Un tribunal de Bakú ha condenado a siete años y medio de cárcel a Khadija Ismayilova, una periodista que ha investigado casos de corrupción en los que estaban implicados altos cargos del régimen, incluido el presidente Ilham Aliyev. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que se trata de un nuevo ejemplo de la represión contra la libertad de prensa en el país.

“Puede que yo esté en prisión, pero el trabajo continuará”. Éstas eran las palabras que pretendía leer la periodista en su declaración ante el tribunal, declaración que, según diversas fuentes (Radio Free Europe, para la que trabajaba ella, o la organización Reporteros Sin Fronteras, RSF), finalmente no se le permitió terminar en la audiencia del lunes.

La lectura fue interrumpida justo en el momento en que Ismayilova aseguraba que sus informaciones habían demostrado que Ilham Aliyev había “despilfarrado los presupuestos del Estado para beneficiar directamente a los miembros de su familia”.

 

Ilham Aliev, presidente de Azerbaiyán

 

La periodista, detenida en diciembre de 2014 y en prisión provisional desde hacía nueve meses, fue condenada el mismo lunes por los cargos de malversación de fondos, evasión fiscal, actividades comerciales ilegales y abuso de poder, mientras que fue absuelta del cargo de incitar al suicidio a un compañero periodista. El abogado de la periodista, citado por Amnistía Internacional, ha asegurado los fiscales no presentaron “ningún elemento concreto” para fundamentar los cargos.

Durante todo el proceso, incluida la última sesión, las autoridades dificultaron o sencillamente impidieron la asistencia en la sala de periodistas independientes, observadores e incluso parientes directos de la procesada (su madre y su hermana, sobre todo), y sólo autorizaron la presencia de un “puñado de diplomáticos” (otros que lo solicitaron fueron rechazados), según las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

Un representante de HRW pudo asistir a la vista del 13 de agosto, pero no se le permitió entrar en las siguientes. Según pudo comprobar la organización, el proceso estuvo “lejos de los estándares internacionales” sobre juicios justos. “Las autoridades parecían tener prisa por acabar el proceso, rechazando casi todas las peticiones de la defensa, incluida la introducción de pruebas de descargo o la impugnación de las palabras de los fiscales contra ella”, ha asegurado HRW en un comunicado.

“Las autoridades incluso rechazaron el tiempo adicional solicitado por Ismayilova para preparar su defensa, y sólo le concedieron unas pocas horas durante el juicio para reunirse con sus abogados”, ha añadido. La propia periodista ha definido el proceso (que comenzó el 24 de julio) con la expresión “juicio exprés”.

“Desafortunadamente, este veredicto no resulta ninguna sorpresa dado el conocido funcionamiento del sistema judicial de Azerbaiyán, que parece diseñado para revestir de legalidad cualquier represión procedente del Estado“, ha declarado Johann Bihr, responsable de la oficina de Europa del Este y Asia Central de Reporteros Sin Fronteras.

“Pero esta sentencia no es menos dolorosa por ello”, ha proseguido. “El único crimen de Khadija Ismayilova ha sido investigar la corrupción de altos cargos del gobierno y persistir en su trabajo. Este juicio supone un mensaje intimatorio para cualquier periodista en Azerbaiyán”, ha añadido Bihr.

Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que esta condena, dictada “tras un proceso a puerta cerrada” y en base a “cargos inventados”, demuestra que el Gobierno “ha intensificado su brutal represión contra los militantes políticos, los periodistas, los defensores de derechos humanos y, en fin, cualquier persona que se atreva a formular críticas públicamente”, según ha declarado el director adjunto del programa para Europa y Asia Central de la organización, Denis Kivosheev.

“Las autoridades de Azerbaiyán llevan un año orquestando un auténtico acoso a los medios de comunicación”, según Reporteros Sin Fronteras, que “ha pedido en numerosas ocasiones la puesta en libertad inmediata e incondicional de Khadija Ismayilova y de los once informadores privados de libertad actualmente en el país por causas relacionadas con la difusión de información”. Azerbaiyán ocupa el puesto 162 de los 180 países que conforman la Actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por RSF.

Condenas de la UE y el Consejo de Europa

Asimismo, Reporteros Sin Fronteras ha instado a los socios internacionales de Azerbaiyán “a tratar la situación de la libertad de prensa en Azerbaiyán en sus reuniones bilaterales”.

Precisamente, la alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Johannes Hahn, han emitido un comunicado conjunto en el que advierten de que la sentencia contra Khadija Ismayilova”es un síntoma de la difícil situación a que se enfrentan los periodistas independientes en Azerbaiyán”.

Asimismo, ambos han expresado sus dudas sobre “cuestiones fundamentales”, como la imparcialidad del tribunal y la legalidad de las acusaciones, “tal como pudieron comprobar los observadores internacionales presentes durante el juicio”, cuyo acceso al proceso “fue irregular y arbitrario”. “Instamos a las autoridades de Azerbaiyán a revisar el caso mediante un proceso transparente y justo, que respete plenamente los compromisos internacionales del país, entre ellos los relativos a la libertad de prensa”, han añadido.

Por otra parte, la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Anne Brasseur, ha anunciado su intención de trasladar al presidente del Parlamento de Azerbaiyán, Ogtay Asadov, su preocupación por la “represión contra la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes”, que pone “seriamente en cuestión los valores fundamentales del Consejo de Europa”, al que pertenece el país.

En su comunicado, Brasseur recuerda no sólo el caso de Khadija Ismayilova, sino la condena de ocho años y medio y siete años impuesta este pasado mes de agosto contra los activistas Leyla Yunus y su marido Arif “por cargos similares”. Estas sentencias, según el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, generan un “efecto escalofriante en la libertad de expresión en el país”.

 

 

 

 

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