reforma laboral, el pago a los proveedores y la reestructuración de las entidades de crédito.

Después vinieron decretos-ley cuya urgencia no estaba tan justificada. Se trató de iniciativas tachadas por la oposición de electoralista, como la de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras iniciativas de carácter económico, remitidas a la Cámara el pasado mes de julio.

En total, de las 238 iniciativas legislativas enviadas a las Cortes por el Gobierno de Rajoy, 163 fueron proyectos de ley (el 65 por ciento) y 75 reales decretos-ley (el 35 por ciento).

Ningún otro gobierno alcanzó tales cotas de utilización del método extraordinario y urgente que supone el decreto. Otros Ejecutivos con mayoría absoluta –como los de Felipe González y José María Aznar- se quedaron lejos de las cifras de Rajoy. En la primera legislatura de Gobierno socialista, González remitió a las Cámaras 209 proyectos de ley y 40 decretos. Entre los años 2000 a 2004 –también con mayoría absoluta del PP-, Aznar aprobó 175 proyectos de ley y 42 decretos.

La única legislatura que ha tenido mayor número de decretos-ley que la actual fue la primera de Aznar. Entre 1998 y 2000 se enviaron a las Cortes un total de 85 decretos, diez más que ahora, y 192 proyectos de ley. Sin embargo, en término porcentuales, gana el periodo de Rajoy al de Aznar: 35 frente a 33.

Abuso del trámite de urgencia para los proyectos de ley

Estos datos sirven a la oposición para denunciar el absoluta desprecio que el Gobierno de Rajoy siente por el Congreso y el Senado. El PSOE, que ayer hizo balance de su actividad parlamentaria durante estos últimos cuatro años, ofrece otra serie de cifras para dar más fuerza a ese mismo argumento. Según los socialistas, su grupo ha registrado un total 1.959 iniciativas no legislativas entre proposiciones no de ley, interpelaciones y mociones, y ha planteado 64.578 preguntas escritas y orales al Gobierno, de las que 6.835 no han obtenido respuesta.

Además, ha solicitado casi 2.000 comparecencias de miembros del Ejecutivo. De las 1.991 peticiones, 79 iban dirigidas a Rajoy, quien sólo ha atendido 2 de las 105 que le reclamaron todos los grupos de la oposición.

Y aún más grave es para el PSOE que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, únicamente haya dado explicaciones en una ocasión ante la Comisión Constitucional. Lo hizo al inicio del mandato para exponer las líneas generales de las políticas que pensaba impulsar desde su departamento.

Además, según el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, que de los 163 proyectos de ley que ha remitido al Parlamento, 59 se han aprobado por el trámite de urgencia, restando margen de maniobra a la oposición. Y que la ausencia de miembros del Gobierno en las sesiones de control ha sido, según el PSOE, una constante porque en toda la legislatura se han registrado 200 ausencias, siendo los que más novillos han hecho los ministros de Exteriores, Defensa, Fomento e Industria.

Todos estos datos llevan al PSOE a concluir que se ha vivida en el Congreso una legislatura perdida para la modernización de España, la lucha contra la corrupción y el combate del desempleo. ·”Ha sido la legislatura de los recortes de salarios, de derechos, de libertades y de servicios”, sentenció Hernando.