Vodafone considera que los principales exdirectivos de Ono, en concreto, el expresidente José María Castellano, la exconsejera delegada Rosalía Portela y el exdirector de finanzas Carlos Sagasta, infringieron sus deberes “fiduciarios” como administradores al ser los máximos responsables de la compañía cuando ésta se vio involucrada en un fraude de IVA.

Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press respecto a la disputa que mantiene con la antigua cúpula directiva de Ono que esta infracción es la razón por la que Vodafone presentó una demanda de responsabilidad social que se tramita actualmente en el juzgado de lo mercantil competente.

La compañía reclama a los antiguos consejeros ejecutivos de Ono el pago de una indemnización solidaria por importe de más de 140 millones de euros. Además, la firma decidió bloquear el bonus millonario que tenía acordado la empresa con estos directivos.

En este sentido, las fuentes han recordado que la Agencia Tributaria inició una inspección a Cableuropa (Ono) en relación con el negocio de reventa internacional de voz que se venía desarrollando mientras Portela, Castellano y Sagasta eran los responsables de la gestión de la compañía. La compañía ha informado que dicho procedimiento concluyó estableciendo una deuda tributaria de más de 72 millones de euros al considerar la Agencia Tributaria que las cuotas de IVA soportadas por Ono no tenían la consideración de “deducibles”.

La Agencia Tributaria establecía en su escrito la constatación de que cuotas repercutidas a Ono, y que ésta había deducido, no habían sido ingresadas en el Tesoro Público, lo que se añadía a la existencia de “otras circunstancias concurrentes” que “inducen al convencimiento de la existencia de una trama defraudatoria de IVA de la que Cableuropa (Ono) se ha beneficiado y que, de haber sido mínimamente diligente, habría, cuando menos, tenido indicios de la existencia de operaciones irregulares, lo que habría debido llevarle a evitar su implicación en tales operaciones”.

Fraude de IVA acreditado

Para la compañía, el fraude de IVA ha sido, por tanto, “acreditado” y, debido a ello, el nuevo equipo directivo de Ono, nombrado tras la compra por parte de Vodafone, decidió regularizar la situación tributaria “heredada”, ingresando en el erario público las cuotas “indebidamente” deducidas antes de que la Agencia Tributaria iniciara frente a la compañía las acciones derivadas de los hechos puestos de manifiesto y que abarcaban desde inicios del ejercicio de 2012 hasta el momento en que se produjo la venta de Ono en 2014.

La operadora británica comunicó en marzo de 2014 la compra de la firma de cable española por un importe de 7.200 millones de euros, incluyendo deuda, si bien la operación no se cerró hasta el verano una vez recibida la aprobación por parte de la Comisión Europea. Poco después de que se hiciera efectiva la compra, los exconsejeros de Ono presentaron su cese del consejo de administración, que pasó a estar presidido por el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra.

Las fuentes de Vodafone aseguran que el ingreso de la deuda tributaria realizado por Ono era la “única vía” que permitió evitar un perjuicio “mucho más significativo”, tanto a la compañía como a sus anteriores gestores, y no dar lugar al ejercicio de eventuales acciones de naturaleza sancionadora.