El Senado ha aprobado este jueves definitivamente, con el apoyo en solitario del PP, la reforma del Tribunal Constitucional que permitirá al alto tribunal perseguir a los cargos públicos que incumplan sus sentencias, justo el día en el que el presidente catalán, Artur Mas, ha declarado como imputado por el 9N.

La mayoría absoluta del PP ha rechazado los vetos y enmiendas presentadas por los partidos de la oposición a una reforma que, a su juicio, sólo busca beneficios electorales, supone una reforma encubierta de la Constitución y endosa a los tribunales un problema político, como es el reto independentista en Cataluña.

Durante el debate, los nacionalistas han destacado el simbolismo que supone que la aprobación de esta reforma coincida con el paso de Mas por el juzgado, precisamente por incumplir presuntamente una resolución del Constitucional, y en el 75 aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluis Companys.