El pasado 26 de marzo Víctor Maldonado, un millonario colombiano de 70 años, cambió su lujoso piso en Madrid por una prisión española tras ser detenido por agentes de la Unidad de Crimen Organizado.

Estaba reclamado por orden internacional, expedida el 3 de marzo, por el Juzgado nº 18 de control de garantías de Bogotá, para su enjuiciamiento por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, estafa agravada y concierto para delinquir. Una estafa que superaría los 108 millones de euros.

En ese momento, la Fiscalía pidió prisión sin fianza por su elevado de riesgo de fuga y el juzgado central de instrucción nº 5 incoó procedimiento de extradición. El detenido alegó para no ser extraditado tener nacionalidad española y residir en España desde febrero de 2015 y, con anterioridad, en U.S.A.

La Fiscalía colombiana le investiga por su relación con el Grupo Empresarial Interbolsa S.A., matriz de la sociedad Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, hoy en liquidación forzosa administrativa, que tenía una participación del 30% del mercado bursátil en el país. Dicha sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa, actuando como Intermediario del Mercado Cambiario (IMC), desarrolló un contrato de corresponsalía para la realización de actividades de promoción o publicidad para una entidad –fondo de inversión- del extranjero con el propósito de que personas residentes en Colombia realicen negocios con ésta. Así se creó un contrato entre las sociedades Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa y Primium Capital Investment Advisor, para promocionar un fondo de inversión denominado Premium Capital Apreciation Fund, en el que los inversionistas colombianos adquirian acciones sin derecho a voto del Premium Capital Apreciation Fund.

A Maldonado se le achaca captar recursos, sin autorización legal para ello, a través de sus sociedades personales Las Tres Palmas, Malta y Helados Modernos. Más de 1.000 personas, entre 2008 y 2012, le entregaron sus ahorros para invertir; unos 130 millones de euros. Maldonado utilizó una compleja estructura societaria con sedes en diferentes países de Latinoamérica para sus fines ilícitos.

El 17 de julio Maldonado en una comparecencia en la Audiencia Nacional dijo no querer ser entregado al haber adquirido la nacionalidad española desde 2007, y añadió que, de denegarse la entrega, preferiría ser juzgado en España. El empresario alegó que no eran ciertos los hechos alegados por la justicia colombiana a pesar de saber que la Audiencia Nacional no puede conocer del fondo del asunto y, por eso, ha interpuesto una demanda de amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Alega que es nacional español y no existe obligación de entregarlo, y, en caso de serlo, solicita que, que dada la edad y su delicado estado de salud, el Estado español recabe las oportunas garantías de las autoridades colombianas para que, de acuerdo con la legislación colombiana, le concedan formas alternativas del cumplimiento de la condena diferentes a la prisión, y si fuera condenado, se permita que pueda cumplir la condena en España. Ninguno de los argumentos anteriormente expuestos son atendidos. 

La Audiencia Nacional le contesta ahora que, ni se va a meter en el fondo, ni consta que el escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya presentado, al no constar sello alguno y, además, el tribunal no duda de que la legislación colombiana regula medidas alternativas a la prisión para supuestos en los que la salud de un interno así lo requiera y sin necesidad de pedirla expresamente. Así la Audiencia Nacional traspasa la decisión al Consejo de Ministros, pero su abogado ya ha anunciado que recurrirá la resolución. Sin embargo, fuentes jurídicas afirman que “el asunto estará solucionado antes de Navidad y que el Gobierno no pondrá obstáculo alguno para la extradición”. Mientras, la Fiscalía colombiana buscan bienes en el exterior para embargarle ya que el detenido no ha realizado ningún propuesta para resarcir a sus víctimas.

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