La plataforma de alquiler de alojamientos turísticos Airbnb no ha facilitado al Ayuntamiento de Barcelona datos sobre los pisos ilegales porque no ha recibido ninguna notificación del consistorio debido a un atraso en el envío, han informado a Europa Press fuentes municipales y de Airbnb.

El Gobierno municipal advirtió a principios de agosto a las plataformas –citó a Airbnb y a Booking– que debían entregar los datos de los pisos turísticos que ofrezcan sin el número de registro de la Generalitat en un plazo de 15 días, y que empezarían a sancionarlas por cada piso ilegal a partir de este mismo martes si no lo hacían.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que se ha producido un “atraso” en el envío de algunas cartas de las notificaciones a las plataformas, y han señalado que, una vez reciban el acuse de recibo, las plataformas contarán con los 15 días establecidos para proporcionar la información y, si no lo hacen, serán sancionadas.

“Tenemos que recibir la notificación para saber qué nos piden”, han señalado fuentes de Airbnb, que han asegurado que no han recibido noticias formales del Ayuntamiento más allá del anuncio de las medidas por parte del primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, la primera semana de agosto.

NÚMERO DE REGISTRO

Pisarello y Pin pidieron a los turistas que colaboraran en la detección de pisos turísticos ilegales y que informaran al Ayuntamiento si se alojaban en uno que no contara con el número de registro de la Generalitat.

Los usuarios que ofrecen su piso como apartamento turístico en Airbnb tienen la posibilidad de facilitar su número de registro, pero no tienen la obligación de hacerlo, por lo que fuentes de la plataforma señalan que no pueden saber si el hecho de que no figure el número implica que sea un piso ilegal.

Sobre si se plantean obligar a los usuarios a facilitar el número de registro para probar que son legales, la plataforma lo descarta porque es una herramienta global y los territorios cuentan con distintas normativas, y añade: “La responsabilidad de cumplir con las normas es del usuario, nosotros sólo ponemos en contacto”.

Además de estas medidas, el Ayuntamiento también propuso a los propietarios de apartamentos turísticos ilegales del distrito de Ciutat Vella condonarles parte de la sanción si los ceden a la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de Vivienda de Barcelona para destinarlos a alquiler social.