La Fiscalía colombiana ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue la posible implicación de Álvaro Uribe en una matanza del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997, cuando el expresidente y senador ejercía el cargo de gobernador de Antioquia, en el noroeste.

Los hechos se produjeron entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, cuando un comando de las AUC (la poderosa red de grupos paramilitares desmantelada entre 2006 y 2008 tras las polémicas negociaciones con el propio Gobierno de Uribe) irrumpió en la aldea de El Aro, en el municipio de Ituango, supuestamente para liberar a unos rehenes de las FARC y, después de varios días de ocupación, asesinó a al menos 19 personas y violó a varias mujeres.

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado colombiano había sido “responsable” de la matanza de El Aro por “los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de las fuerzas de seguridad destinadas en el municipio de Ituango con los grupos paramilitares pertenecientes a las AUC que presuntamente perpetraron sucesivos ataques armados contra este municipio, asesinando a civiles, robando las propiedades de otros y causando terror y desplazamientos”.

 

Imagen de El Aro

 

“Más de seis años después de la incursión en el distrito municipal de El Aro, el Estado colombiano no ha cumplido con su obligación de aclarar los hechos, perseguir a los responsables de forma eficaz y aportar la adecuada reparación a las víctimas y a sus seres queridos”, proseguía la Corte.

Como suele ocurrir cada vez que se relaciona a Uribe con violaciones de derechos humanos, el entorno del exmandatario ha recurrido al procedimiento habitual de acusar al acusador. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, declaró la semana pasada que la solicitud de la Fiscalía cumple una de las condiciones impuestas por las guerrillas de la FARC al Gobierno de Juan Manuel Santos para firmar la paz. Por su parte, el propio Uribe afirmó que la actuación del fiscal forma parte de las “acusaciones electorales del eje fiscal, Santos, Don Berna y Timochenko, alias de Rodrigo Londoño Echeverri, actual comandante en jefe de las FARC.

En respuesta a estas palabras, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, advirtió ese mismo día de que lo que estaba haciendo la Fiscalía es “cumplir” con su “deber de investigar las graves violaciones a los derechos humanos”. “Como fiscal comparto la tesis de que la justicia transicional y el proceso de paz se tiene que construir sin impunidad, pero no debe haber impunidad ni para el paramilitarismo, ni para los miembros de la fuerza pública que estén comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos“, añadió Montealegre.

 

 

Eduardo Montealegre

 

La solicitud del fiscal al Supremo es el resultado de la declaración entregada por el antiguo paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, a una Comisión de la Fiscalía que viajó a los Estados Unidos para entrevistar a este antiguo comandante de las AUC. Según lo que ha trascendido de la declaración jurada, citada por RCN Radio, Don Berna aseguró que la masacre de El Aro había sido ordenada por el fallecido jefe paramilitar Carlos Castaño en colaboración con miembros del Estado, entre ellos el propio Álvaro Uribe, por entonces gobernador de Antioquia.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue la presunta responsabilidad de Uribe Vélez en el asesinato de uno de los principales testigos de los hechos, el antiguo paramilitar Francisco Villalba, alias Cristian Barreto, quien en reiteradas ocasiones había acusado al expresidente de colaborar en la masacre de El Aro. El asesinato de Villalba se produjo el 23 de abril de 2009, cuando Uribe ejercía como presidente de la República.

Fuentes de la Fiscalía señalaron a RCN Radio que tanto la declaración de Don Berna como el análisis del contexto por parte de los investigadores permiten reunir suficientes indicios sobre la presunta implicación de Álvaro Uribe en la masacre de El Aro y en el asesinato de Francisco Villalba, el cual, según Don Berna, había sido presionado para que modificara sus declaraciones inculpatorias contra el actual senador del Centro Democrático.

Montealegre recordó también el citado fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenaba al Estado colombiano por acción y omisión y advirtió al respecto de que la seguridad de la población local corría a cargo, precisamente, del propio Uribe en su condición de gobernador de Antioquia.

