El plan del Ayuntamiento de Madrid contra la pobreza energética contempla el pago directo de hasta dos facturas de hogares vulnerables y que las eléctricas asuman una rebaja del 50% del recibo para estas familias. El Consistorio reclama al Ministerio de Industria que reforme el ineficaz bono social y que implante una nueva tarifa variable para familias en problemas.

El Ayuntamiento de Madrid empieza a tomar medidas contra un tipo de pobreza que se vive de puertas para dentro de casa, menos visible, pero que afecta miles de hogares. El Consistorio prepara un programa de actuaciones (aún incipiente, aún por perfilar) para combatir la pobreza energética en la capital, para evitar que haya hogares que no puedan abonar los recibos de luz, gas o agua por falta de recursos.

El equipo de gobierno comandando por la alcaldesa Manuela Carmena está dispuesto a abonar directamente hasta dos recibos de electricidad, de gas natural y de agua de familias sin recursos para evitar que las compañías procedan al corte de suministro por impago. De hecho, según ha confirmado hoy la delegada de Equidad y Servicios Sociales del consistorio, Marta Higueras, los ciudadanos ya pueden solicitar el pago de esos dos recibos y se procederá al abono siempre que los servicios sociales confirmen que se trata de hogares vulnerables.

El pago de estos recibos a cargo del presupuesto municipal se trataría únicamente de una medida transitoria, de una fórmula para evitar los cortes de luz, gas y agua de familias pobres. El Ayuntamiento de Madrid ha empezado una ronda de reuniones con las compañías eléctricas de cara a la articulación de un programa de mayor calado para combatir la pobreza energética.

Y es que los planes del Consistorio de Carmena pasan por convencer a las eléctricas de que asuman, con cargo a sus presupuestos de responsabilidad social corporativa, una suerte de tarifa social para hogares sin recursos que conllevaría una rebaja permanente de un 50% de los recibos.

Hasta ahora, la delegada de Equidad ha mantenido encuentros con delegaciones de Iberdrola y de Gas Natural Fenosa, y ambas empresas estudian la propuesta de convenio presentada por el Ayuntamiento. En los próximos días hay nuevas reuniones previstas con Endesa y con el Canal de Isabel II para presentarles el programa. Higueras ha subrayado que, en caso de que las compañías no acepten firmar los convenios propuestos, el Ayuntamiento está dispuesto a asumir el coste que implicaría pagar esa rebaja del 50% para evitar cortes de suministro este invierno.

Madrid pide al Gobierno reformar el bono social

España no ha desarrollado una política específica de lucha contra la pobreza energética. Y los consumidores vulnerables sólo pueden acogerse al denominado bono social (una tarifa con descuento para determinados colectivos aplicable sólo al recibo de la luz, no al de gas). El bono social contempla actualmente un rebaja del 25% en relación a la tarifa que utilizan la mayoría de clientes españoles, por lo que los que pueden acogerse también se ven afectados por la subida de la luz (hasta el año pasado, la tarifa social contemplaba la congelación del precio eléctrico al nivel de 2009, manteniéndose ajena a los vaivenes del mercado).

Algunos de los criterios que permiten a determinados clientes acogerse a este bono social poco tienen que ver con situaciones de pobreza energética (según diferentes definiciones internacionales, se entiende generalmente que existe pobreza energética cuando se destina más de un 10% de los ingresos totales de un hogar a abonar las facturas energéticas o si la familia no puede destinar los fondos suficientes a tener su hogar entre los 18 y los 21 grados). Y es que al bono social pueden acogerse todos los usuarios que tengan contratada una potencia inferior a los 3 kilowatios y todas las familias numerosas. Los dos aspectos sí vinculados con problemas de ingresos que dan acceso al bono social son percibir pensiones mínimas y acreditar que en la unidad familiar todos sus miembros están en paro.

El Ayuntamiento, como parte de su programa contra la pobreza energética, ha solicitado al Ministerio de Industria que reforme el actual bono social para sustituirlo por una tarifa realmente social. La alcaldesa Carmena y la delegada Higueras se reunirán esta tarde con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para reclamar que el bono social llegue a la población que realmente lo necesita.

En este sentido, la propuesta del Ayuntamiento al Gobierno pasa por que los hogares vulnerables (los que dedican más del 10% de los ingresos familiares a gastos energéticos, los que perciben la renta mínima de inserción y los que tienen otras circunstancias que tendrían que evaluar los servicios sociales) puedan acogerse a una nueva tarifa social. Una nueva tarifa que contemplaría descuentos variables en función de las circunstancias y que, en caso de pobreza extrema, el descuento sería del 100% del importe de la factura (esto es, sería gratuita).

El Consistorio de la capital propone a Industria que la nueva tarifa social sea financiada con el fondo de contingencia de los presupuestos o que se buscan vías alternativas de financiación mediante la reestructuración del bono social actualmente en vigor.