Al menos 175 personas fueron ejecutadas en Arabia Saudí, en su mayoría decapitadas, entre agosto de 2014 y junio de 2015, lo que arranca un promedio de una ejecución cada dos días, según revela un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI).

De acuerdo con el informe Killing in the Name of Justice’: The Death Penalty in Saudi Arabia, hecho público esta semana, al menos 2.208 personas fueron ejecutadas en el Reino entre enero de 1985 y junio de 2015.

Una tercera parte de las ejecuciones de los últimos treinta años fueron perpetradas por “delitos que incumplen el criterio de ‘los más graves delitos’ por los que cabe imponer la pena de muerte según el Derecho Internacional”, según Amnistía. Una buena proporción de las condenas a muerte en Arabia Saudí –el 28% desde 1991– se imponen por delitos relacionados con las drogas.

Asimismo, casi la mitad –el 48,5%– de las personas ejecutadas en Arabia Saudí desde 1985 eran ciudadanos extranjeros, a muchos de los cuales se les había negado una asistencia adecuada en algo tan delicado como la traducción durante el juicio y se les había obligado a firmar documentos e incluso confesiones que no comprendían.

La mayoría de las ejecuciones en Arabia Saudí se llevan a cabo por decapitación, o en algunos casos por fusilamiento, según Amnistía. “En ciertos casos, las ejecuciones se llevan a cabo en público y los cuerpos y las cabezas cortadas se exhiben después”, se lee en el informe.

Por si fuera poco, según Amnistía, “a menudo las ejecuciones no se notifican a las familias de los condenados a muerte, que sólo se enteran de la suerte de sus seres queridos cuando ya han sido ejecutados, a veces por informaciones difundidas por los medios de comunicación”.

El sistema judicial

Otra de las rémoras denunciadas en el informe es la deficiencia de un sistema de justicia de Arabia Saudí, basado en la sharia (ley islámica) y que carece de código penal, “lo que deja la definición de los delitos y las penas en un terreno impreciso y susceptible de interpretaciones”. El sistema también concede a los jueces atribuciones para imponer condenas a su discreción, “lo que da lugar a amplias discrepancias y, en algunos casos, a sentencias arbitrarias”. “Para ciertos delitos punibles en virtud de taizir (penas discrecionales), la sola sospecha es suficiente para que un juez recurra a la pena de muerte a tenor de la gravedad del delito o del carácter del delincuente”, asegura la organización.

Aparte, el sistema judicial saudí “también carece de las precauciones más básicas para garantizar el derecho a un juicio justo”. En muchos casos, según el informe, las condenas se imponen después de procedimientos injustos y sumarios “que en ocasiones se desarrollan en secreto”. A los acusados se les niega con frecuencia el acceso a un abogado, o se les declara culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas “mediante tortura u otros malos tratos”. Para completar el cuadro, “también se les niega el derecho a una apelación adecuada y completa”.

Arabia Saudí, según Amnistía, ha rechazado “con vehemencia” las críticas contra el uso de la pena capital, “aduciendo que las condenas a muerte se llevan a cabo de conformidad con la sharia y sólo para ‘los más graves delitos’ y respetando las más estrictas normas y salvaguardias relativas a juicios justos”.

Para contrarrestar este argumento, la organización cita como ejemplo el caso de Sheikh Nimr Baqir al Nimr, un clérigo del este de Arabia Saudí y crítico con el gobierno, que fue condenado a muerte en octubre de 2014. “Fue declarado culpable de delitos de imprecisa definición en un juicio profundamente viciado y de motivación política y se le negó la oportunidad de preparar una defensa adecuada”, según Amnistía. Algunos de los cargos presentados en su contra no están reconocidos como delitos comunes por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.