La Comisión Europea confirma que abrió un procedimiento hace meses para determinar la legalidad de las compensaciones recibidas por las compañías a través de los CTC. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presenta una denuncia que se sumará a la línea de investigación ya en marcha y con la que pretende que las eléctricas devuelvan las ayudas recibidas, que podrían superar los 20.000 millones de euros desde finales de los noventa.

Bruselas tiene en el punto de mira a las eléctricas españolas. La Comisión Europea confirmó ayer que hace unos meses puso en marcha un procedimiento para esclarecer la legalidad de los cobros percibidos por las compañías eléctricas gracias al programa de compensación que el Gobierno de José María Aznar abrió en 1998 como costes de transición a la competencia (CTC). Un procedimiento que constituye el paso previo para la apertura de un expediente formal si el Ejecutivo considera que existen indicios suficientes.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético –un lobby/asociación que agrupa a casi cuatro centenares de organizaciones en defensa del ahorro energético y las renovables- presentó ayer su anunciada denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión para que se consideren ayudas ilegales los CTC percibidos por las eléctricas, lo que les obligaría a devolver las cantidades recibidas, y que podrían llegar a superar los 20.000 millones de euros.

Cuando los representantes de la plataforma y sus abogados entregaron la denuncia, la Comisión Europea les confirmó la existencia de ese procedimiento, que se inició a instancias del Gobierno español. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, no obstante, se declara sorprendida porque su denuncia aparentemente incluya “nueva información” que va más allá de la que disponía Bruselas y que, supuestamente, habría facilitado el Ministerio de Industria.

Los representantes de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ayer en Bruselas, antes de presentar la denuncia. Foto: Px1NME

El secretario de Estado de Energía, Álvaro Nadal, ya había desvelado esta semana que el Gobierno había mantenido contacto con la Comisión Europea sobre los CTC y que le había facilitado documentación para que la analizara y determinara la legalidad de las compensaciones. “Antes de que saliera ninguna noticia a la luz ya existía un diálogo entre el Gobierno y la Comisión Europea. Hemos dado toda la información y hemos pedido a la Comisión que analice, desde el punto de vista del derecho comunitario, esta cuestión”, dijo en declaraciones a varios periodistas.

A principios de 2012, con el Partido Popular recién llegado al Gobierno, el Ministerio de Industria elevó una petición a la Abogacía del Estado para que determinara la legalidad de las sobrecompensaciones recibidas por las eléctricas gracias a los CTC. La Abogacía del Estado explicó entonces que la vía legal en España no era posible porque el caso había prescrito, pero que la vía europea aún era posible. El Gobierno mantuvo contacto con la Comisión Europea para que determinara si se podía pedir la devolución de las ayudas. Pero el procedimiento comunitario no ha arrancado hasta hace unos meses.

¿Qué son los CTC?

A finales de los noventa, el primer Gobierno de José María Aznar emprendió lo que se pretendía que fuera una liberalización del sector eléctrico español. Los precios de la luz no vendrían sólo determinados por orden de la Administración, sino que el mercado marcaría, en parte, la evolución de la factura de la luz. Entonces se previó que la competencia entre las compañías eléctricas haría que los precios de la luz cayeran. Y se buscó una fórmula para compensar a las empresas que habían realizado inversiones millonarias en la construcción de centrales eléctricas basándose en las previsiones de rentabilidad establecidas en función del anterior marco regulatorio no liberalizado.

A partir de 1998, se estableció un sistema de compensaciones –en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC)- para resarcir a las eléctricas en caso de que los precios del mercado se situaran por debajo de una determinada cota (en concreto, 36 euros por MWh). Sin embargo, los precios eléctricos, en lugar de bajar, con la liberalización crecieron y ya en el nuevo siglo crecieron, además, mucho. Y el resultado fue que las compañías eléctricas no sólo recibieron los pagos correspondientes a los CTC, sino que además se beneficiaron de los altos precios del mercado.

La legislación obligaba al Gobierno a establecer un sistema para garantizar que los CTC sirvieran sólo para garantizar una rentabilidad razonable a esas instalaciones construidas antes de la liberalización y para que, en caso de que los precios fueran superiores a los previstos, se pudiera recuperar parte los CTC abonados a las compañías. Pero ni los Ejecutivos de Aznar, primero, ni los siguientes, después, reclamaron a las compañías la devolución de las compensaciones excesivas.

De hecho, en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero ya al frente del Gobierno, se cerró el sistema de los CTC por considerar que ya no hacía falta –dado los altos precios del mercado, por encima de la cota prevista- y se hizo sin establecer previamente un cálculo de las sobrecompensaciones pagadas a las eléctricas. El sistema se dio por concluido, pero nadie desde el Gobierno inició el proceso para recuperar las ayudas que se habían concedido por encima de lo establecido.

Ayudas ilegales de… ¿más de 20.000 millones?

La denuncia presentada ayer por Plataforma por un Nuevo Modelo Energético trata de que las eléctricas devuelvan a los ciudadanos esos sobrepagos obtenidos desde finales de los noventa. La denuncia buscan que se consideren ayudas ilegales de Estado los CTC y también sus efectos sobre el mercado una vez que se paralizaron en 2006.

La denuncia cuantifica, basándose en los informes de la extinta Comisión Nacional de la Energía –ahora integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC-, que entre 1998 y 2006 las compañías eléctricas cobraron de más hasta 3.588 millones de euros en concepto de CTC. Casi 3.600 millones de euros de más que se repartieron Endesa (a razón de 1.563 millones), Iberdrola (1.160 millones), Viesgo (434 millones), Unión Fenosa –hoy Gas Natural Fenosa- (275 millones) e Hidrocantábrico –hoy de EDP- (156 millones), según se desagregan los montantes en el mismo informe de la Comisión Nacional de la Energía.

En cualquier caso, según se recoge en la denuncia, el problema de los CTC no se limita a estos casi 3.600 millones de euros cobrados de más hasta 2006, sino que las compensaciones excesivas llegarían hasta hoy mismo. Y es que la mayoría de las centrales eléctricas que disfrutaron el cobro de las compensaciones por los CTC siguen produciendo electricidad en la actualidad, y al haber conseguido una amortización acelerada de las inversiones, hoy compiten con ventaja, obtienen rentabilidades muy superiores a sus rivales y pervierten el funcionamiento del proceso de fijación de los precios de la luz.

En la denuncia no se específica la cuantía de esas presuntas ayudas ilegales que Endesa, Iberdrola, Fenosa, Viesgo y HC habrían percibido desde 2006, una vez que se dio por cerrado el sistema de los CTC. La Plataforma justifica la falta de ese cálculo en que no son públicos todos los datos necesarios para poder establecerlo con exactitud. Es por ello que en el texto de la denuncia se solicita a la Comisión Europea que sea ella la que cuantifique el montante.

Sin embargo, fuentes próximas a la propia Px1NME apuntan que un estudio elaborado recientemente por el Observatori del Deute en la Globalització, establece una estimación de las sobrecompensaciones percibidas por las compañías eléctricas entre 1998 y 2013 y las cifra en los 10.583 millones de euros en términos nominales. Y, en términos reales (incluyendo el efecto de la inflación), esas presuntas ayudas ilegales podrían situarse por encima de los 22.000 millones de euros. Una cifra que los denunciantes no incluyen en el escrito que presentaran a la Comisión Europea, al ser sólo una estimación, pero que consideran que podría acercarse al importe total de ayudas ilegales que pretenden que las compañías devuelvan a los consumidores españoles.