La mayor crisis de refugiados experimentada por Europa durante los años de la Guerra Fría se produjo en 1956, cuando 200.000 húngaros huyeron de su país a causa de la invasión militar soviética. Más de medio siglo después, el primer ministro magiar, el ultraderechista Viktor Orban, se ha comprometido, en un arrebato de “humanidad”, a “no disparar” a los refugiados sirios y de otros países que intenten cruzar la valla fronteriza con Serbia.

El muy popular personaje pronunció estas palabras en una entrevista a la cadena de radio austríaca ORF, a la que declaró también que las personas que intentan cruzar su país procedentes de Oriente Próximo, África y Asia “no son refugiados” y que su único objetivo es trasladarse a Alemania para encontrar algo “mejor”.

El partido de Orban, el Fidesz, controla ampliamente un Parlamento que el pasado viernes aprobó una ley por la cual se declara ilegal, y punible con penas de cárcel, atravesar la valla entre Serbia y Hungría. Orban (un hombre abiertamente xenófobo que ha amagado con reintroducir la pena de muerte y ha sido acusado de atentados contra la libertad de prensa) cuenta con 117 de los 199 escaños del Parlamento húngaro. Además, integrado en las filas del Partido Popular Europeo, dispone de doce escaños en la Eurocámara.

 

Viktor Orban

 

Fidesz surgió en 1988, en plena Perestroika soviética y con el sello de organización liberal anticomunista partidaria de la democracia y de las elecciones libres. Desde entonces, la evolución de su discurso no ha s¡do precisamente ambigua.

Recientemente, uno de sus ideólogos, Zsolt Bayer, exigió a Europa que actué, “con las armas si es necesario”, contra los “salvajes y animales” (en referencia expresa a los refugiados actuales) que amenazan a la “raza europea, blanca y cristiana”. Cinco años antes, el propio Bayer (cuyas palabras no le han impedido seguir siendo un hombre muy próximo a Orban) afirmó que los gitanos son “animales” a los que “no se debería dejar existir”.

Antal Rogan, jefe del grupo parlamentario de Fidesz, tampoco se queda corto: “No queremos que nuestros niños vivan en un califato europeo”. La paranoia antiislámica, introducida como argumento para violar la Convención de Ginebra de 1951, no escasea precisamente en el caso húngaro. El pasado 3 de septiembre, Orban escribió en una tribuna para el Frankfurter Allhemeine Zeitung (FAZ, el diario “liberal conservador” alemán que en 2012 se opuso a la emigración de trabajadores españoles a Alemania) que “la mayoría” de los refugiados “son musulmanes” que amenazan con “cambiar la faz de la civilización europea”.

 

Vídeo de ACNUR sobre la situación de los refugiados sirios en Hungría

 

Las palabras se traducen en hechos. Aparte de la valla fronteriza con Serbia, las autoridades húngaras se han negado a asistir a los refugiados que se concentran en los alrededores de las estaciones y en los trenes, a quienes acogen en condiciones inadecuadas y amenazan con penas de prisión, tal como recordaba recientemente la investigadora de Amnistía Internacional sobre Hungría, Barbora Cemusakova. “En los campos de refugiados de Hungría nos han tratado como si fuéramos animales”, denunció recientemente una joven refugiada siria, Zenah, en declaraciones a eldiario.es.

Los refugiados húngaros de 1956

Si retrocedemos más de medio siglo en la historia, nos encontramos con un paralelismo trágicamente curioso. Entre 1956 y 1957, los húngaros no sólo protagonizaron la mayor crisis de refugiados en Europa entre la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Yugoslavia, sino que su caso sirvió, precisamente, para replantear y actualizar los debates internacionales sobre la definición de refugiado y la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951.

Tras la muerte de Stalin en marzo de 1953 y, sobre todo, tras el discurso de Nikita Krushev en febrero de 1956 ante el XX Congreso del Partido Comunista en el que se reconocieron los errores del dictador soviético, los países de la órbita de la URSS experimentaron un conato de aperturismo cuyos mayores ejemplos fueron las movilizaciones populares de Polonia y Hungría.

En el caso de Hungría, el proceso democratizador iniciado por el primer ministro Imre Nagy y las manifestaciones populares de octubre de 1956 condujeron a un clima de rebelión generalizada que puso a prueba el supuesto aperturismo de Moscú. La formación de un gobierno de coalición sin comunistas de la línea dura y los proyectos de Nagy de celebrar elecciones libres y de sacar al país del Pacto de Varsovia concluyeron, en noviembre, con la entrada del Ejército Rojo y la represión del proceso, incluida la ejecución del primer ministro. En los diez días siguientes, más de 3.000 personas murieron en las calles de Budapest.