 

Vídeo del Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia en relación con la matanza de El Aro

 

Álvaro Uribe ante su laberinto

Ésta no es la primera vez, ni mucho menos, que el nombre de Uribe aparece relacionado con graves violaciones de derechos humanos y con las constantes denuncias presentadas tanto por las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos (HRW y Amnistía Internacional, que han acusado reiteradamente a todas las partes enfrentadas, incluidas las guerrillas, de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario) como por los numerosos activistas del interior del país (muchos de los cuales han pagado muy caras sus investigaciones) sobre los vínculos entre los grupos paramilitares, por una parte, y el Ejército y los altos responsables del Estado, por la otra.

El pasado mes de febrero, el mismo Don Berna acusó desde una cárcel federal de Miami al ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, de mantener nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

En su testimonio ante un fiscal, del que informó el diario bogotano El Espectador, Don Berna (condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico) aseguró que un senador, Miguel de la Espriella, había oficiado de enlace entre los paramilitares de las AUC y el Gobierno de Uribe y que Pedro Juan Moreno, fallecido en 2006 y antiguo secretario de la Gobernación de Antioquia durante el mandato de Álvaro Uribe, era un hombre muy cercano a los paramilitares, hasta el punto de que incluso uno de los grandes líderes históricos de las autodefensas, Carlos Castaño, “lo consideraba uno de sus asesores”.

En febrero de 1998, según Don Berna, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle, fue asesinado debido a que “se había convertido en una persona incómoda porque estaba denunciando unos hechos relacionados con la masacre de El Aro”. “¿Incómodo para quién?”, interrogó el fiscal. Don Berna contestó: “Pedro Juan expuso a Carlos Castaño que el doctor Jesús María Valle estaba haciendo unas denuncias contra él y el presidente Uribe cuando era gobernador de Antioquia. Además, que tenía vínculos con las guerrillas, concretamente con las FARC. Carlos (Castaño) me llama y me dice que le dé la orden a la banda de La Terraza para que le den de baja”. Santiago Uribe ha negado todo lo relativo a este testimonio y ha asegurado que sus presuntos vínculos con Los 12 Apóstoles y la masacre del Aro son infundados.

La ‘parapolítica’

En 2006, en plena Presidencia de Uribe, estalló en el país el escándalo de la “parapolítica”, relacionado con los vínculos entre políticos y antiguos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las investigaciones demostraron que dirigentes políticos y funcionarios del Estado se aprovecharon de estas relaciones para conseguir cargos locales y estatales y desviaron fondos en favor de estos grupos armados, responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos, sobre todo (que no sólo) a partir de principios de los años ochenta.

Buena parte de los políticos investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia eran personas próximas a Álvaro Uribe, quien se defendió, en todo momento, con el argumento de que se trataba de una “conspiración”, incluso del poder judicial, contra su persona. Desde que estalló el escándalo, y hasta 2013, fueron condenadas cerca de 60 personas en el marco del llamado Proceso 8.000, incluidos medio centenar de congresistas.

Todo ello no impidió que 35 personas investigadas por estos vínculos con los paramilitares pudieran presentarse a las elecciones legislativas de 2014 y que 26 de ellos consiguieran escaño. El partido con el mayor número de congresistas investigados es, precisamente, la formación de Uribe, el Partido de la U, que consiguió ocho escaños.

Águilas Negras amenaza a 123 activistas de derechos humanos

En todo caso, y en pleno proceso de paz entre Gobierno y guerrilla, las organizaciones sociales colombianas siguen recordando que el fenómeno paramilitar está lejos de ser cosa del pasado. El grupo Águilas Negras emitió recientemente una amenaza de muerte contra al menos 123 activistas por los derechos humanos en Colombia, en el que los paramilitares anuncian su intención de llevar a cano un “plan limpieza” contra entidades como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Yira Castro y Codhes, medios de información empresariales y el canal público bogotano Canal Capital.

 

 

Esta sería, según ha informado la segunda amenaza masiva contra activistas derechos humanos y una más de las al menos seis amenazas de muerte anunciadas por Águilas Negras en contra de integrantes del movimiento social. El pasado mes de mayo, este grupo paramilitar amenazó a colectivos de animalistas, estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y varios defensores y organizaciones de derechos humanos. Varios líderes sociales, según la emisora local Contagio Radio, han denunciado en reiteradas ocasiones que Águilas Negras tienen relación directa con integrantes de las Fuerzas Armadas con acceso a información de inteligencia militar.

 

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