El conflicto político, jurídico y social al que han llevado los independentistas a la comunidad catalana marcó ayer un punto de inflexión. Las manifestaciones convocadas por los secesionistas a favor de los imputados por el 9-N derivaron en actos de coacción a la Justicia catalana de difícil catalogación por la ausencia de precedentes. El Tribunal Superior de Justicia se vio obligado a emitir una insólita de nota de prensa en la que denuncia el ataque directo y sin paliativos a la independencia de los jueces. Mientras tanto, la Fiscalía investiga ya la presencia del consejero autonómico de Justicia, Germá Gordo, en las protestas.

Cataluña se está convirtiendo en un polvorín. La jornada que se vivió desde primeras hora de la mañana –protagonizadas por las manifestaciones en apoyo de la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la consejera Irene Rigau, convocadas por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium- dejó claro que los independentistas no creen en la separación de poderes ni en la independencia juicial.

Arropadas por buena parte del Gobierno catalán en funciones –salvó el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que declara mañana-, Rigau (por la mañana) y Ortega (por la tarde) comparecieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como imputadas a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por la consulta alternativa del 9-N.

A las puertas del tribunal, ambas fueron recibidas por un millar de personas que enarbolaban esteladas, clamaban por la independencia y entonaban el himno de Els Segadors y la canción antifranquista L’Estaca. Entre los manifestantes se encontraban dirigentes de Unió –tachados de botiflers (traidores) por algunos de los presentes-, Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, la CUP, la ANC y Òmnium.

A primera hora de la noche y en la plaza de Sant Jaume, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, leyó un manifiesto contra las querellas firmado por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, donde se acusa al Gobierno de la Nación de provocar una anomalía democrática al judicializar la consulta del 9-N Actos similares se repitieron en las otras tres capitales de provincias catalanas y otras localidades de la comunidad autónoma.

“La negación de las bases de nuestra convivencia”

Fue tal la presión durante todo el día que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no tuvo otra que emitir un comunicado de prensa con el que intentó dejar claro que los actos de apoyo a los imputados ante su sede eran un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial. Además, los hechos son para la sala de gobierno aún más inadmisibles cuando se trata de una estrategia diseñada por cargos públicos.

El TSJC manifiesta que “no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia con el objetivo de poner en cuestión la legitimidad de jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones”.

En su insólita nota, el máximo órgano que administración de justicia en la comunidad autónoma alerta de que cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia pacífica.

El Poder Judicial apoya a los magistrados catalanes

El conflicto judicial motivado por los independentistas tuvo su derivada en Madrid, donde el Consejo General del Poder Judicial emitió otro comunicado de apoyo al TSJC. “A la vista de lo ocurrido con ocasión de la comparecencia de miembros y ex miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, el CGPJ hace suya la declaración de ese órgano autonómico y muestra su apoyo a los jueces catalanes”, se señala en la nota.

El órgano de gobierno de los jueces manifiesta “su firme voluntad, ante tan intolerable actuación, de prestar todo su amparo” a los magistrados de Cataluña. Y lo hace porque entiende que los graves hechos denunciados afectan a los más esenciales principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de los distintos poderes del mismo.

Durante el pleno del CGPJ, su presidente, Carlos Lesmes, y la práctica totalidad de los vocales apoyaron la nota de que se emitió minutos después, salvo Roser Bach, Concepción Sáez y Enrique Lucas, que se ausentaron de la reunión para no suscribirla.

Por otra parte, la Fiscalía investiga ya la presencia del consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, en la manifestación a las puertas del Tribunal Superior. Tanto el PSOE como el PP tacharon de intolerable la decisión de Gordó de participar en los actos de protesta.

“Desde la época en la que algunos políticos acompañaban a otros a la puerta de las prisiones –en referencia a la presencia de Felipe González a las puertas de la cárcel paea arropar a su ex ministro del Interior, José Barrionuevo, condenado por el caso GAL-, no hemos vuelto a ver nada de este tipo. Exijo que ese señor (Germá Gordó) sea inmediatamente cesado”, exigió el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando.