El Gobierno regional de Castilla y León ha decidido renovar el Código Ético y de Austeridad aprobado en el año 2011. El nuevo texto limita los “privilegios” de los altos cargos y, además de otras normas, les obliga a presentar la dimisión en el caso de tener abierto un procedimiento judicial por un delito contra la administración pública.

El paquete de medidas ha sido presentado por la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, quien se ha encargado de desgranar las principales claves que deberán asumir los altos cargos del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera. El nuevo Código se incorporará a la futura ley que regulará el funcionamiento de estos cargos, que incluye no solo a responsables del Gobierno regional, sino también de fundaciones y empresas públicas que tampoco podrán formar parte de mesas de contratación o de tribunales para la selección de empleados públicos ni de las comisiones de valoración en los procedimientos de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva.

Los altos cargos deberán presentar su dimisión en el caso de estar inmersos en un juicio oral por un delito contra la administración pública. También deben comunicar a la Junta de Castilla y León la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional en su contra que pueda derivar en indicios racionales de comisión de un delito. De igual forma, no podrán aceptar regalos que se salgan de la mínima norma de “cortesía” ni obtener beneficios de ninguna naturaleza por la relevancia del puesto que ocupen o la función que desempeñen. Según Rosa Valdeón, lo esencial es aplicar el sentido común para entender el significado de unos regalos que no deben salirse de la órbita de “un libro, un disco o una botella de vino”, dijo la vicepresidenta.

Los pilares en que se basa este renovado Código responden a los parámetros de objetividad, transparencia, ejemplaridad y austeridad que recogerá un documento en el que los altos cargos tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Los afectados están obligados a hacer pública su participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos, siempre que su participación sea en su condición de alto cargo y renunciarán a las cantidades que les pueda corresponder por dicha participación.

Limitar los coches oficiales

El uso de los vehículos oficiales de la Junta de Castilla y León queda restringido exclusivamente a los miembros del Gobierno regional aunque se permite que los altos cargos residentes fuera de la provincia donde está su puesto de trabajo sí puedan utilizarlos como medio de transporte aunque la norma sugiere realizar un uso compartido del mismo. El resto de los altos cargos solo podrán utilizar un coche oficial para los desplazamientos propios de la actividad laboral y nunca para desplazarse desde su vivienda al trabajo.

La Junta también limita los regalos institucionales, que serán siempre publicaciones de la administración o productos elaborados por la propia administración.

El nuevo Código recoge que en los dos años siguientes a su cese, los altos cargos no podrán ser contratados por empresas concesionarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o que lo hubieran sido mientras ostentaban tal condición, siempre que hubieran participado en el correspondiente proceso de adjudicación.