La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentará este mes una denuncia ante la Comisión Europea para conseguir que las compañías eléctricas españolas devuelvan ayudas públicas ilegales milmillonarias percibidas durante más de quince años. La denuncia reclama la devolución de 3.600 millones de euros cobrados indebidamente entre 1998 y 2006 y, por no ser públicos los datos necesarios para calcularlos, pide a la UE que cifre el total de pagos excesivos hasta la actualidad. Un estudio externo estima que, en total, las compensaciones excesivas, e ilegales, podrían superar los 22.000 millones de euros por el mal uso de los denominados costes de transición a la competencia (CTC).

A finales de los noventa, el primer Gobierno de José María Aznar emprendió lo que se pretendía que fuera una liberalización del sector eléctrico español. Los precios de la luz no vendrían sólo determinados por orden de la Administración, sino que el mercado marcaría, en parte, la evolución de la factura de la luz.

Entonces se previó –como mandan los cánones de la teoría económica liberal- que la competencia entre las compañías eléctricas haría que los precios de la luz cayeran. Y se buscó una fórmula para compensar a las empresas que habían realizado inversiones millonarias en la construcción de centrales eléctricas basándose en las previsiones de rentabilidad establecidas en función del anterior marco regulatorio no liberalizado.

A partir de 1998, se estableció un sistema de compensaciones –en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC)- para resarcir a las eléctricas en caso de que los precios del mercado se situaran por debajo de una determinada cota (en concreto, 36 euros por MWh). Sin embargo, los precios eléctricos, en lugar de bajar, con la liberalización crecieron y ya en el nuevo siglo crecieron, además, mucho. Y el resultado fue que las compañías eléctricas no sólo recibieron los pagos correspondientes a los CTC, sino que además se beneficiaron de los altos precios del mercado.

La legislación obligaba al Gobierno a establecer un sistema para garantizar que los CTC sirvieran sólo para garantizar una rentabilidad razonable a esas instalaciones construidas antes de la liberalización y para que, en caso de que los precios fueran superiores a los previstos, se pudiera recuperar parte los CTC abonados a las compañías. Pero ni los Ejecutivos de Aznar, primero, ni los siguientes, después, reclamaron a las compañías la devolución de las compensaciones excesivas.

De hecho, en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero ya al frente del Gobierno, se cerró el sistema de los CTC por considerar que ya no hacía falta –dado los altos precios del mercado, por encima de la cota prevista- y se hizo sin establecer previamente un cálculo de las sobrecompensaciones pagadas a las eléctricas. El sistema se dio por concluido, pero nadie desde el Gobierno inició el proceso para recuperar las ayudas que se habían concedido por encima de lo establecido.

Devolución de las ayudas

Ahora, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético –un lobby/asociación que agrupa a casi cuatro centenares de organizaciones- trata de que las eléctricas devuelvan a los ciudadanos esos sobrepagos obtenidos desde finales de los noventa. La Plataforma presentará a finales de este mes ante la Comisión Europea una denuncia para que se consideren ayudas ilegales de Estado los CTC y también sus efectos sobre el mercado una vez que se paralizaron en 2006.

La denuncia cuantifica, basándose en los informes de la extinta Comisión Nacional de la Energía –ahora integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC-, que entre 1998 y 2006 las compañías eléctricas cobraron de más hasta 3.588 millones de euros en concepto de CTC.

Casi 3.600 millones de euros de más que se repartieron Endesa (a razón de 1.563 millones), Iberdrola (1.160 millones), Viesgo (434 millones), Unión Fenosa –hoy Gas Natural Fenosa- (275 millones) e Hidrocantábrico –hoy de EDP- (156 millones), según se desagregan los montantes en el mismo informe de la Comisión Nacional de la Energía.

Y, dado que los precios eléctricos que justificaban estas compensaciones fueron finalmente superados por los precios reales, la Plataforma solicita a Bruselas que considere estos pagos una ayuda de Estado y que reclame al Gobierno español que inicie el procedimiento necesario para que las compañías eléctricas procedan a su devolución.

Ayudas ilegales hasta la actualidad

En cualquier caso, según se recoge en la denuncia, el problema de los CTC no se limita a estos casi 3.600 millones de euros cobrados de más hasta 2006, sino que las compensaciones excesivas llegarían hasta hoy mismo. Y es que la mayoría de las centrales eléctricas que disfrutaron el cobro de las compensaciones por los CTC siguen produciendo electricidad en la actualidad, y al haber conseguido una amortización acelerada de las inversiones, hoy compiten con ventaja, obtienen rentabilidades muy superiores a sus rivales y pervierten el funcionamiento del proceso de fijación de los precios de la luz.

