Los imputados por la investigación de los terremotos generados en la zona próxima al proyecto Castor empiezan hoy a declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón). Las actividades de esta plataforma de almacenamiento de gas subterráneo, construida por una empresa controlada por ACS, fueron finalmente paralizadas cuando se detectaron numerosos movimientos sísmicos mientras estaba en funcionamiento.

Pese a ello, tanto ACS como su presidente, Florentino Pérez, pueden estar más o menos tranquilos porque es muy complicado que el caso tenga consecuencias penales para ellos. Más problemas puede tener Escal, la empresa cuyo accionariado estaba dominado por la constructora, aunque tiene sus argumentos para defenderse.

En la evaluación de estos casos pesa mucho que la autorización administrativa para los trabajos haya sido concedida de forma lícita o ilícita, asegura el profesor titular de Derecho Penal de la UC3M, Jacobo Dopico. Pero, de cualquier manera, la empresa puede escudarse en que disponía de las licencias para tratar de exculparse.

La empresa puede escudarse en que disponía de las licencias para tratar de exculparse

“Si la autorización para sus actividades fuese por algún motivo irregular, sería posible deducir responsabilidad penal contra el funcionario que la hubiese dictado, pero sería muy difícil hallarla en los administradores o directivos de la empresa acusada. Estos siempre podrían decir que actuaron fiándose de la decisión administrativa, en la creencia de que operaban dentro de la legalidad”, asegura el profesor titular de Derecho Penal de la UC3M, Jacobo Dopico.

Frente a este argumento, el de las licencias, la Fiscalía acusaba a Escal de disponer de informes que asumían la posibilidad de que se produjeran terremotos como consecuencia de la actividad de inyección de gas en el subsuelo. Asimismo, la denuncia expresa que la empresa hizo “caso omiso” de las advertencias que emitió el Observatorio del Ebro sobre los seísmos, motivos por los que se le atribuye un posible delito contra el medio ambiente.

En el juicio van a declarar, además de 8 consejeros de la compañía, 10 funcionarios del Instituto Geológico Minero (IGM), del Ministerio de Industria y del Ministerio de Medio Ambiente. El juez tendrá que dirimir si alguno es responsable de un delito de prevaricación por supuestas irregularidades al tramitar los permisos para el proyecto Castor.

Las penas para los delitos que se juzgan son de 2 a 5 años de prisión y multa, así como inhabilitación profesional

Las penas para las personas que tomen este tipo de decisiones ilegales son “importantes”, según el profesor Dopico: de 2 a 5 años de prisión y multa, así como inhabilitación profesional, detalla.

No obstante, matiza el profesor Dopico, las penas podrían ser de 5 años y un día de prisión hasta 7 años y medio si concurren ciertas circunstancias reflejadas en la legislación penal que estuvo vigente en el momento de la actividad de Castor.

Según el Código Penal, estos supuestos serían: que la industria o actividad funcione clandestinamente; que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa para corregir o suspender las actividades; que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma; que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración; que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico; o que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

Pase lo que pase, Florentino Pérez no está imputado y, además, ACS ya cobró hace casi un año la indemnización de 1.350 millones de euros por no poder continuar con la explotación de la plataforma Castor. Tiene motivos para dormir del tirón.