La propuesta del Ministerio de Hacienda de cobrar un impuestos de sociedades mayor a la banca española como forma de compensar por la existencia de los activos fiscales diferidos (DTA) ha sido bien acogida por la Comisión Europea, los analistas financieros e incluso los inversores.

El pasado mes de abril saltaba la luz de alerta en la banca española (y por tanto en el Gobierno y el Banco de España): La Comisión Europea iniciaba una investigación preliminar (es decir, no oficial) respecto a los activos fiscales diferidos (DTA) atesorados por las entidades financieras en forma de capital regulatorio. Bruselas sospechaba que el cambio legal introducido en 2013 para garantizar estos DTA podría haber servido como una ayuda de Estado ilegal, por lo que en el caso de que se demostrase que efectivamente era así, los bancos tendrían que ampliar capital por un valor de miles de millones.

En esencia, lo que hizo el Gobierno es garantizar a las entidades financieras casi 40.000 millones de euros en DTA, de forma que éstos pudieran contabilizarse como capital regulatorio de máxima calidad en según los estándares del BCE. ¿Cómo? Hacienda se comprometía a que, tuvieran o no beneficios, los bancos (los DTA no dejan de ser derechos a pagar menos impuestos en el futuro, por lo que hace falta tener beneficios suficientes antes) tuvieran garantizado esos casi 40.000 millones en caso de que la entidad fuese liquidada. Es decir, el Estado era el garante último de esos DTA de cara a los inversores internacionales.

¿Por qué se garantizaban en 2013? Era una vieja reclamación de los bancos, ya que la legislación española era mucho más restrictiva a la hora de deducirse pérdidas en el Impuesto de Sociedades en comparación a otros países europeos, lo que generó un inmenso agravio comparativo precisamente en los años de lo peor de la crisis y cuando más pérdidas estaban reconociendo las entidades. La medida no era caprichosa, a pesar de su oportunidad. Sin esta ayuda vía cambio regulatorio, algunos bancos no hubieran cumplido con los requerimientos de capital mínimos y hubieran tenido que salir a Bolsa o recibir una inyección de capital público.

Un máximo de 420 millones al año

Tras varios meses de incertidumbre, la Comisión Europea y el Gobierno llegaron a una solución acordada para dar carpetazo al asunto: Los bancos tendrán que pagar un máximo de 420 millones de euros anuales en concepto de los DTA generados antes del 1 de enero de 2016, toda vez que se ha admitido que una cierta parte de los mismos no se ajustaban de forma adecuada a la normativa europea. De los DTA generados a partir de 2016 solo se garantizarán como capital aquellos que cumplan con las mismas condiciones, pero siempre limitado a que se pague efectivamente un Impuesto de Sociedades.

La existencia de esta investigación por parte de Bruselas había supuesto una penalización constante en los mercados para las entidades financieras españolas con un mayor porcentaje de DTA en su capital (Liberbank, Sabadell y Bankia), a pesar de que desde un primer momento tanto la patronal bancaria como el Gobierno han defendido la legalidad de los DTA garantizados. Y es que para éstas, la posibilidad de que finalmente tuvieran que deducirse esos activos fiscales diferidos del capital regulatorio hubiera convertido estos bancos en insolventes desde el punto de vista regulatorio, lo que hubiera obligado a realizar ampliaciones de capital (público o privado).

“La amenaza para los bancos era que los DTAs se tuvieran que deducir por completo del capital”, explica un consultor del sector financiero de una de las Big Four y que prefiere no ser citado. Según sus cálculos estimados, en total serían unos 28.000 millones de euros los que se tendría que haber deducido la banca española en su conjunto. “Eso era del todo inasumible para algunos bancos y les podía haber colocado en una situación crítica. Esto en cambio sí que parece asumible, y no creo que vaya a dejar a ningún banco en perdidas aunque supone un impacto material para la cuenta de resultados de algunos bancos y naturalmente habrían preferido evitarlo”, añade.

A unas conclusiones similares llega Carmelo Tajadura, antiguo directivo del sector financiero. En su opinión, los 420 millones de euros anuales destinados al pago de impuestos por los DTA “es bastante dinero, ya que algunas entidades como Bankia, que ganan alrededor de 1.000 millones al año, no tendrán problema en afrontar este gasto extra, pero para otras entidades será un verdadero problema”. En el caso del Sabadell, por ejemplo, que tiene cerca de 5.000 millones de euros en DTA, tendría que dedicar unos 75 millones de euros anuales de más al impuesto de sociedades.

“Se acaba la incertidumbre y eso es muy bueno; pero para alguna entidad es mucho dinero respecto a su volumen de beneficios. Tendrá repercusión en Bolsa seguro”, anticipa Tajadura, si bien reconoce también que el mercado podía tener descontado desde hace tiempo un impacto aún mayor por parte de los DTA en caso de que éstos tuvieran que deducirse, por lo que “el impacto neto de este cambio podría ser positivo para los bancos, de forma que registraran subidas en los mercados”.

Los analistas de Solventis han hecho cuentas a lo que tendrán que pagar las principales entidades financieras españolas. “En base a ese pago del 1,5% entre DTA garantizados e impuestos pagados entre 2008-2014 salen unos 75 millones de euros para el Sabadell (11% de sus beneficios en 2015), 69 millones para Caixabank (5%), 61 millones para Bankia (5%) y 74 millones para BBVA (2%)”, detalla Christian Torres, analista de esta firma de inversión.

Bruselas y la banca de inversión bendicen la operación

La Comisión Europea, a través de sus portavoces, ha mostrado su satisfacción con la solución ideada por el Gobierno español. Tanto es así que darán por cerrada la investigación preliminar en el mismo momento en el que esta legislación esté incluida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, tal y como tiene previsto el Ejecutivo.

También han bendecido la operación los analistas y los mercados. Así, un informe urgente del banco de inversión N+1 alababa la medida del Gobierno ya que “debería acabar con las preocupaciones de si los DTA debían contabilizarse o no como capital, lo que ha sido uno de los mayores riesgos del sector en 2015”. En su opinión, bancos como Sabadell, Bankia o Liberbank deberían ser los más beneficiados por esta iniciativa.

Y efectivamente, los mercados parecían reconocer estas buenas noticias: La Bolsa de Madrid, teñida este lunes 28 de color rojo, registraba en cambio subidas en el caso de bancos como Sabadell y Bankia (ambos un 1,37% en una sesión muy mala para todo el selectivo). Quizás a partir de ahora haya margen para revertir la que algunos consideraban una excesiva infraponderación de los bancos españoles en Bolsa.

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