El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha quedado este martes en libertad tras declarar durante más de dos horas ante el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que ha decretado que debe comparecer una vez al mes en las dependencias judiciales y ha ordenado la retirada de su pasaporte.

Según a informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha tomado este martes declaración durante tres horas a Rodrigo Rato, quien continúa investigado por la supuesta comisión de tres tipos de delitos: blanqueo de capitales, delito fiscal y corrupción entre particulares.

El magistrado ha impuesto al exministro la medida cautelar de la retirada del pasaporte y, en consecuencia, sólo podrá desplazarse por la Unión Europea con el DNI. Además, ha acordado la obligación de que comparezca en el juzgado una vez al mes. Estas dos medidas cautelares habían sido solicitadas por la representación del Ministerio Público en la causa, que no ha pedido su ingreso en prisión.

Mañana miércoles, día 7 de octubre, y pasado mañana jueves, día 8, el mismo juzgado tomará declaración a 16 testigos, ocho en cada una de las jornadas, por esta misma causa. Asimismo, el jueves y viernes de la siguiente semana (días 15 y 16 de octubre), una comisión del juzgado y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procederán al desprecintado y volcado de los depósitos intervenidos en los registros efectuados a dos de los imputados en la pieza que aún permanece secreta, en la que se investiga la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales.

Con esta decisión del juez, formulada por la Fiscalía Anticorrupción, Rato queda en la misma situación que su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero, quienes declararon ante el juez la pasada semana tras permanecer dos días en los calabozos de la Guardia Civil. La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a otro de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo –el único que ha sido enviado a prisión–, y su socio y abogado Domingo Plaza. Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades.

Estaba preparado para responder a todas las preguntas

Fuentes judiciales citadas por Efe han coincidido en que el exbanquero estaba preparado para esta convocatoria y a responder a todas las preguntas que le han formulado tanto su defensa como la Fiscalía Anticorrupción y el juez. Su declaración arrancó alrededor de las 10:30 horas y culminó pasadas las 13:00 horas, si bien el expresidente de Bankia, que aún continúa en el Juzgado de Serrano-Arnal para firmar su declaración, llegó a Plaza de Castilla mucho antes.

A diferencia del pasado mes de julio, en esta ocasión el exministro de Economía no había pedido autorización para entrar por el garaje. En aquella ocasión, Rato se acogió a su derecho a no declarar porque decía desconocer muchas de las acusaciones que han vertido sobre él la Oficina Antifraude (Onif) y la Fiscalía. Desde entonces, no solo se han conocido las nuevas sospechas de la Onif de que pudo lavar dinero en el exterior, sino que el caso ha salpicado a otras ocho personas.

El propio Rato también fue interrogado el jueves en la Comandancia de la Guardia Civil, el mismo día en que se supo que otro de sus supuestos testaferros, el administrador de Albisa Inversiones, Alberto Portuondo, había confesado al juez el pago de 40.000 euros mensuales a la sociedad Kradonara, epicentro del entramado societario de Rato. Portuondo explicó que abonó estas cantidades a Kradonara sin saber que era propiedad de Rato.

En concreto, Albisa Inversiones pagó 473.000 euros en 2011 y 360.000 euros en 2012 por servicios de asesoramiento, de los que existen sospechas porque Portuondo reconoció al magistrado que, en tiempos de Rato al frente de Bankia, asesoraba a los responsables del banco que adjudicaban los contratos de publicidad. Por esa misma época, Portuondo ingresó cerca de dos millones de euros de las empresas Zenith y Publicis, las mismas que ganaron el multimillonario concurso de publicidad de Bankia, y por las que cuatro de sus responsables están también imputados.

Los investigadores piensan que parte de ese dinero, 833.000 euros, acabó llegando a Rato a través de los pagos que Portuondo hacía mensualmente a Kradonara.