La Fiscalía Anticorrupción ha registrado este viernes las oficinas de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), lo que ha incluido su sede central en Barcelona, la sede de su fundación, CatDem, y cuatro ayuntamientos catalanes. El registro, ordenado por el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), instruye un caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

La redada comenzó hacia las 8:30 horas en la sede de CatDem, en la calle Casp de Barcelona. Según fuentes próximas a la investigación citadas por Efe, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, acompañados de agentes de la Guardia Civil de Tarragona, Barcelona y Madrid, acudieron horas más tarde a la sede de CDC para buscar documentación en el despacho del tesorero del partido y de su fundación, Andreu Viloca. Los fiscales abandonaron la sede de CDC aproximadamente un cuarto de horas después, pero en la sede permanecen agentes de la Guardia Civil encargados de buscar la documentación.

La documentación incautada por la Guardia Civil está relacionada con la llamada operación Petrum 2, en la que se investigan las donaciones que la empresa Teyco habría hecho en los últimos años a la Fundación Catdem y que, según sospechan los investigadores, podrían corresponder a contraprestaciones de la constructora por las adjudicaciones de que se benefició en ayuntamientos gobernados por CiU.

Por ese motivo, los agentes también se han presentado esta mañana en los consistorios de Lloret de Mar, Figueres (Girona), Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), para requerir expedientes de las obras adjudicadas a la constructora Teyco que están bajo sospecha. La Guardia Civil, acompañada del fiscal Fernando Bermejo, también ha registrado el domicilio del tesorero del partido, Daniel Osácar. Según fuentes próximas al caso, no se prevén detenciones. 

El tres por ciento

El titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell ordenó el pasado 24 de julio el ingreso en prisión sin fianza para Jordi Sumarroca, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, en el marco de una operación en la que se investiga el pago de supuestas comisiones de casi 1,4 millones de euros a empresas del exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué (CiU), también imputado.

Jordi Sumarroca había sido detenido el pasado 23 de julio junto a su tío Joaquim y a su prima Sussanna, también vinculados a Teyco, en una operación contra la corrupción y el blanqueo, en la que se investigan las supuestas comisiones a empresas de Massagué. La Audiencia de Tarragona acordó el pasado 11 de agosto dejar en libertad con cargos, con una fianza de 600.000 euros, a Jordi Sumarroca.

La investigación se inició a raíz de la adjudicación a Teyco del aparcamiento de Filadors en Torredembarra, licitado en 2009, cuando esta localidad tarraconense estaba gobernada por Massagué, entonces en CDC, aunque se dio de baja del partido tras su imputación por el caso Efial en junio de 2014.

Gracias a la documentación intervenida tras las detenciones de la familia Sumarroca, la Guardia Civil halló indicios de supuestos pagos de estos ayuntamientos investigados a la fundación CatDem del 3 % del valor de las adjudicaciones. De confirmarse estos hechos, la Fiscalía vería corroboradas las sospechas incluidas en la pieza separada número 3 del caso Torredembarra sobre los nexos entre Daniel Masagué y la financiación irregular de CDC.

La familia Sumarroca, copropietaria de uno de los principales grupos constructores de Cataluña adjudicatarios de obra pública, ha estado históricamente vinculada a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, con la que han compartido negocios, amistad y afinidades políticas desde la creación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Los ayuntamientos

Fuentes municipales han indicado a Efe que la Guardia Civil se ha llevado del Ayuntamiento de Lloret de Mar el expediente de un contrato por 1,7 millones de euros adjudicado a la constructora Teyco en 2009, cuando el municipio era gobernado por el exdiputado convergente Xavier Crespo. El expediente está relacionado con las obras de construcción de un parque en el barrio Can Xardó de Lloret de Mar, con zonas lúdicas y deportivas, que fue financiado a cargo de los fondos que el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo -conocido como Plan E- destinó en 2008 a los ayuntamientos para reactivar la economía española. Al concurso de adjudicación de las obras del parque urbano se presentaron 14 empresas constructoras, entre ellas Teyco, que se hizo con las obras, presupuestadas en 1.787.000 euros.