Una de las consecuencias de estos hechos fue la huida de cerca de 200.000 húngaros de su país. Antes de la represión, según recuerda el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), comenzaron a llegar los primeros refugiados a la vecina Austria.

Muchos de los refugiados, indica la agencia, siguieron la misma ruta a Austria que habían tomado tanto los húngaros que huyeron entre 1944 y 1945 del avance de las tropas soviéticas como los judíos húngaros deportados en 1944 por los nazis.

 

Un grupo de húngaros cruza la frontera con Austria en 1956

 

El 5 de noviembre, la afluencia ya era lo suficientemente importante como para que Austria pidiera ayuda al ACNUR, para el cual el éxodo magiar supuso la primera prueba importante desde su creación. A finales de noviembre, Austria ya registraba la presencia de 115.851 refugiados húngaros de toda condición, a los que se unieron otros 56.800 entre diciembre de 1956 y enero de 1957.

En estas circunstancias, Austria, que aún se estaba recuperando de las penalidades de la Segunda Guerra Mundial (el país fue escenario de durísimos enfrentamientos entre las fuerzas nazis y las tropas soviéticas), reclamó el reasentamiento del mayor número posible de refugiados en terceros países.

 

Sello emitido en 1956 por Austria para ayudar a los refugiados húngaros

 

La labor de ayuda de emergencia para los refugiados húngaros fue dirigida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en estrecha colaboración con ACNUR. Uno de los países que con más entusiasmo colaboraron fue la Yugoslavia de Josip Broz Tito, que si bien había roto las relaciones con la URSS en 1948, las había mejorado considerablemente tras la muerte del Padrecito de los Pueblos. A pesar del “deshielo” bilateral con Moscú, Belgrado no sólo aceptó la llegada de un primer contingente de 1.500 entre noviembre y diciembre de 1956 y de un segundo de más de 13.000 en enero de 1957, sino que incluso retiró las condiciones que había presentado en primera instancia para aceptarlos, incluida la posibilidad de una compensación económica.

El punto de inflexión en esta crisis, con importantes repercusiones en el futuro, se produjo cuando se puso en duda la aplicabilidad de la Convención de Ginebra en el caso de los húngaros. En un primer momento, a partir de una lectura muy estricta del texto, se estableció que esta Convención sólo sería aplicable a los “acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951”, lo cual afectaba abiertamente al debate sobre si los magiares debían ser considerados “refugiados”. Pese a ello, ACNUR y los gobiernos occidentales optaron por considerar como tales a las personas huidas de Hungría a partir del 23 de octubre de 1956.

Por todo ello, la cuestión suscitó un debate doctrinal durante el cual el asesor jurídico de ACNUR, Paul Weis, dejó claro que “la fecha en la que una persona se convertía en refugiado era irrelevante” y, por ello, tanto la aplicación de la Convención de Ginebra como la misión del Alto Comisionado de la ONU debían alcanzar a “cualquier persona que se halle fuera del país de su nacionalidad por tener o haber tenido temores fundados de ser víctima de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, y no pueda regresar al país donde antes tenía su residencia habitual”.

En estas circunstancias, y en medio de una fuerte presión popular, los gobiernos occidentales empezaron a admitir a los refugiados húngaros. El 21 de noviembre de 1956 llegó el primer grupo de 60 personas a Estados Unidos, donde fueron asentadas temporalmente en una base militar de Nueva York, y en febrero de 1957 ya habían llegado al país norteamericano alrededor de 16.000, por mar y aire. A mediados de 1958 (en un contexto de Guerra Fría que conviene retener), Estados Unidos ya acogía a 38.000 húngaros.

Por esas mismas fechas, Canadá dio alojamiento a 35.000, Reino Unido a 16.000, Alemania Federal a 15.000, Australia a 13.000, Suiza a 11.500 y Francia a 10.000. Otros países, como Chile, República Dominicana, Islandia, Irlanda, Nueva Caledonia, Paraguay y Sudáfrica, dieron acogida a otras cantidades menores de refugiados.

La crisis concluyó más rápidamente de lo previsto, con el proceso de relativa apertura iniciado en 1957 por el gobierno de János Kádár, el mismo primer ministro que, paradójicamente, había sido impuesto por los soviéticos tras la intervención militar. Con la aquiescencia de la URSS y la participación directa del entonces máximo responsable de ACNUR, Auguste Lind, comenzó un proceso de repatriación voluntaria, coordinado con Budapest, que permitió el regreso, en enero de 1958, de 18.200 refugiados, el nueve por ciento del total.

 

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