Los grupos municipales de C’s, PSC, CiU, ERC y PP aprobaron ayer martes una proposición por la cual se insta al Gobierno municipal de Barcelona a levantar parcialmente la suspensión de licencias de alojamientos turísticos por considerar que esta moratoria no debería afectar a las zonas que no estén saturadas por el turismo.

La iniciativa, que sólo fue rechazada por la CUP y por el Gobierno municipal de BComú, fue aprobada en comisión municipal extraordinaria de Economía y Hacienda y de Ecología, Urbanismo y Movilidad, según recoge la agencia Europa Press.

La propuesta pide también al Gobierno de Ada Colau que haga públicos los informes en los que se basó para impulsar la moratoria y que se estudie su impacto económico y en el empleo. Además, reclama que entregue en un plazo máximo de un mes estudios jurídicos sobre las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios a inversores afectados por la moratoria, y que el Gobierno municipal explique si ha creado una reserva presupuestaria para asumirlas en el caso de que se deban cubrir.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, aseguró durante el debate que la moratoria se estableció en toda la ciudad con el objetivo de obtener una “fotografía” de la situación que permita estudiar la regulación y analizar cómo frenar la “desregulación y la barra libre” del turismo, potenciada, según ella, durante el mandato del exalcalde Xavier Trias.

Acerca de la petición de los estudios previos sobre las consecuencias derivadas de los derechos de los inversores afectados por la moratoria, Sanz informó de que se deberían realizar después de acordar la regulación –ya que es ésta la que establece los derechos– y no antes de la suspensión, que ha recordado que es temporal y no definitiva.

INDEMNIZACIONES

Sobre las posibles indemnizaciones, la teniente de alcalde aseguró que “no hay implicaciones jurídicas” por el hecho de ser una suspensión provisional y no permanente, porque, a su juicio, el sector ha entendido que la decisión sirve para impulsar una reflexión y una regulación clara y realista que permita redistribuir la carga turística en la ciudad.

La líder municipal de C’s, Carina Mejías –cuyo grupo ha impulsado la comisión junto al PSC–, afirmó que 18 proyectos han interpuesto una demanda para exigir una indemnización, y ha cifrado en 41 los que contaban con certificados urbanísticos en el momento de la suspensión.

Asimismo, dijo que la medida es una “clara prevaricación, porque produce efectos injustos” a los inversores –que, destacó, no sólo son grandes fondos, sino también pequeños inversores que no pueden asumir las pérdidas–, y avisó al Gobierno municipal de que no puede tomar decisiones sin estudiar sus consecuencias.

El líder municipal socialista, Jaume Collboni, exigió explicaciones y una rectificación al Gobierno municipal, “acostumbrado a hacer titulares fáciles que a veces son muy caros, por el perjuicio que ha causado y los que puede causar” con las indemnizaciones.

RETROCEDER EN TURISMO RESPONSABLE

La portavoz adjunta de CiU, Sònia Recasens –que lamentó que la alcaldesa no hubiera asistido a la comisión–, advirtió de que su grupo no está dispuesto a retroceder en lo que se había avanzado en materia de turismo responsable y, tras pedir al Gobierno municipal que cumpla la propuesta aprobada, criticó que se acuse a CiU de haber promovido el aumento de hoteles: “¿Sabe quién hizo el gran número de plazas hoteleras? Personas de ICV-EUiA. ¿Le suena este partido?”

Jordi Coronas (ERC), por su parte, calificó de “algo temeraria” la moratoria y pidió que se realice la fotografía de la situación lo antes posible para poder levantarla, y el ‘popular’ Javier Mulleras denunció que aplicar la suspensión en toda la ciudad equivale a querer matar moscas a cañonazos.

Josep Garganté (CUP) acusó los partidos que han votado a favor de la propuesta de defender al lobby empresarial del turismo y de ser neoliberales a los que sólo importa el lucro privado, y advirtió de que la riqueza que genera el turismo sólo beneficia a unos pocos, mientras que “el gasto económico y la huella ecológica sí la pagan los vecinos, con impuestos y con su salud”.