Según los denunciantes, incluso con posterioridad a la derogación de los CTC, las compañías que percibieron las compensaciones se siguen beneficiando de sus efectos. A las eléctricas propietarias de estas centrales se les garantizó la recuperación de la inversión y luego se les ha dejado participar en el mercado en una aparente igualdad de condiciones. Pero las compañías que sólo disponen de instalaciones de generación eléctricas nuevas, que no se beneficiaron de los CTC, ahora reciben la misma retribución que sus rivales con CTC, pero con un margen de beneficio mucho menor al no haber obtenido estas prebendas para amortizar sus inversiones.

Una situación que la Plataforma considera que puede representar otra fórmula de ayudas de Estado ilegales a favor de las eléctricas que se repartían los CTC. “La ausencia de mecanismos de corrección de los ingresos durante el periodo post-CTC (…) supone que las instalaciones beneficiaria de los CTC estarían obteniendo una sobrecompensación contraria a la normativa europea de ayudas de estado”, se apunta en el texto de la denuncia.

“Los CTC, y la decisión de no establecer mecanismos de corrección para toda la vida útil de las instalaciones beneficiarias, constituyen una intervención mediante fondos estatales que confiere una ventaja a ciertas empresas, que afecta a los intercambios comerciales y que amenaza con falsear la competencia”, se advierte.

¿22.000 millones de ayudas ilegales?

En la denuncia no se específica la cuantía de esas presuntas ayudas ilegales que Endesa, Iberdrola, Fenosa, Viesgo y HC habrían percibido desde 2006, una vez que se dio por cerrado el sistema de los CTC. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) justifica la falta de ese cálculo en que no son públicos todos los datos necesarios para poder establecerlo con exactitud. Es por ello que en el texto de la denuncia se solicita a la Comisión Europea que sea ella la que cuantifique el montante de esa compensación excesiva en la última década y, con ello, que determine el importe total de las ayudas ilegales.

Sin embargo, fuentes próximas a la propia Px1NME apuntan que un estudio elaborado recientemente por el Observatori del Deute en la Globalització, establece una estimación de las sobrecompensaciones percibidas por las compañías eléctricas entre 1998 y 2013 y las cifra en los 10.583 millones de euros en términos nominales. Y, en términos reales (incluyendo el efecto de la inflación), esas presuntas ayudas ilegales podrían situarse por encima de los 22.000 millones de euros.

Una cifra que los denunciantes no incluyen en el escrito que presentaran a la Comisión Europea, al ser sólo una estimación, pero que consideran que podría acercarse al importe total de ayudas ilegales que pretenden que las compañías devuelvan a los consumidores españoles. Un importe de 22.000 millones –la Px1NME entiende que la devolución debería realizarse a precios reales- que se quedaría incluso corto al no contabilizar las compensaciones excesivas recibidas el año pasado y el actual.

Una rebaja inmediata del 10% en el recibo de luz

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ya llevó a los tribunales españoles con la presentación de varias denuncias para determinar la presunta responsabilidad penal de responsables del Ministerio de Industria en diferentes gobiernos por no haber activado el procedimiento para exigir la devolución de la compensación excesiva de los CTC. La Fiscalía Anticorrupción, primero, y la Audiencia Nacional, después, dieron carpetazo al caso al no encontrar responsabilidades penales.

Pero ahora la Px1NME no busca responsables penales o civiles de estas actuaciones que, a su juicio “podría constituir el mayor caso de corrupción de la historia de España por razón de su cuantía”. Ahora busca un resarcimiento económico para los consumidores a modo de devolución de las presuntas ayudas ilegales percibidas por las compañías.

Desde la Plataforma se apunta que la eventual devolución de los 22.000 millones de euros (o algo más) de ayudas ilegales serviría para enjugar gran parte del déficit de tarifa que acumula el sistema eléctrico español. El déficit de tarifa es el desfase que se genera porque los ingresos del sistema (el cobro de facturas) no han sido suficientes durante década y media para cubrir todos los costes reconocidos. Un agujero que ronda los 28.000 millones y que, a la postre, se trata de una deuda reconocida a las eléctricas.

Según la Px1NME, “la regularización de esta situación, además de mejorar sustancialmente la competencia en el mercado eléctrico español, permitiría por sí sola eliminar la mayoría del déficit de tarifa acumulado en años anteriores. El impacto en la factura eléctrica de los españoles sería inmediato y supondría rebajas del entorno del 10% del importe la misma”.