El gobierno valenciano irá a la guerra con Madrid. Todas las fuerzas políticas que conforman las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad “decir basta” y “no ser tratados como ciudadanos de segunda” —expresiones literales que se encuentran en la declaración firmada por PSOE, PP, Podemos, Compromís y Ciudadanos— y exigir al gobierno central un nuevo modelo de financiación, la compensación de la deuda histórica y un aumento de al menos tres puntos porcentuales en las inversiones para la Comunidad en los Presupuestos Generales del Estado.

Eso sí el bipartito consiguió los votos pero no la unión, puesto que el debate de la declaración institucional se convirtió en un esperpento en el que el PSOE superó al independentismo catalán clamando “Madrid nos mata” y la portavoz del PP enseñó a los diputados su foto de primera comunión. Cataluña puede tener el Seny pero Valencia sigue siendo la primera en sentido del espectáculo.

¿Que se votó ayer?

Técnicamente sólo se ha aprobado una declaración institucional por la que las Cortes Valencianas, por unanimidad, ordenan al Consell (el gobierno valenciano) que exija al gobierno central un nuevo modelo de financiación basado en tres puntos:

1.- Una reforma del sistema de financiación autonómica que asegure el mantenimiento de los servicios básicos del Estado de Bienestar en el territorio valenciano. Además este nuevo nivel de financiación debe calcularse de forma retroactiva puesto que el texto aprobado habla expresamente de que se calcule desde 1 de enero de 2014.

2.- Reconocimiento de los déficits de financiación que ha sufrido la Comunidad Valenciana desde 2002 a 2013. Que cifran en 12.433 millones de euros.

3.- El aumento de las inversiones estatales hasta el alcanzar un porcentaje equiparable al que peso que tiene la Comunidad Valenciana en España (que el Consell estima entre el 10% y el 11%, alegando tanto población como aportación al PIB).

En el terreno más práctico, lo que se ha conseguido es dotar al President de la Generalitat de una mayor autoridad política para defender en Madrid un cambio en las relaciones España-Valencia. En este sentido cabe destacar que los planes del actual Molt Honorable, el socialista Ximo Puig, no se limitan sólo a querer recibir más dinero de Madrid. El socialista ha defendido la creación de un fondo de garantías, similar al que existe para respaldar las pensiones, que permita que las caídas de recaudación no se traduzcan en recortes del Estado de Bienestar, la creación de un “espacio fiscal propio” para todas las autonomías, o lo que es lo mismo un mayor poder recaudatorio, y un reequilibrio financiero de las comunidades con una revisión de la contribución de las haciendas forales a las cargas del Estado. Puig es consciente de que la batalla por la financiación, además de un problema vital para su autonomía, es su capacidad de demostrar que es más que una figura decorativa en un gobierno eclipsado por el carisma de Mónica Oltra, y por ello va a por todas con una propuesta más cercana a un modelo federal que a la cada vez más descafeinada fórmula del “café para todos”.

Puig se juega tanto que se ha comprometido a luchar contra el gobierno central que salga tras las elecciones, aún cuando sea de su propio partido, si este rechaza las reivindicaciones de la Generalitat Valenciana, y todos saben que Compromís ha exigido ya que en ese caso se lleve al mismo ejecutivo español hasta los tribunales.

¿Es la financiación un problema tan urgente para tener que ser abordado a las puertas de unas elecciones generales?

La Generalitat Valenciana viene ya desde la anterior legislatura exigiendo una revisión del modelo de financiación. De hecho fue el mismísimo Partido Popular Valenciano quien en pleno 2013, con Mariano Rajoy ya en el poder, creó una comisión de expertos para cifrar cuál era la deuda histórica que se debía reclamar a Madrid (13.500 millones a los que se pueden sumar unos 3.000 más en concepto de intereses).

Hay que destacar que la autonomía valenciana es la única que con una renta per cápita inferior a la media española es contribuidora neta, aporta más de lo que recibe, de las arcas estatales. El modelo actual ha favorecido que la deuda de 40.000 millones de euros que ya acumula la autonomía no haya dejado de crecer a pesar de los recortes, y en la cámara de Les Corts se escucha cada vez en voz más alta la palabra “impagable”. La situación se agrava día a día y en el pleno de financiación se han escuchado ya adjetivos como “pobre”, y expresiones como “al borde del abismo” para definir la situación de la Comunitat Valenciana.

