La red eléctrica española sufre pérdidas de energía cada vez mayores en los últimos años y, en su gran mayoría, se debe al fraude cometido por aquellos que no pagan por la luz consumida. Pero las compañías eléctricas no lo notan (ni les preocupa demasiado), porque somos los consumidores los que asumimos los costes millonarios en nuestros recibos.

Aunque la energía ni se crea ni se destruye, ya saben, el sistema eléctrico español la pierde en grandes cantidades. La red eléctrica sufre pérdidas de energía cada vez mayores. Una parte pequeña se debe a fallos técnicos, a lecturas de los contadores no realizadas o por averías por falta de mantenimiento. Pero la inmensa mayoría de las pérdidas de la red se debe al fraude.

Fraudes que cometen aquellos que no pagan la luz que consumen, aquellos que se conectan ilegalmente a la red, que manipulan los contadores… El fraude es cada vez mayor y en los últimos años de la crisis directamente se ha disparado. La diferencia entre la electricidad generada en el país y la que queda registrada que consumen los clientes (sean particulares o industriales) va creciendo en los últimos ejercicios. Y las pérdidas económicas del sistema eléctrico son cada vez mayores, dado que la desviación existente entre la energía generada y la que oficialmente se demanda (y se paga) es progresivamente mayor (hasta el entorno de los 5 TWh en el primer trimestre del año pasado).

Sin embargo, a las compañías eléctricas no les preocupa demasiado este problema del sistema eléctrico nacional y no tienen demasiado interés en tomar medidas para solventarlo. ¿Por qué? Porque las pérdidas millonarias que provoca el fraude no lo asumen las eléctricas, sino que lo pagan los consumidores a través de sus recibos. Todos los clientes eléctricos se reparten esos costes y asumen su parte alícuota del fraude que cometen otros y, en menor medida, de las consecuencias de las averías y los fallos técnicos.

Una ‘factura’ de 150 millones al año (que pagamos todos)

Como el fraude es cada vez mayor y el consumo de energía del que nadie se hace formalmente responsable también lo es, las pérdidas económicas que provoca esta situación se van disparando. Según los últimos cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), los consumidores estarían pagando en sus facturas de luz alrededor de los 150 millones de euros cada año. Un dato correspondiente a marzo de 2014, por lo que la cifra puede haber crecido desde entonces. [Ver aquí el informe completo]

Los ciudadanos y las empresas españoles pagan equitativamente esos 150 millones de euros y, con ello, las compañías eléctricas no asumen las pérdidas que aparentemente les corresponderían como generadores, distribuidores o comercializadores de la electricidad. Una cifra que se ha disparado en los últimos años, dado que, según un cálculo anualizado (pero con un año móvil), a mediados de 2011 el impacto para el sistema eléctrico del fraude era prácticamente cero, en 2012 rondaba los 100 millones de euros y desde 2013 se ha mantenido estable en el entorno de los 150 millones.

La Ley del Sector Eléctrico establece que la energía defraudada “no supone una disminución de los resultados de las empresas eléctricas, sino un mayor coste para los consumidores que cumplen fielmente con sus obligaciones al ser ellos los que sufragan el coste que los efectos del fraude eléctrico suponen para el sistema”, advierte la CNMC en un informe sobre cómo afrontar las pérdidas de energía del sistema eléctrico nacional.

El organismo supervisor, que alerta no sólo del crecimiento del fraude sino también de su cada vez mayor sofisticación, propone que sean las propias compañías eléctricas las que asuman las pérdidas que provocan los fraudes y que los clientes, que no son responsables de los mismos, dejen de pagar en sus facturas los costes.

Los cambios legales que trasladaron el coste al cliente

Hasta 2009, las compañías distribuidoras de electricidad compraban la energía y en las liquidaciones de los costes regulados se le pagaba una cantidad estándar para compensar las pérdidas de energía (los fraudes, vaya). Si las pérdidas superaban esos límites estandarizados, la compañía asumía el coste económico porque no se lo podía trasladar al cliente (la distribuidoras sólo se encargan de gestionar la red eléctrica) y, por ello, las empresas trataban a toda costa de reducir los fraudes y velaban por la seguridad de la red.

Un cambio legal hizo que, desde 2009 y hasta junio de 2014, la distribuidora dejó de ser la responsable de comprar en el mercado la energía para compensar la que se perdía con los fraudes. Y eran las empresas comercializadoras las que, en primera instancia, asumían el sobrecoste que representaba ese consumo del que nadie se hacía responsable. Pero las comercializadoras simplemente trasladaban ese coste a los clientes finales, que eran los que pagaban los fraudes.

“En este periodo la diferencia de pérdidas ha sido soportada por los consumidores y, además, el hecho de que nadie se responsabilizara de su compra ha motivado que el precio de mercado final se haya incrementado y que ningún agente se haya preocupado de su reducción”, sostiene la CNMC en su informe.

Desde junio de 2014, los comercializadores sí que tienen que comprar en el mercado las pérdidas de energía, por lo que tienen ese incentivo de hacer la mejor previsión posible de las mismas (especialmente desde el pasado abril, porque desde entonces soportan la totalidad del coste) para acotar los desvíos. Con ello, se ha reducido el sobrecoste de las pérdidas al ser despachadas en su mayor parte en el mercado diario.

Pero “el comercializador no tiene ningún interés en reducir la energía de las pérdidas, ya que dicho coste es traspasado íntegramente al consumidor, y tampoco puede minimizar las mismas, ya que no es en modo alguno responsable ni de las redes ni de la captación de la medida”, dice el supervisor. “Con esta regulación se disminuye el coste de las pérdidas, pero no se disminuye la cuantía de las mismas”.

Las alternativas que propone la CNMC

Ante esta situación, la CNMC presenta dos alternativas para volver a reformar la regulación del sistema y así evitar el impacto de los sobrecostes en los clientes finales. Ambas buscan que el sobrecoste se repercuta en las compañías distribuidoras y así hacerlas más sensibles al problema, con lo que buscarían reducir las situaciones de fraude y los fallos de la red.

Una primera propuesta pasa por que el distribuidor sea el responsable directo de la compra de la diferencia entre las pérdidas reales y que se consideran estándar. Y una segunda alternativa sería que la empresa comercializadora siga siendo la responsable de la compra de las pérdidas, pero que el distribuidor le financie la diferencia entre las reales y las estándares.

Con ambas posibles soluciones, la CNMC busca crear incentivos para que sean las propias compañías las que se encarguen de reducir el problema del fraude, al ser ellas (singularmente las distribuidoras) las que asumirían la factura de las pérdidas de energía del sistema. Y es que, según el supervisor, actualmente no tienen ningún incentivo para afrontarlo, dado que los que pagan todo son los consumidores.

 

LOS FRAUDES MÁS COMUNES PARA NO PAGAR LA LUZ

Actuaciones sobre la red eléctrica:

  • Enganches directos con conexiones no controladas a la red de distribución sin tener contrato de suministro o con conexiones a instalaciones de otro usuario.
  • Derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato (ya sea mediante derivación para no pasar por el equipo de medida o utilizando cualquier medio para impedir la correcta medición).

Actuaciones sobre los equipos de medida y de control:

  • Manipulación de los contadores de energía para alterar el registro de los consumos (puentes, falseo de indicaciones, modificación de alarmas, manipulación de precintos, colocación de imanes…)
  • Manipulación de relojes o discriminadores.
  • Manipulaciones del maxímetro o interruptor de control de potencia mediante empalmes.

 Fuente: CNMC.