La memoria correspondiente a 2014 que la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, presentó ayer al Rey durante el acto de apertura del año judicial no deja lugar a dudas: los casos de corrupción se han disparado desde Mariano Rajoy es el principal inquilino del palacio de la Moncloa. El año pasado aumentó un 22 por ciento el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, respecto a 2013.

A comienzos de verano y en pleno brote del llamado “caso Púnica”, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dio la orden a la dirección del partido de ponerse a la cabeza de la indignación popular contra los escándalos de corrupción. Desde el batacazo en las elecciones municipales y autonómicas, el partido en el Gobierno se esfuerza por sacar pecho de sus medidas de regeneración política e institucional, al tiempo que intenta demostrar a la opinión pública que nadie ha luchado más en esta legislatura contra la corrupción que el PP.

Sin embargo, la memoria que la fiscal general del Estado presentó ayer ante el Rey tira por tierra esa estrategia de los populares. El informe de la institución que dirige Consuelo Madrigal señala que en 2014 se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un total de 557 denuncias, un 22 por ciento más que el ejercicio precedente. De ese número, 229 fueron archivadas y 328 remitidas a otras Fiscalías.

En los últimos años de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, la cifra de denuncias se situaba en la mitad, y pasaba de un centenar en la etapa de Aznar.

Además, durante 2014, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada interpuso veinte querellas y denuncias, derivadas de las diligencias tramitadas que dieron lugar a los correspondientes procedimientos judiciales, y se presentaron 35 escritos de acusación. En total, se dictaron el año pasado 19 sentencias en las causas judiciales de la Fiscalía Anticorrupción, todas ellas condenatorias salvo dos, que fueron absolutorias.

El número de procedimientos penales en los que interviene la Fiscalía alcanzaron el número de 340, frente a los 312 de 2013. La memoria destaca también que se duplicó la cifra de diligencias de investigación (19 en 2013 y 37 el año pasado), así como el número de denuncias o querellas interpuestas en 2014 (diez frente a veinte).

Petición de penas de uno a cuatro años para los testaferros

Estos últimos datos pueden servir al Ejecutivo para justificar labor al frente de la lucha contra la corrupción, ya que los números demostrarían que ese incremento de la actividad de la Fiscalía se debe a las medidas puestas en marcha por el Gobierno del PP.

Sin embargo, hay otros datos en la memoria que ponen en evidencia que el Gobierno no hace todo lo posible en esa lucha contra los escándalos de carácter político. En este sentido, la Fiscalía General del Estado vuelve reclamar –como ya hizo en el año 2006, cuando gobernaba Zapatero- la tipificación de la conducta de los testaferros como un delito de peligro, al margen de la eventual imputación que pudiera producirse en aplicación de la teoría general de participación.

La Fiscalía trae a colación su propuesta de castigar a los testaferros con penas de prisión de uno a cuatro años, al considerar que constituiría una herramienta de primer orden para la lucha contra el fraude, no sólo fiscal, sino de fenómenos de corrupción de toda naturaleza.

“No hay que llamarse a engaño –se dice en la memoria-: el empleo de personas interpuestas, hombres de confianza, de paja, etcétera, no tiene generalmente otra finalidad que la fraudulenta, como contemplamos cotidianamente. El orden socio-económico no puede admitir como lícitas conductas que tienden únicamente a procurar la subrepción de los negocios, más en tiempos como los actuales en que las demandas de transparencia y probidad crecen de manera singular en el sentimiento de la colectividad”.

Críticas al Gobierno por no aumentar las unidades de apoyo

También hay en el informe una crítica velada al Gobierno por no aumentar, pese al importante incremento de las denuncias presentadas, los efectivos de las unidades de apoyo, en especial las relativas a la Intervención General de la Administración del Estado y la Policía Nacional.

En cuanto a esta última, la Unidad de Policía Judicial adscrita a Anticorrupción mantiene la misma estructura desde su creación, en 1995: diez funcionarios repartidos en dos grupos operativos de trabajo y coordinados por un jefe de sección. En 2014 intervinieron en 38 de los asuntos seguidos por la Fiscalía Especial.

Asimismo, se mantiene igual la unidad de apoyo de la Intervención del Estado, compuesta por tres miembros del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores y cuatro del Cuerpo Técnico de Auditoria y Contabilidad, que el año pasado materializaron 28 informes en un total de 20 asuntos.

La unidad de apoyo que sí creció es la adscrita de la Guardia Civil: la plantilla aumentó su catálogo en un alférez, un sargento, un cabo y dos agentes. Ahora la unidad cuenta con quince efectivos. Las diversas actividades desarrolladas por la Benemérita generaron en 2014 un total de 438 escritos de entrada y 318 de salida.

La Fiscalía pide quedar fuera de la contienda política

Durante su discurso ante el Rey y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la fiscal general del Estado reclamó a todas las instancias que procuren dejar a la institución fuera de la contienda política. “Pido y exijo que desde ningún ámbito político se instrumentalice nuestra institución, planteando como denuncias cuestiones que deberían quedar ubicadas dentro de las lindes del debate político o electoral”, dijo Consuelo Madrigal.

Además, se encargó de denunciar la presión agobiante que en numerosas ocasiones sufren los fiscales anticorrupción. En este sentido, Madrigal puso el énfasis en los reclamos mediáticos, las críticas partidistas e interesadas e incluso el hostigamiento, muchas veces incompatibles con la seguridad de la investigación.