Además del problema de la deuda hay que tener en cuenta la enorme diferencia de inversiones del Estado en la Comunidad Valencia frente a otras autonomías, que empieza a ser interpretada como un insulto por gran parte de la población, y especialmente por los círculos empresariales regionales. Sólo la construcción del AVE ha conseguido que la inversión estatal se acercara en un ejercicio a la media de inversiones nacional, lo normal es que Valencia se mueva entre el 6 y el 7% de las inversiones. Para ejemplificar más el agravio Puig presentó al debate datos sobre la financiación por habitante que reciben otras comunidades comparadas con Valencia; el análisis de Puig, con el que están de acuerdo el resto de partidos del hemiciclo, asegura que un madrileño 165 euros más al año que un valenciano, un catalán 300 euros más, y un vasco recibe un nivel de inversión de 2.015 euros más que lo que recibe un valenciano. “La lealtad que ha tenido la Comunidad Valenciana con España ha sido mal entendida, no ha sido recíproca” sentenció ayer Puig.

El plan del Consell es convertir lo que llaman “el problema valenciano” en una cuestión de primer orden en el debate político español y no hay mejor momento que las elecciones. “Debemos acabar con nuestra invisibilidad” ha sentenciado Puig.

¿De verdad creen los políticos valencianos que el Estado puede pagarles ahora mismo los 13.000 millones de la deuda histórica?

En realidad el gobierno valenciano no está pensando tanto en cobrar como en dejar de pagar. El gobierno español es hoy por hoy el mayor acreedor del gobierno valenciano, uno de los que más tuvo que acudir al Fondo de Liquidación Autonómica durante la legislatura pasada. La deuda de la Comunidad con España se acerca ya a los 20.000 millones, y la intención de los partidos valencianos es que esta se reduzca reconociendo el Estado los más de 13.000 millones causados, según la comisión de expertos que convocó el PP, por la diferencia de financiación entre los criterios poblaciones de la Comunidad Valenciana y la inversión por habitante que hizo el Estado español.

Puig cuenta además con otra arma. El gobierno español ha abonado este mismo siglo dos deudas históricas. La andaluza, que fue en 2009 bajo la administración de Rodríguez Zapatero, y la extremeña que fue reconocida este mismo 2015 por Mariano Rajoy. En contra de Puig hay que reconocer que las cantidades de sendas deudas se antojan ridículas frente a la reclamación valenciana. Los andaluzas recibieron algo más de 1.200 millones de euros y los extremeños 447, 17 más de lo que reclamaban por esas cosas que de vez en cuando pasan cuando hay año electoral.

¿Están realmente unidos sobre este tema los valencianos?

Cualquiera diría que no viendo las casi cinco horas de debate parlamentario. Lejos de ser una sesión donde se mostró unidad, el debate sobre la financiación autonómica fue un esperpento donde Compromís, Podemos y Ciudadanos parecieron formaciones moderadas frente a un PSOE que llegó a clamar “Madrid nos mata” y un PP que aprovechó la ocasión para sacar toda la artillería; su portavoz Isabel Bonig tardó sólo un minuto y veintiocho segundo de su intervención en pedir la dimisión de Puig—“¿Por qué no se va si no sabe gobernar?” le espetó varias veces—, responsabilizó a Zapatero del déficit de financiación, habló de Cataluña y Venezuela, y hasta sacó un cartel con su foto de primera comunión para llamar a Ximo Puig viejo.

A pesar de las diferencias entre formaciones, Ciudadanos por ejemplo ha asegurado que presentará próximamente una Proposición No de Ley que recogerá los puntos en los que la formación discrepa con los planes del Consell, todos votaron a favor de la propuesta (algo no muy habitual en el hemiciclo valenciano y más cuando se tratan las relaciones de Valencia con Madrid). Además el apoyo social a la financiación es cada vez mayor. Cabe destacar que los empresarios valencianos hace un año ya que hicieron una declaración unilateral, que pilló por sorpresa a la administración del PP, pidiendo que los políticos que remaran todos juntos en pro de una financiación justa. Especialmente sensibles son la falta de inversiones ferroviarias, tanto en los retrasos del Corredor Mediterráneo como en la falta de inversión en la red de cercanías de la capital autonómica.

En todo caso será la inminente fiesta del 9 de Octubre la que marque la temperatura real del conflicto que el Consell ha bautizado como “el problema valenciano”.