En Sant Celoni, la Guardia Civil ha requisado el expediente de contratación de la construcción del edificio Sax Sala de la localidad, una obra realizada en 2009 porTeyco, según ha explicado a Efe el alcalde de la ciudad, Francesc Deulofeu (CiU). “Podríamos hablar más de un procedimiento administrativo que de un registro, pero hay todo el efecto mediático que busca poner el dedo en la llaga y suponemos que la proximidad de las elecciones puede favorecer esta teatralización de lo que ha pasado hoy”, ha explicado Deulofeu.

El alcalde ha afirmado que se ha enterado de los registros a través de las noticias y que hasta el mediodía la Guardia Civil no se ha presentado en el Consistorio siete personas, entre la secretaria judicial y varios agentes, “sin dar más explicaciones”. “Nosotros estamos muy tranquilos porque las adjudicaciones de las obras y los procedimientos se siguen de forma escrupulosa dentro de la normativa, estamos dispuestos a entregar todo lo que se nos pida”, ha asegurado el alcalde de Sant Celoni.

En lo que respecta al ayuntamiento de Figueres, la Guardia Civil se ha llevado del expediente de un contrato de 1,7 millones de euros adjudicado a la constructora Teyco en 2009, cuando el alcalde era el ahora conseller de Territorio, Santi Vila, y financiado con fondos procedentes del llamado “plan Zapatero”.

Según ha informado la alcaldesa de Figueres, Marta Felip, citada por Efe, los agentes, acompañados de un secretario judicial, han acudido a la sede del consistorio poco después de las 10:00 horas y la han abandonado tres horas después, con cuatro cajas precintadas con documentación en su interior.

Los ayuntamientos registrados han estado dirigidos por importantes cargos del partido nacionalista, algunos de los cuales han ocupado responsabilidades de gobierno: de Sant Cugat fue alcalde Lluís Recorder, exconseller de Territorio y Sostenibilidad, y ahora lo es Mercè Conesa, portavoz de CDC y presidenta de la Diputación de Barcelona. Figueres fue gobernado por Santi Vila hasta que fue nombrado conseller de Territorio y Sostenibilidad, cargo que ocupa actualmente.

CatDem niega las irregularidades

La fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha trasladado hoy su “tranquilidad” ante el registro de la Guardia Civil de su sede en Barcelona porque, según han asegurado fuentes de la entidad a Efe, se descarta que los agentes puedan encontrar irregularidades en la contabilidad de la fundación ni de CDC, partido presidido por Artur Mas y que gobierna la Generalitat. 

Palau de la Música

La Fundación CatDem se halla también en el punto de mira del caso del Palau de la Música, ante las sospechas de que fue una de las vías con las que CDC recibió comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones públicas.

Fue precisamente su implicación en el caso del expolio del Palau de la Música perpetrado por Fèlix Millet lo que motivó que CDC, en el año 2009, decidiera acortar el nombre de la Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas, suprimiendo la referencia al histórico dirigente nacionalista, por lo que desde entonces se la conoce como CatDem a secas.

Las sospechas sobre la vinculación de la CatDem en el presunto cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música deriva de tres convenios de colaboración cultural con la Fundació Orfeó Català por los que la fundación convergente recibió entre 1999 y 2008 un total de 630.655 euros.

En noviembre de 2009, CDC accedió a devolver al Palau de la Música los 630.000 euros que había recibido de la entidad musical en virtud de esos convenios, destinados a promocionar tradiciones de la cultura popular catalana, entre ellos el baile de la sardana.

La devolución de las cantidades recibidas de Fèlix Millet no impidió que el juez imputara en el caso a Daniel Osàcar, cuyo domicilio también está siendo registrado hoy por la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial por un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

Osàcar, para quien la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la trama del Palau de la Música, acabó involucrado también en el caso Millet después de que Hacienda concluyera que había recibido dinero en efectivo de los ex responsables de la entidad musical, a la luz de las anotaciones encontradas en sus agendas con alusiones a pagos a un tal “Daniel”.

En total, el juez del caso Palau concluye que, entre 2000 y 2007, Ferrovial pagó 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a CDC a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obras públicas, como la línea 9 del metro o la Ciutat de la Justícia, en los gobiernos de Jordi Pujol.

Los pagos de esas comisiones se vehicularon, según mantiene el juez, a través de tres vías: los convenios con la CatDem, las donaciones a extesoreros de CDC y facturación falsa a empresas de buzoneo proveedoras de la formación nacionalista.