El Fondo Social de Viviendas (FSV) se ha ampliado en 3.974 inmuebles, que se pondrán a disposición de las personas especialmente afectadas por la crisis. Además, nuevos colectivos se incluirán entre los posibles beneficiarios, como los mayores de 60 años, los matrimonios o parejas sin hijos y los deudores no hipotecarios, según ha informado el Ministerio de Economía.

Las viviendas del FSV se elevan hasta un total de 9.866 pisos, después del acuerdo al que han llegado entre representantes de Economía, Fomento y Sanidad y de las 29 entidades financieras que aportarán pisos, además de miembros de las patronales AEB, Ceca y Unacc.

Con la ampliación del número de viviendas, el FSV persigue cubrir “un mayor número de situaciones” que requieran una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas, según el departamento dirigido por Luis de Guindos. El mismo objetivo se persigue con la inclusión de nuevos colectivos que darían derecho a la obtención de una vivienda del FSV.

El Ejecutivo prevé que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos. También se contempla la posibilidad de acuerdos con los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la puesta en marcha de una web con toda la información.

Todas aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago, podrán acogerse al FSV. Aunque recordar que también deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.