Es de todos y de nadie a la vez. Los espacios públicos generan grandes suspicacias sobre su gasto, mantenimiento y utilización. El caso del espectro radioeléctrico, necesario para que funcione el 4G, por ejemplo, es más confuso porque se trata de algo inmaterial. Pero al parecer los gobiernos están sacando una buena tajada de ello.

“El Espectro Radioeléctrico es un recurso natural, de carácter limitado, que constituye un bien de dominio público, y sobre el cual el Estado ejerce su soberanía”. Se trata pues, de un medio intangible que puede utilizarse para la prestación de diversos servicios de comunicaciones, de manera combinada, o no, con medios tangibles como cables, fibra óptica, etc. Así pues, de la administración de un bien de carácter limitado es donde los gobiernos públicos de cada país hacen negocio al subastar el espectro. Es cierto que se trata de un dinero público “para todos”, pero ante los actuales casos de corrupción y falta de control del gasto, siempre queda la duda.

El último caso, que ha dejado 3.900 millones de euros en las arcas públicas de su país, es el de Turquía. El país otomano se pone ahora manos a la obra y representa otro ejemplo más de cómo los gobiernos públicos sacan un pellizco bastante interesante a costa de los operadores de telefonía. Lógicamente sería peor para la ciudadanía que ese coste recayera sobre ellos, aunque de manera indirecta las compañías en más de una ocasión alegan la subida de precios de sus servicios a las inversiones realizadas, y esta es una de ellas. Un ejemplo de este caso turco es del de Vodafone que ha tenido que gastarse cerca de 400 millones de euros para obtener frecuencia de 800Mhz.

En este sentido hay casos de todo tipo. Por ejemplo, aquí en España, el Estado recaudó 1.647 millones de euros. En realidad es algo insignificante con lo que se ha recaudado en India: más de 22.000 millones de euros. Aunque la comparación debe llegar con países de nuestro entorno.

De este modo, vemos como Alemania, en una de sus subastas, puesto que ya prepara otra para la banda de 700Mhz, se ha embolsado 5.080 millones de euros. Por su parte, Francia ha sacado 3.060 millones de euros, y al otro lado del Atlántico el gobierno argentino ha sumado a las arcas públicas 2.223 millones.

Ante esta situación cabe plantearse qué modelos se dan para la licitación de frecuencias, y qué ventajas tiene para la administración pública en detrimento de la ciudadanía.

El concurso vigila, la subasta da dinero

En el caso español, por ejemplo, tradicionalmente el espectro radioeléctrico se asignaba a través de concesiones administrativas. Con la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, la Administración española decidió introducir criterios económicos, eficiencia y generación de ingresos, en la asignación del espectro y utilizar mecanismos competitivos para su adjudicación.

Eso se traduce en que el sistema de subastas es ahora mismo el imperante frente al modelo de concurso. Y es que este mecanismo ha sido predominante (pero no único) para esta asignación primaria del espectro. El concurso sirve al regulador para determinar mediante criterios no solo económicos, sino también sociales e incluso técnicos, qué solicitante es el más cualificado para utilizar el espectro. Y ese hace por un valor predeterminado. Lo cual conlleva a una posible menor recaudación.

Pero con la introducción paulatina de mejoras y de innovaciones tanto en las tecnologías de manejo del espectro radioeléctrico como en las tecnologías que utilizan espectro radioeléctrico, ha acarreado profundos cambios en los mercados. Así, frente a estas nuevas circunstancias, el modelo tradicional para la gestión del espectro aparece como excesivamente complejo y falto de flexibilidad.

Ante esta situación, las subastas se han convertido en el mecanismo dominante para asignar el espectro radioeléctrico porque permiten asignar las licencias de forma eficiente y transparente, y a un precio que refleja el valor real del espectro para el mercado. No obstante, el diseño óptimo de las subastas es un problema complejo, y los errores en la fase de adjudicación pueden tener un gran impacto no solo en los ingresos de la Administración, sino en el desarrollo futuro del mercado. Por ello, sería deseable que los procesos de adjudicación futuros se diseñasen con la máxima transparencia y el asesoramiento de expertos en el área.

Transparencia. Esa parece la palabra clave, y es que con las licitaciones se debe garantizar la neutralidad y objetividad en la adjudicación, ya que hay mucho dinero en juego. Y esta es la otra clave. El espectro es un bien escaso y explotarlo para dar servicios de telecomunicaciones requiere de inversiones que traen consigo importantes economías de escala. No se puede obviar que el Estado recibe una ganancia que repercute en la ciudadanía, pero que debe ser vigilado.

Por todo ello, normalmente de la asignación eficiente del espectro se derivan un número limitado de licencias y un mercado expost en competencia imperfecta, que generará importantes beneficios a las empresas. La Administración debería extraer el máximo de estas rentas por equidad y eficiencia. Las empresas ganadoras deberían pagar por sus rentas futuras, por equidad con respecto a las empresas que no han obtenido las licencias y con respecto a los consumidores que pagarán unos precios más altos por la falta de competencia. Un círculo virtuoso donde lo importante, aunque no siempre, es que saliera ganando el cliente.

Imagen | Flickr – Gonzalo Baeza